
Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.
Es inminente la declaratoria como terroristas a los grupos de crimen organizado que operan en Ecuador. La decisión se cocina a fuego lento en el Ministerio de Defensa para coincidir con el desenlace del juicio político al Presidente Lasso. Aunque la censura y destitución parecen poco probables, la presencia de los militares en las calles ante un contexto de “muerte cruzada” o destitución del presidente podrían inclinar la balanza política.
Según el ministro de Gobierno, la declaratoria responde a la necesidad de escalar el uso de la fuerza para pacificar las calles. La epidemia de homicidios violentos crece y fenómenos como la extorsión se expanden por todo el país. El gobierno carece de iniciativa y padece un bloqueo estratégico que nos está costando muy caro. ¿Qué hacer?
Ya que la intención es sacar a los militares de los cuarteles para combatir a los criminales, catalogados como “terroristas”, lo mínimo que debe hacer el mando político-militar es aprender las lecciones de la guerra irregular.
El año anterior, David H. Ucko y Thomas A. Markrs, académicos de la Universidad Nacional de Defensa, adscrita al Pentágono, publicaron un informe titulado: El crimen organizado como guerra irregular: lecciones estratégicas para la evaluación y la respuesta https://bit.ly/3LofnQF.
Su argumento es elocuente: el propósito de la guerra irregular es de naturaleza política, no militar. A pesar de su alusión a la guerra, la principal preocupación es competir por la legitimidad y la influencia sobre las poblaciones en disputa. La violencia es un componente contingente de la lucha general.
Al considerar la legitimidad como el centro de gravedad estratégico, la guerra irregular enfoca la atención en el contexto político y socioeconómico que motiva el comportamiento ilícito. El Estado no puede asumir de ninguna manera que tiene legitimidad simplemente porque tiene estatus legal. La legitimidad es subjetiva, fluida, contextual y disputada, nada se puede dar por sentado.
Una teoría militarizada de la victoria —dicen los autores del informe— se basa en una lógica puramente represiva, con la esperanza de aumentar los costos para los criminales activos y disuadir a aquellos que pretendan sumarse. Esto solo produce el efecto hidra: eliminar un objetivo para encontrar otro.
Tomando en cuenta que los grupos criminales persiguen fines económicos y no político-ideológicos, la experiencia de la Guerra Irregular permite extraer importantes lecciones para enfrentar al crimen organizado.
Primera lección: comprender el arraigo social del crimen organizado.
Es necesario distinguir entre el uso del terrorismo como táctica y el uso del terrorismo como una estrategia en sí misma. Solo en este último caso estamos frente a un grupo terrorista, que por su práctica extrema suele ser socilmente aislado. Por el contrario, los grupos insurgentes tienen sólidas bases de apoyo social y utilizan tácticas terroristas de forma excepcional y por fuera de sus zonas de influencia.
Uno error crucial en Irak y Afganistán fue preocuparse por los terroristas, olvidando la importancia de las bases de apoyo de los insurgentes.
Los grupos de crimen organizado tienen arraigo social. Por lo tanto, el propósito de las fuerzas de seguridad debería ser proporcionar el escudo detrás del cual el gobierno promulgue las reformas necesarias para movilizar apoyo y ganar legitimidad, marginando a los violentos de línea dura.
Segunda lección: no militarizar la respuesta del Estado contra el crimen organizado.
La militarización de las operaciones de contrainsurgencia en Irak y Afganistán privaron de contenido político a las campañas de EE.UU. y sus aliados. Esto no quiere decir que las Fuerzas Armadas son irrelevantes, pero hay que equilibrar tacticamente el contenido político y militar de las operaciones. Las estrategias que buscan la victoria con ataques repetidos en lugar de modificar las condiciones en el terreno, fracasan.
Con el crimen organizado ocurre algo similar. Declarar “estados de excepción”, por ejemplo, sin implementar política social emergente es un despropósito. Cualquiera sea su contribución, el despliegue de la fuerza militar debe estar vinculado a un proceso político viable que de sentido estratégico a la actividad militar. Este uso también puede requerir fuerzas militares estructuradas, equipadas y entrenadas de nuevas maneras.
Declarar “estados de excepción” sin implementar un política social emergente es un despropósito. Cualquiera que sea su contribución, el despliegue de la fuerza militar debe estar vinculado a un proceso político viable, que dé sentido estratégico a la actividad militar.
Tercera lección: la imagen de espejo en los programas de asistencia estatal.
Es común que se confundan los intereses de los países que brindan asistencia con los del Estado donde se desarrolla el conflicto. No obstante, muchos gobiernos amenazados por la insurgencia han renunciado hace mucho tiempo a restaurar su influencia en áreas periféricas de su territorio. Cuando no se reconoce esta realidad los resultados suelen ser decepcionantes.
Al igual que con la Guerra Irregular, la imagen de espejo perturba los esfuerzos de terceros para contrarrestar al crimen organizado. De hecho, no todos los gobiernos se ven afectados de manera similar por el problema del crimen organizado. Algunos se acomodan a los grupos criminales, ya sea para obtener ganancias o para sobrevivir. Tales arreglos socavan las intervenciones externas. De hecho, cualquier intento para desafiar a gobiernos cómplices será desestabilizador. Por lo tanto, la estrategia debe dar cuenta de esos intereses en lugar de proceder con suposiciones infundadas.
Cuarta lección: el papel de la movilización comunitaria.
Cuando los gobiernos están enredados con el crimen organizado puede ser útil trabajar de abajo hacia arriba, a través de la comunidad, en lugar de arriba hacia abajo, a través del Estado. Este método se basa en movilizar a los más afectados e interesados en resistir al crimen organizado, al menos en el nivel local.
Hay experiencias positivas en Chicago (EE.UU.), Medellín (Colombia) y Palermo (Italia), para mencionar tres localidades que decidieron involucrarse en la recuperación del espacio público para restarle espacio a las pandillas y la extorsión.
Este enfoque es políticamente sostenible, aunque no está exento de dificultades. Sin un mínimo de legitimidad estatal cualquier iniciativa en ese sentido es infructuosa.
Quinta lección: contar con una estrategia para combatir al crimen organizado.
El fundamento esencial de la estrategia es comprender el problema. Lo que los militares denominan "estimación estratégica de la situación". Esto es crucial porque desentraña una situación compleja, la ubica en su contexto político y mapea las estrategias e intereses de sus diversos actores, para así examinar y elegir un curso de acción realista.
Por la simbiosis que genera el crimen organizado con el Estado y las comunidades en las que opera, la ausencia de voluntad política para contrarrestarlo es frecuente. ¿Cómo lograr que el gobierno actúe y que lo haga de la manera más efectiva y estratégicamente apropiada? Se puede lograr mucho a través de la presión pública y la participación ciudadana. De abajo hacia arriba. Abriendo vías de comunicación que permitan a las víctimas del crimen organizado expresar sus quejas a los líderes políticos. El Observatorio de Prisiones https://bit.ly/3mZAwaE recientemente creado en Ecuador es un buen ejemplo e iniciativas como esta hay que alentarlas a todo pulmón.
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