A la poco comprensible estructura de comunicación que ha armado el Gobierno de Guillermo Lasso se suma ahora el peor ingrediente: los hechos públicos que protagoniza el mandatario y que vienen a aumentar la confusión.

En su reciente gira por Estados Unidos y Europa, el presidente ha generado ruido por distintas causas, desde su pueril declaración pública en España en relación al debate si los ibéricos deberían pedir un perdón histórico al continente latinoamericano por las barbaridades que hicieron durante la conquista hasta la firma de un comunicado conjunto con el movimiento VOX, el grupo político que recupera como postulados de su partido lo peor del fascismo que desató la guerra civil en España y que formó filas junto a los tenebrosos Adolfo Hitler (Alemania) y Benito Mussolini (Italia).

¿Qué han dicho los altos funcionarios sobre estos dos desaguisados del líder del lassismo? Absolutamente nada, como tampoco han podido explicar la incoherencia de una declaración pública en la que el Presidente aseguró que no conversará con los golpistas y luego envía una invitación al diálogo al dirigente indígena Leonidas Iza, uno de los acusados de golpismo.

Esta serie de errores y lapsus (hay que cruzar los dedos para que sean lapsus y no convicciones) provocan desconcierto en el país y generan el efecto de una sistemática merma en la popularidad y credibilidad de Lasso frente a los ecuatorianos.

Si bien la vacunación masiva contra el Covid-19 fue un primer hito en la gestión del lassismo, otros hechos como los ya citados o la falta de explicaciones contundentes sobre el bullado caso de presunta evasión tributaria y supuestas irregularidades de las inversiones privadas del Presidente en paraísos fiscales (caso Pandora Papers ) están deteriorando rápidamente el capital político y la imagen del mandatario, imagen que no cae más porque el ciudadano compara la gestión gubernamental con la pésima calidad, el patético nivel y la notoria incapacidad y el oportunismo de los integrantes de la Asamblea, en especial de los legisladores del sector correísta y de Pachakútik.

El problema de la penosa comunicación en la Asamblea es grave, pero, por ahora, es más urgente desentrañar e intentar una lectura de la poca o casi nula administración de la información pública que se emite desde Carondelet. Nuestro análisis se enfoca en la gestión comunicacional del oficialismo porque es la más importante en el contexto de un Estado (considerando que el país ya se acostumbró a una Asamblea mediocre, ineficiente, oportunista y poco ética).

No obstante, el foco de nuestra reflexión apunta al hecho de que no es posible tener certezas si ni siquiera el Régimen las tiene. ¿Alguien cree que en Carondelet está muy claro quién debe hablar y quién no? ¿En qué momento debe hacerlo y cuándo no? ¿Qué es oficial y qué no?

Hay una responsabilidad ante la opinión pública y existe la obligación de servirla. Eso no está en discusión.

El problema, sin embargo, en el caso de la actual administración del Estado, revela que ni los propios altos funcionarios entienden ese constructo en el que las líneas que marcan las funciones de cada uno son tan delgadas que lo más fácil es traspasarlas, enmudecer y generar más confusión.

¿Alguien tiene idea de cómo se distribuyen las responsabilidades de informar al país entre el vocero oficial, la ministra de Gobierno, la Secretaría General de Comunicación e, incluso, el presidente de la República?

¿No existe un asesor que le diga al mandatario que cuide sus palabras y sus opiniones porque de ellas depende, incluso, la estabilidad democrática del país?

Cuando los temas que generan conversación pública son los exabruptos presidenciales en el exterior deberían encenderse las alarmas de todo el aparato gubernamental, en especial del área donde trabajan quienes hacen la vocería y la comunicación, pero no se ve que esto ocurra.

Por ejemplo, respecto a la comparación de la brutal y sangrienta conquista española de los pueblos iberoamericanos con la mamá que forma a sus hijos a punta de cocachos, debió formularse una declaración oficial en la que se nos explique los alcances de una afirmación y una opinión que no la daría ni siquiera un niño que ha pasado el año con las justas en la materia de Historia.

Tampoco (siguiendo con los exabruptos y las contradicciones) se sabe si la posición presidencial es mantener la distancia con el presunto golpismo (sector con el que Lasso dice que no dialogará jamás) o dialogar con uno de los presuntos golpistas.

“Un presidente es, ante todo, un gran relacionador público”, según la acertada opinión de Roberto Izurieta. Pero, como este mismo analista político lo dice, no todos los mandatarios son capaces de hacerlo: “si bien en su mayoría los presidentes son bastante preparados y saben muy bien qué hacer, el poder tiende a alejar de la gente a las autoridades”.

“Pero, en muchos casos -continúa Izurieta-, existe algo de arrogancia. Arrogancia de pensar que ellos conocen lo que la gente piensa y siente y lo que debe hacerse, y, por tanto, simplemente hay que hacerlo”.

Estar consciente de estos errores es imperativo para cambiar de actitud y lograr el éxito de una comunicación oficial que sea el puente directo para provocar una relación transparente, sincera y directa entre el mandatario y los ciudadanos.

La Organización Mundial para la Cooperación y Desarrollo ha recomendado a los Jefes de Estado promover la autorregulación de los medios pero, sobre todo, cultivar un público más crítico que desde la información que maneja ayude al poder político a manejar el país y a mantener la gobernabilidad.

He aquí lo que debería ser un eficaz aparato de comunicación oficial y cómo se debería trazar grandes líneas maestras para recuperar y acumular la confianza ciudadana.

¿Cómo se hace eso? No se trata de disparar declaraciones contradictorias desde las diferentes instancias del poder, sino de crear y desarrollar mecanismos que permitan a quienes manejan el poder político escuchar y conocer cuáles son las necesidades, percepciones y aspiraciones de la gente.

En el libro Estrategias de comunicación para los gobiernos (La Crujía Ediciones) se cita a Theodore Vail, presidente de ATT en 1907 -hace más de cien años-. Vail estaba convencido de que “la única manera de que su empresa avanzara debía pasar, primero, por informarse qué es lo que el público pensaba y quería. Poner el oído en la gente, decía. Ofrezcamos a la gente los hechos y los argumentos para que se sientan cómodos y vean que nuestra principal ambición no somos nosotros sino la satisfacción de las necesidades del público”.

Cuando nos acercamos al medio año del gobierno de Lasso, aún es posible rectificar, aún es posible esclarecer las zonas oscuras de la comunicación oficial. Como aconseja James L. Garnett en el libro ya citado, “hay tácticas para lograr una clara percepción del público acerca del desempeño del Gobierno y del Presidente”.

Para tener una idea cabal de cómo se sienten los ciudadanos, el poder político no solo debe educar la conciencia crítica del público sino ponerse en el lugar de la gente y conocer qué es lo que ella está pensando acerca de la gestión del Gobierno, acerca de la efectividad de sus vocerías y acerca de la capacidad de reaccionar positivamente cuando el ruido que generan los pasos equivocados es más notorio que los sonidos armoniosos.

Y, para que así sea, hay que empezar por articular un mismo discurso, pero un discurso sustancioso e inteligente, del Jefe de Estado y de sus inmediatos colaboradores.

Si el presidente de la República proyecta inseguridades y contradicciones o hace declaraciones superficiales que provocan rubor entre los ciudadanos, el resto de la estructura comunicacional se verá en serios aprietos a la hora de mantener firme el tan ansiado puente directo entre gobierno y gobernados.