La colonización como fenómeno civilizatorio no está concluida. Todavía quedan rincones del planeta que Occidente necesita ocupar para poder realizar su proyecto histórico. Pero a diferencia de antaño, y como consecuencia de la globalización, este proyecto ya no está más identificado con Europa ni con el mundo desarrollado, sino con el capitalismo a secas. La lógica de la colonización ha ido poco a poco relegando a un segundo plano sus contenidos culturales, a fin de concentrarse en sus objetivos económicos. De este modo, el capitalismo puede llevar a cabo su estrategia colonizadora desde los más variados frentes. Se mimetiza en las más sorprendentes opciones políticas.

Los discursos soberanistas y anticolonialistas de la izquierda tuvieron sentido hasta antes de la transnacionalización del capital. Fue la época en que aún se podían depositar las expectativas de transformación social en el proyecto de los Estados nacionales. Hay que señalar, sin embargo, que esta opción de contrapeso político a la hegemonía de las potencias mundiales daba por hecho la necesidad de unicidad del Estado-nación. La lucha por la independencia nacional partió siempre de la exigencia de un frente interno con un único proyecto, dentro del cual las diferencias de toda índole (regionales, culturales, étnicas, sociales y hasta económicas) debían subordinarse a un objetivo mayor. Desde esta perspectiva, la colonización era interpretada únicamente a través del prisma de las relaciones entre países dominantes y países dominados, abstrayendo las lógicas de colonización interna.

Al interior de países como el nuestro, la noción de colonización nunca perdió vigencia. La estrategia de ocupar hasta las últimas fronteras nacionales ha estado presente durante todos los gobiernos republicanos (no es casual que hasta hace algunos años la institución formalmente encargada de la políticas de intervención rural se denominara Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). La extensión de la frontera agrícola en todas sus dimensiones y facetas ha traído implícitas la modernización y la integración territorial, con todos sus elementos constitutivos incluidos. Es decir, naturaleza y pueblos han sido desde siempre componentes imprescindibles del proceso colonizador.

En la dinámica de expansión y penetración del capital transnacional, los denominados gobiernos progresistas de América Latina han cumplido, paradójica y lamentablemente, un rol funcional. La atenuación de la conflictividad social mediante una hábil y eficiente combinación de retórica radical e inversión pública, ha terminado pasando la factura a los territorios indígenas, precisamente porque son las zonas con mayor potencial para la generación de ingresos fiscales. El financiamiento del clientelismo político tiene que salir de algún lado.

Pero además del pragmatismo económico-financiero implícito en esta estrategia de explotación intensiva de recursos naturales, no se puede desechar, desde el gobierno de Correa, una concepción modernizadora que oscila entre la “absorción” y la neutralización de pueblos y nacionalidades indígenas. El mundo campesino, y particularmente el mundo campesino-indígena, son interpretados desde el clásico paradigma desarrollista; en tal virtud, constituyen sectores que deben ser arrancados de su atraso y de su disfuncionalidad con los planes de desarrollo impulsados desde el poder central. La defensa de una cosmovisión y de un modo de vida articulados al control de un territorio resulta no solo incompatible, sino contraproducente con ciertas políticas estatales. La vieja metáfora del “mendigo sentado en un saco de oro” se convierte, entonces, en el argumento más descarnado en favor de la colonización, porque tanto la mendicidad como la opulencia están definidas desde la mirada del dominador. Es lo que ocurre con la estigmatización de la justicia indígena que subyace bajo la última resolución de la Corte Constitucional: se conculca un derecho que, según información proporcionada por los propios indígenas, ¡fue reconocido por la monarquía española hace cuatro siglos!

Discursos, políticas e iniciativas del gobierno generan suspicacia respecto de la visión oficial sobre el tema indígena. Por más que se estire el velo resulta inevitable percibir una estrategia de aniquilación del mundo indígena. No se trata de una destrucción física o material –por lo demás inviable a estas altura de la Historia, a menos que se trate de pueblos no contactados–, sino de una asimilación por seducción a partir de nuevos patrones de vida y de consumo. No es un genocidio como el que se practicó en varias regiones del continente americano, sino la descomposición progresiva y sistemática de aquellos elementos que entorpecen la reproducción del capital.

En este sentido, el Estado ecuatoriano está concluyendo el proceso de colonización europeo que quedó pendiente por limitaciones geográficas y tecnológicas. No únicamente en aquellas zonas donde el contacto con la sociedad blanco-mestiza data de varios siglos, y donde la presencia del Estado ha tenido una clara función asimilativa: del sometimiento por la fuerza del mundo indígena se ha pasado a su paulatina integración, mediante el sutil mecanismo del consumo capitalista. Ha sido sobre todo en la región amazónica donde la ofensiva gubernamental refleja el más auténtico pragmatismo modernizador. Las escuelas y ciudadelas del milenio, la infraestructura petrolera y las toneladas de cemento en medio de la selva amazónica no pueden ser sino la imagen más patética y vergonzosa de la etapa final de la colonización occidental. Los pueblos en aislamiento voluntario vienen a ser, en tales condiciones, la última frontera del capitalismo. El correísmo está terminando una vieja e injusta tarea.