Mientras el Presidente Guillermo Lasso centra su mirada en el Mundial de Futbol y en propuestas populistas como el “Hincha del Barrio” –calcada de su mejor momento al frente del Banco Guayaquil– durante casi un año cinco meses de Gobierno, se han producido ocho masacres carcelarias en el país, carnicerías humanas aberrantes que inundan los noticieros de los medios de comunicación convencionales, digitales y desde luego también las redes sociales.

En la misma línea, casi cuatrocientos privados de libertad han muerto entre el 21 de julio de 2021 y el 5 de octubre de 2022 en la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Latacunga, la mayoría de ellos integrantes de pandillas narcodelictivas como los  “Chone Killer”, “los Lobos”, “los Tiguerones”, “los Choneros”, “los Fatales”, “los Águilas”, “los R7” y “los Gánsters”, que pugnan por controlar las cárceles y el monopolio de las actividades relacionadas al narcotráfico en zonas pauperizadas, frágiles y conflictivas  de las urbes en donde el sicariato, los asaltos y las muertes violentas reafirman el deterioro del tejido social; entre otras razones por la falta de inversión pública en educación, salud y empleo.

Muertes violentas, cuerpos desmembrados y calcinados, amotinamientos, tráfico de armas y drogas, cientos de heridos la mayoría jóvenes y personas que no tienen relación alguna con las bandas narco-delincuenciales, familiares de los privados de libertad desesperados a las afueras de los recintos penitenciarios que claman por saber la situación de sus allegados, periodistas a los que se les agrede e impide realizar su trabajo, falta de control y ausencia notoria del Estado. Esta es la realidad del Ecuador, un país en donde las prácticas de las bandas delincuenciales se asemejan cada día más a la de países como México y Colombia.

Frente a este escenario de alta conflictividad e incluso de guerra, ¿a qué le apuesta Presidente Lasso para combatir la estructura sistémica de violencia en el país? ¿Cuál es su política pública? ¿La autoeliminación entre pandillas y grupos del crimen organizado transnacional sin importar sus efectos colaterales?

La autorregulación de las cárceles en el Ecuador y la consecuente autoeliminación entre grupos narcodelictivos, reafirman, señor Presidente Lasso, la premisa de que aquí los centros penitenciarios son suelo soberano de las mafias, un Estado paralelo con sus propias leyes y códigos de supervivencia; en consecuencia, no hay Estado oficial (legítimo y legal) y tampoco Gobierno, y si los tenemos ambos son fallidos. Estas ausencias, el posible desinterés y las “prioridades” del régimen, se convierten a corto y mediano plazo, en una sentencia a pena de muerte para quienes por diversas circunstancias pisan una cárcel, conviven con la violencia y temen constantemente por su vida.

El artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en sus numerales del 1 al 4 señala que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, esto implica proteger su integridad física, pero también proteger a los miembros de la Policía Nacional y trabajadores del sistema penitenciario. A lo cual se agrega la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad y su reinserción social y económica. Mientras que el artículo 676 del mismo cuerpo legal es claro al manifestar que “Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado”. No obstante, el Estado no cumple con su tarea y conforme pasan los días su capacidad de reacción no solo es lenta, sino también ineficiente.

La crisis carcelaria del país no se solucionará de la noche a la mañana con medidas parche. Ni siquiera con el incremento de efectivos policiales, militares y guías penitenciarios. Se requieren estrategias articuladas y políticas públicas claras, de largo aliento que al momento no están dentro de la agenda de prioridades del régimen. Mientras esto no ocurra, el Presidente Lasso seguirá hablando de todo con todos, incluso con quienes dejaron esta herencia de caos y violencia.