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14 de Febrero del 2018
Ideas
Lectura: 7 minutos
14 de Febrero del 2018
La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios
Una consulta popular para cambiar las normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político, puede implicar un deterioro de estándar democrático sobre las normas para ejercer el poder. El problema que podría generar es que cada vez que un mandatario tiene condiciones para ganar una consulta popular, sentirá la tentación de acomodar las reglas de conformación del poder político, del modo que le resulte más favorable.

El primer hereje, con indiscutible autoridad intelectual, en señalar que no siempre el pueblo tiene la razón ha sido para mí Norberto Bobbio y lo hizo en su famoso texto Fundamento y Futuro de la Democracia, publicado en 1988.

En efecto, este filósofo del derecho y de la política formuló —en palabras breves pero poderosas— la diferencia esencial de las democracias modernas respecto de la democracia como forma de gobierno en el mundo antiguo: las democracias modernas reconocen unos límites que ni siquiera la voluntad mayoritaria del pueblo pueden transgredir, mientras que en las democracias antiguas la voluntad colectiva de los ciudadanos no tenía límites, podían, si así lo deseaban mayoritariamente, destruir todo lo que les resultase inconveniente.

Por eso Bobbio señala: “los antiguos no reconocieron jamás, o raramente, a la democracia como la mejor forma de gobierno. Porque no veían sus límites, y no los veían porque su democracia no estaba fundada sobre los derechos fundamentales” (Bobbio:1988). Con estas frases, Bobbio le marcó al mundo occidental el primer límite de acero a las democracias modernas: ni siquiera la voluntad de la totalidad de la población puede autorizar que los derechos humanos garantizados en su Constitución sean abolidos o sufran un retroceso. En este caso, la voz del pueblo no es la voz de Dios.

Esta afirmación tiene validez absoluta para los demócratas que son ius naturalistas, es decir, aquellos ciudadanos, juristas y filósofos del derecho que sostienen que los derechos humanos son inherentes a cada ser humano, que son derechos superiores y anteriores a cualquier forma de Estado y de gobierno, y que por lo tanto no pueden ni deben ser suprimidos o afectados por tales gobiernos.

Por esa razón, toda consulta al pueblo sobre la abolición de derechos reconocidos en la Constitución y sobre su reducción, es un intento de dinamitar el fundamento mismo de las democracias modernas.

A partir de las reflexiones de Bobbio, otros intelectuales como Norbert Lechner, Antonio Camou, Waldo Ansaldi, Fareed Zakaria, Antonio Garreton o Luciano Tomassini, que han reflexionado sobre la gobernabilidad democrática en América Latina, nos han planteado que la consolidación de las democracias pasa por tres grandes etapas.

La primera es efectivamente reconocer, respetar y aplicar los derechos recogidos en las constituciones de los Estados y no retroceder al respecto, como señaló Bobbio.

La segunda es consolidar el estándar de legitimación de las normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político. Esto significa que las normas fijadas en la constitución y en las leyes para configurar y ejercer el poder en las diferentes funciones del Estado deben ser respetadas.

Dicho simplemente, las normas para la formación y ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación y control deben ser respetadas, y solo pueden ser sustituidas por los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Así, el estándar democrático para la legitimación de las normas consiste en que los ciudadanos juegan con unas reglas sobre el poder que no cambiarán a mitad del juego.

Desde esa perspectiva, una consulta popular para cambiar las normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político, puede implicar un deterioro de estándar democrático sobre las normas para ejercer el poder. El problema que podría generar es que cada vez que un mandatario tiene condiciones para ganar una consulta popular, sentirá la tentación de acomodar las reglas de conformación del poder político, del modo que le resulte más favorable.

Para evitar este problema, los juristas contemporáneos, principalmente los que se denominan neo-constitucionalistas, establecieron una serie de candados constitucionales que impidieran a los gobernantes hacer cambios inconstitucionales en las normas de acceso, distribución y ejercicio del poder político.

Estos candados implican, en el caso ecuatoriano, que los cambios propuestos se canalicen por consulta popular y que la Corte Constitucional informe sobre si lo que se pregunta y cómo se pregunta es o no compatible con la Constitución y las reglas de la democracia. Lastimosamente, ese pronunciamiento nunca se realizó, lo cual podría considerarse una vulneración al estándar de legitimación sobre las normas del poder.

Por esta razón, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideraron que era necesario proteger con medidas provisionales a tres funcionarios que serán removidos de sus cargos por efecto de la consulta realizada al pueblo ecuatoriano.

En realidad, tanto la Comisión como los dos jueces de la Corte Interamericana, lo que buscaban poner a salvo es el estándar democrático de legitimación de las normas para acceder, distribuir y ejercer el poder en el marco de una democracia moderna.

Seguramente intentaron hacerlo así porque tienen temor de que, en cualquier país de la región, los gobernantes busquen cambiar de forma inconstitucional las normas para acceder, distribuir y ejercer el poder, e invocar la voluntad popular como fuente de legitimación del resultado. Si esto sucede, tampoco en esos casos se puede afirmar, desde la perspectiva de las democracias modernas, que la voz del pueblo sea la voz de Dios.

O dicho en positivo, si se quiere cambiar democráticamente las reglas del acceso, distribución y uso del poder político mediante consulta popular es necesario saber hacerlo. Básicamente, se trata de cumplir con todos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico; pues así y solo así la voz del pueblo es la voz de Dios, de forma totalmente válida y absolutamente indiscutible. Haber tomado un atajo o evitado un requisito, deja una notoria mácula en la voluntad popular, y precisamente ese podría ser el pretexto, para que el siguiente gobernante también intente cambiar las reglas del poder si es eso le resulta conveniente.  

Estas reflexiones nos llevan a la tercera etapa para la consolidación de las democracias modernas: la institucionalización de las normas democráticas y jurídicas, es decir, la regularidad y previsibilidad que deben tener estas normas en la vida cotidiana de las personas. En ese contexto, las muchas constituciones que hemos tenido, la voluntad de cada gobernante de rehacer el ordenamiento jurídico, y el abuso de la consulta popular como atajo para saltar los procedimientos regulares de reforma de las leyes, conspiran contra la anhelada institucionalización de nuestro Estado de derecho.

[PANAL DE IDEAS]

Alfredo Espinosa Rodríguez
Carlos Arcos Cabrera
Iván Flores Poveda
Oswaldo Toscano
Mauricio Alarcón Salvador
Carlos Rivera
Fernando López Milán
Patricio Moncayo
Mariana Neira
Patricio Crespo Coello
Rodrigo Tenorio Ambrossi

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