Es muy pronto para un estado de excepción. Más aún después del arranque auspicioso del gobierno a propósito del plan de vacunación. Se suponía que la viada le alcanzaría al menos hasta fin de año. Pero ni bien ajustó sus primeros cuatro meses, al gobierno se le destapó la caja de Pandora.

La situación no es dramática, tal como algunos despistados afirman y como otro tanto de interesados anhelan. El régimen hiperpresidencialista que rige en el Ecuador permite al presidente de turno una amplia gama de recursos e iniciativas para compensar una crisis y sostenerse en el cargo, inclusive estando al borde del precipicio. Basta recordar cómo sobrevivió Lenín Moreno para confirmar que hasta un mandatario absolutamente desgastado e impopular consigue oxígeno para terminar su período.

Pero la situación tampoco es un lecho de rosas para el gobierno. El pretexto de la delincuencia es demasiado pedestre como para justificar un estado de excepción nacional. Al contrario, aviva las sospechas de que una conflictividad política desbordada estaría detrás de esta medida extrema. Y no solo por la intransigencia de la Asamblea Nacional para procesar la Ley para la Creación de Oportunidades, sino por las investigaciones de los paraísos fiscales que están en curso. La negativa del presidente Lasso de asistir a la Comisión de Garantías Constitucionales fija el punto central de la coyuntura.

Hasta ahora, es obvio que el gobierno está agotando todos los recursos posibles antes de llegar a la muerte cruzada. Entre las amenazas y las concesiones a la Asamblea Nacional, el estado de excepción aparece como una prórroga para intentar una ventaja más sólida. Como dirían nuestros comentaristas deportivos, Lasso busca un gol en los descuentos, antes de ir a la tanda de penales. Esta última opción, como se sabe, es una completa lotería, sobre todo cuando ninguno de los dos equipos tiene buenos pateadores.

Dos jugadas pueden ser decisivas en esta puja de poderes. Por un lado, el posible envío de una ley tributaria con carácter urgente. Desde la formalidad constitucional, la Asamblea Nacional no podría rechazarla de entrada, so pena de incurrir en un bloqueo gratuito que justifique una reacción tajante desde el Ejecutivo. Por otro lado, el desaire del presidente a la iniciativa parlamentaria para investigarlo por su vinculación con los papeles de Pandora busca tensar la cuerda hasta límites extremos. En ambos casos, el gobierno busca desgastar y desacreditar a la Asamblea Nacional hasta forzar una negociación. Y la muerte cruzada siempre aparecerá como la sombra de un monstruo a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, a pesar de las ventajas intrínseca al poder Ejecutivo, las últimas movidas del gobierno transmiten una mezcla de debilidad y vacilación. Su acercamiento con Pachakutik y la Izquierda Democrática apuesta por una opción que le permita librarse del dogal correísta y socialcristiano, que convertiría al gobierno en una simple marioneta de dos fuerzas políticas voraces e inescrupulosas.

Pero, a la vez, las condiciones de PK y la ID se contraponen con la línea neoliberal del primer mandatario. Con toda seguridad, los cortesanos de Carondelet rechazarán cualquier medida que ponga límites a sus apetencias.

La disyuntiva es compleja, el tiempo de descuento no es indefinido y las amenazas de los poderes fácticos están latentes.