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4 de Diciembre del 2023
Ideas
Lectura: 4 minutos
4 de Diciembre del 2023
Giovanni Carrión Cevallos

Economista y Magister en Estudios Latinoamericanos.
@giovannicarrion

Lasso, responsable político
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Corresponderá a la Fiscalía General ya la Contraloría General del Estado, conocer el expediente completo del juicio político seguido contra el ex presidente Guillermo Lasso, analizar las pruebas de cargo y de descargo y proceder en consecuencia.

El ex presidente Guillermo Lasso Mendoza, al disolver la Asamblea Nacional, argumentando una grave crisis política y conmoción interna en el país, en la práctica lo que pretendió fue bloquear la resolución de un juicio político previamente instaurado en su contra por parte del legislativo y cuya consecuencia pudo derivar en su censura y destitución, o al menos se intuyó como altamente probable ese escenario tanto por la oposición como por el propio oficialismo que terminó finalmente utilizando el mecanismo de la muerte cruzada que luego llevó a la realización de elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.

Sin duda, se trató, en su momento, de una conveniente y estratégica jugada política, permitida por una Carta Fundamental hiper-presidencialista, que le otorgó bombonas adicionales de oxígeno al Primer Mandatario, por unos meses, para gobernar bajo decretos-leyes de urgencia económica que, en buen número, valga recordar, no recibieron el dictamen favorable de la Corte Constitucional.

No obstante, este hábil movimiento, tuvo sus limitaciones; pues, tan pronto la nueva Asamblea Nacional asumió funciones, dirigió su enfoque fiscalizador a desempolvar un juicio político que se vio suspendido abruptamente como resultado de la disolución del órgano legislativo. Al final, el pleno de la Asamblea Nacional, con 116 votos, aprobó una resolución a través de la cual manifiesta, con todas las letras, que el ex mandatario, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, es ‘...responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida de acuerdo con el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional...’.

Si bien la muerte cruzada impidió la censura y destitución del presidente Lasso, empero no coartó al actual Pleno del Parlamento para cumplir con su legítima atribución fiscalizadora y resolver, consecuentemente, sobre una responsabilidad política (que se lee como una censura simbólica) a un presidente que a más de ello traicionó a su pueblo con el abierto incumplimiento de un plan de trabajo.

Esto condujo a la ralentización de la economía, el aumento de la pobreza, crecimiento exponencial de la violencia e inseguridad, así como los niveles de opacidad de un régimen que nunca estuvo preparado para gobernar y dar respuesta a las demandas de una sociedad que exige resultados.

Con esta resolución de la Asamblea Nacional, que si bien no tiene fuerza legal, lo que se hace es ratificar una censura moral, presente en la vida cotidiana de un pueblo que mira con indignación a un ex presidente que empobreció al país pero que, en lo personal, eso sí aumentó su patrimonio en alrededor de 21,7 millones de dólares en tan sólo ‘900 días’ de gobierno... Acaso, ¿puede haber mayor bofetada para una comunidad sufrida como la ecuatoriana?

Ahora corresponderá a la Fiscalía General y Contraloría General del Estado, conocer el expediente completo del juicio político seguido contra el ex presidente Guillermo Lasso, analizar las pruebas de cargo y de descargo y proceder en consecuencia.

El Ecuador necesita urgentemente de un baño de verdad, lo que fortalecerá a una democracia que requiere activar todos sus resortes institucionales y confirmar la validez de un sistema político si bien imperfecto, pero deseable entre el resto de opciones.

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