“Correa conjuga un proyecto progresista en lo económico y moralista en lo político. Eso se llama fascismo”. Me lo dijo un conocido intelectual quiteño que en el 2006 apoyó a León Roldós en la primera vuelta electoral. Para mi sorpresa, se pasó a las filas de Alianza PAÍS en la segunda vuelta, y luego ocupó importantes cargos en el gobierno correísta.

La frase viene a colación a propósito de la política educativa del régimen. En efecto, no se necesita de mucho entendimiento para darse cuenta de la lógica autoritaria, represiva y disciplinaria con que el Ministerio de Educación maneja al sector. Más que a un ejercicio de la autoridad, esta tendencia responde a una concepción sobre el control social.

Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, comprendió tempranamente que el adoctrinamiento desde la infancia constituía un instrumento fundamental para la perpetuación de su proyecto. No se equivocó: reinó como un déspota durante 40 años.

Para conseguirlo, convirtió a todos los docentes en sumisos reproductores del discurso oficial, y creó un eficaz ejército de inspectores escolares que se encargaban, entre otras funciones, de “troquelar en la mente de cada persona, mediante la inculcación y difusión del ideario del nuevo Estado, un modo de ser y de pensar uniforme”, tal como lo resume J.J. Martí Ferrándiz.

Aquel que se apartaba del libreto oficial era excluido, escarmentado, estigmatizado. El integrismo convirtió a la doctrina nacional-católica en la nueva religión de la patria. El Estado totalitario decidía sobre la vida y la conciencia de los ciudadanos.

En el sistema educativo de la España franquista, pensar diferente era un acto sujeto a sanción, un pecado. En el sistema educativo del Ecuador correísta ocurre exactamente lo mismo. Lo acaba de evidenciar Gonzalo Criollo, alumno y dirigente del colegio Montúfar, en una carta dirigida al Ministro Espinosa. Por resistirse a la manipulación y al adoctrinamiento desde el poder político, terminó expulsado del plantel.

El ataque a la Universidad Andina y a la FLACSO va en la misma línea. El control discrecional de las asignaciones estatales, a través de la asignación directa de becas desde el gobierno, busca llenar las aulas de posgrado de sumisos discípulos del correísmo: hijos e hijas de funcionarios y dirigentes de Alianza País. Por la fuerza del número, querrán imponer un discurso único en los espacios académicos. Adiós a la libertad de cátedra.

Para no quedase a la zaga, Zobeida Gudiño, asambleísta verde-flex, acaba de presentar un proyecto de ley cuyo propósito central es el disciplinamiento y la obediencia de niños, niñas y jóvenes. De terror. Es la castración de la rebeldía, de la autonomía individual, de la desobediencia; es la moralización de la conciencia; es el sometimiento incondicional a la autoridad familiar y pública. El aborregamiento convertido en política de Estado.

El proyecto de la asambleísta Gudiño busca cerrar la pinza de una estrategia que, ventajosamente, tiene demasiados agujeros como para cuajar. El pensamiento único y la conducta estandarizada son inviables en una sociedad tan porosa, tan permeable a la globalización de la información y a la multiplicidad cultural. Los sueños totalitarios de aquellos correístas devotos de la omnipresencia del Estado naufragarán en la indocilidad crónica de los jóvenes.