Han transcurrido casi 192 años desde que el Ecuador se independizó y 200 años desde que se liberó, pero hay quienes, aún, no entienden el intenso significado de ello.

Ser “soberanos” nos hace responsables de nosotros mismos, para manejar nuestras instituciones, nuestra política, nuestras leyes, nuestra justicia… para controlar nuestro país. La soberanía está arraigada al concepto de Estado y no la podemos ceder bajo ningún concepto, pretexto o necesidad.     

Empiezo así esta columna, porque preocupa la confusión que existe entre la cooperación internacional que busca erradicar el crimen organizado, con la toma de decisiones soberanas que solo le incumben a un país.

El Consejo de la Judicatura es un organismo encargado de velar por la independencia de la Función Judicial; pero si sus autoridades se refieren públicamente al pronunciamiento de un Gobierno extranjero, requiriendo a jueces informar de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas, para “verificar” si estos ya han sido destituidos o no, entonces hay una desnaturalización de sus funciones y un sometimiento evidente frente a la soberanía de un país ajeno. 

Parecería que a las autoridades del Consejo de la Judicatura, se les olvidó que la visa es un documento emitido por otro gobierno, con soberanía propia, con la capacidad de decidir quién entra y quién no a su territorio.  De ninguna manera el Consejo puede ceder nuestra soberanía para transformar la visa de turista a Estados Unidos, en un documento que denota probidad, ética y valía, esto como requisito indispensable para que un juez pueda ejercer su rol y “administre justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador”.

Resulta desatinado emitir un “comunicado oficial” que pone en riesgo la independencia del poder judicial y la democracia misma. ¿Acaso se les olvidó que no hay libertad si el poder judicial no está deslindado de la injerencia externa?, ¿Qué garantía de libertad puede tener un hombre juzgado por un juez que teme perder su visa?, ¿Qué independencia puede tener un juez, si sus decisiones ya no son controladas por su superior, sino por un gobierno extranjero?, ¿Qué garantía de estabilidad tienen los jueces del Ecuador, si el Consejo de la Judicatura pregunta por sus visas antes de destituirlos? Si hay un caso en el que la Embajada de Estados Unidos o algún funcionario extranjero esté involucrado, ¿Qué independencia tiene el juez para administrar justicia en un país “soberano”?

¿La visa es un requisito para ser juez?

Que la sociedad no confíe en la justicia nacional, no justifica que tengamos que ceder nuestra soberanía al poder extranjero. La eficiencia se exige, los delitos se denuncian y a la corrupción se la señala, ¡ese es el deber de nuestras autoridades!, no el comunicar oficialmente que se solicitará a los jueces (de una nación soberana) “el estado de sus visas” para verificar si han sido destituidos o no. 

Hablar de independencia y de soberanía, es asumir que podemos gobernarnos nosotros mismos, es entender que podemos investigar lo que pasa en nuestro país con independencia de posturas o exigencias extranjeras, con las reglas establecidas por los legisladores que nosotros elegimos, con nuestras leyes vigentes, con nuestro procedimiento y nuestra Constitución. Quien debe investigar los delitos es nuestra Fiscalía, quien puede señalar la corrupción somos todos nosotros, quien le puede decir a otro culpable son nuestros jueces y solo los nuestros, porque somos un país soberano. El Ecuador es nuestro.

La comunicación de la Embajada de Estados Unidos, no es más y no puede ser más que una denuncia pública que nuestras autoridades deben investigar; no es una sentencia, no puede ser un señalamiento y de ninguna forma puede decidir sobre la estabilidad de nuestros jueces. Creer que se debe separar a un juez porque le retiraron la visa de otro país, es haberlo perdido todo.