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8 de Diciembre del 2019
Ideas
Lectura: 8 minutos
8 de Diciembre del 2019
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

La verdad sobre Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra
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Por no ser impertinente, no pregunté en esa ocasión lo que debía haber preguntado, pero ahora lo hago: señor ministro del Interior, señor ministro de Defensa, señor fiscal, señora canciller, señor comandante de la Policía, señor presidente de la República, que atendieron la crisus en ese entonces ¿y si uno de los secuestrados era su hijo, qué hubieran hecho?

Hanna Arendt decía en su libro Hombres en tiempos de oscuridad, que incluso en los tiempos más oscuros tenemos derecho a esperar cierta iluminación, titilante y a menudo débil que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y en sus obras, bajo casi todas las circunstancias y que se extiende bajo el lapso que les fue dado en la Tierra.

En tiempos de oscuridad, el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo de diario El Comercio, que a fines de marzo del 2018 cubría los hechos de la frontera Norte, en la provincia de Esmeraldas, enfrentó a sus familias, amigos, compañeros y al conjunto del periodismo ecuatoriano a la mayor tragedia de su historia reciente. 

No solo eso, puso en evidencia también las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. También, este hecho trágico desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y siguen luchando por esclarecer las razones profundas de sus asesinato y señalar no solo a los autores materiales sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y  encubridores.

Esta lucha por la verdad y contra el manto oficial de impunidades que se buscó desde un inicio imponer en el país, empezó por desbaratar la que, desafortunadamente, es casi siempre la primera reacción que aparece en los discursos luego de un hecho trágico: justificar al perpetrador y culpar a la víctima. Sembrar dudas sobre las motivaciones de los periodistas, lanzar intrigas sobre sus razones para estar en la zona de conflicto, cuestionar sus actos e insinuar que por sus presuntos errores fueron secuestrados, fue la estrategia de confusión que algunas autoridades responsables de la seguridad de la zona usaron. A esta se sumaron, con no disimulado entusiasmo, los discursos de quienes durante los años precedentes criminalizaron el trabajo de la prensa.

Romper esa primera telaraña de mentiras que se lanzó desde voceros oficiales y desde otras voces interesadas, para justificar la inoperancia estatal, fue fundamental para que luego ninguno de los Estados, el ecuatoriano y el colombiano, se sintiera exento de responsabilidades respecto a las consecuencias trágicas para el equipo de El Comercio. No, ellos no estaban ahí buscando lo que no se les había perdido. Estaban ahí haciendo su trabajo, buscando la noticia y a sus personajes; profundizando en líneas de investigación periodística, defendiendo no solo su derecho a ejercer su oficio sino a defender nuestro derecho, como lectores y ciudadanos, a ser debidamente informados. Ellos murieron en el cumplimiento de su deber; ellos fueron más allá de su deber, y como muchos periodistas en el mundo, entregaron su vida por defender nuestro derecho a la libre información.  Y su vida les fue arrebatada por quienes buscaban, precisamente, su silencio.

Lo primero que hacen los victimarios es despojar a las víctimas de su dignidad humana. Es decir, convertirlas en un objeto y en un medio de negociación.

Y digo esto porque en medio de esos angustiosos días, entrevisté a un ministro del gobierno ecuatoriano y también al fiscal general de entonces. Corrían las horas en las cuales el Estado había aceptado hacer el canje entre nuestros tres compañeros y tres lugartenientes del secuestrador, alias Guacho, que estaban detenidos a órdenes de la Justicia ecuatoriana. Pero ese canje demoraba demasiado, había silencio y angustia. Y la demora se debía a que los tres canjeables estaban siendo juzgados de acuerdo, decían estas dos autoridades entrevistadas, al debido proceso. Ecuador es un Estado de Derecho, me llegó  a decir uno de ellos y bajo ninguna circunstancia (léase las vidas que estaban en juego) cederían al chantaje de los criminales.

Esto significó que, mientras Guacho apuntaba con su fusil en la sien de nuestros compañeros, mientras ellos eran llevados de un lado para otro en un vía crucis sin sentido, mientras estaban atados con cadenas, humillados, secuestrados y despojados de todos sus derechos, el Estado ecuatoriano estaba cumpliendo los procedimientos pertinentes para garantizar el derecho al debido proceso a tres hombres de Guacho. Mientras los secuestradores exigían decisiones inmediatas, el aparato de justicia del Ecuador, por decisión de sus autoridades políticas, intentó agotar todas las instancias judiciales para que el Presidente de la República, al final tuviera en sus manos todas las herramientas legales para otorgar un indulto a los  lugartenientes de Guacho. Los secuestradores no esperaron a que el Estado ecuatoriano terminara por precautelar las formas de la administración de justicia, el debido proceso y su condición de Estado de Derecho.

Por no ser impertinente, no pregunté en esa ocasión lo que debía haber preguntado, pero ahora lo hago: señor ministro del Interior, señor ministro de Defensa, señor fiscal, señora canciller, señor comandante de la Policía, señor presidente de la República, que atendieron la crisus en ese entonces ¿y si uno de los secuestrados era su hijo, qué hubieran hecho? Ya no hay respuesta para eso, y si la hubiera, ya es tarde.

No quiero ser injusto con las autoridades que estuvieron al frente de estas decisiones, y cuyas consecuencias son parte de la carga que llevarán de por vida. No quiero tampoco decir que fueron decisiones correctas o incorrectas, ni cuáles hubieran sido las decisiones adecuadas. Bien se dice que todos somos generales después de la batalla y ponerse en los zapatos de tamaña responsabilidad no es fácil. Solo cito estos hechos y estas expresiones, que fueron públicas en su momento, para hacer notar la paradoja que persiste cuando se trata de descubrir la verdad en torno a la ejecución de Javier, Paúl y Efraín. 

Los Estados, en estas circunstancias, consideran que el bien superior a preservar es el Estado mismo.  Los agentes del Estado, desde el Presidente  para abajo, actuaron en consecuencia, y el Ecuador como Estado sigue actuando así en la medida que niega los hechos y busca deslindar sus responsabilidades, por acción u omisión. Y negar los hechos significa, mantenerse en la versión desmentida por las evidencias, de que Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados en territorio colombiano y por tanto la responsabilidad corresponde a sus autoridades.

La lucha por esclarecer estos hechos, por glosar estas decisiones, por entender lo que pasó y por qué pasó ha sido de los familiares, colegas, amigos y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como la FLIP-Colombia y Fundamedios. Su vida desde entonces es el testimonio de un camino en medio del dolor y la oscuridad. Un camino que fue y es iluminado por su amor, su convicción y su compasión. Esa luz ha sido a menudo vacilante, a menudo titilante y débil, y ha estado a punto de apagarse. Pero no lo ha hecho. La sostiene la búsqueda incesante de la verdad.  Porque el vacío que dejaron Javier Ortega,  Paúl Rivas y Efraín Segarra solo puede ser llenado por la justicia.

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