Debemos aprender de las cosas negativas, debemos reflexionar todos para no volver a cometerlas; estos 12 días de barbarie nos dejan lecciones para el Gobierno, para la clase política, para los economistas, para las fuerzas del orden; en fin, nos dejan lecciones a todos. Porque todos hemos perdido.

La amenaza fue y es (porque todavía no ha desaparecido y se muestra desafiante) tan grande que amenaza a la disolución del Estado (Estado fallido)

Recodemos que el “Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político, y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica”. ​

Estos hechos vividos dejan ver que, como República, nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar un Estado prospero, con justicia social, con oportunidades para todos. La imagen internacional que hemos dejado es pésima.

La institucionalidad del Estado estuvo en grave riesgo: la autoridad o potestad del Estado se debía mantener aun en los escenarios más críticos, esta autoridad, la deben ejercer el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, el poder Judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (si continúa en funciones). Pero esta autoridad tiene que ser moral, legitima, legal, y en última instancia la autoridad del Estado es la fuerza que la debe ejercer por medio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estas funciones tienen que actuar armónica y complementariamente y tienen que estar materializadas a través del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Pero vimos, con profunda preocupación, que fueron sobrepasadas por una minoría étnica infiltrada por otras organizaciones sociales y terroristas que quieren volver al poder para evitar la acción de la justicia.

El poder Ejecutivo, sorprendido e impreparado para una movilización indígena infiltrada por el correísmo, sin inteligencia del Estado; la Asamblea Nacional con su presidente perdido (cauto diría después); una clase política, tratando de pescar a rio revuelto, pensando en las próximas elecciones; el poder Judicial sin autoridad y seriamente cuestionado, la Fiscalía abarrotada de casos de corrupción.

La mayoría dirá que se salvó la democracia, que se recuperó la paz social. Pero debemos preguntarnos: ¿A qué costo? ¿Qué sigue a futuro?

La actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Quiero enfocarme en el uso de la violencia legítima, por parte del Estado, a través de las fuerzas del orden, conformadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los miembros de ambas instituciones deben tener, ante todo, una alta moral y una convicción férrea de defender y servir a la patria cuando las diferentes amenazas se ciernen sobre ella. Para esto, la carrera militar y policial tienen que estar basadas en la práctica diaria de los mas altos valores y principios, pero hemos visto que hay preocupación en sus filas.  

La pregunta es ¿por qué? Porque el correísmo trabajó, sobre todo en las FF.AA., para minarlas. Se valió de la Constitución del 2008 para restarles competencias y entregarlas a sus coidearios; provocó una lucha de clases en su interior, que repercutió en su disciplina. La Policía,  después de los hechos del 30S, quedó debilitada y acosada por una justicia parcializada.

Los uniformados sienten que el marco legal no respalda el cumplimiento de sus funciones, todo se dirige al respeto de los DDHH de los vandálicos y de los terroristas. Este enfoque inicia desde la Constitución, pues el Art. 158 en el inciso tercero dice que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía", posteriormente en las enmiendas constitucionales incluyeron de manera no clara que las FFAA. apoyaran en la seguridad integral del Estado. Esto implica que ante una grave conmoción interna la Policía ya no se subordina a la Fuerzas Armadas para presentar un solo frente.

Lo que vimos en los últimos días fue una falta de coordinación entre las dos instituciones. El Código Orgánico Integral Penal también materializa lo dicho anteriormente, pues el Art. 293 dice que los servidores de ambas instituciones, si no observan el uso gradual y progresivo de la fuerza y hubieren fallecidos producto del enfrentamiento, pueden llegar a tener una pena de 10 a 13 años de privación de la libertad.

Varios proyectos de ley, como el del Código de Seguridad y Defensa presentado por el Ministerio de Defensa, duermen en la Asamblea y podrían ayudar en esta encrucijada que viven los policías y militares. Hay preocupación cuando los oficiales, voluntarios, tripulantes y aerotécnicos observan que no hay un respaldo institucional a oficiales en juicio por el supuesto cometimiento de crímenes de lesa humanidad, cuando desarticularon al movimiento subversivo AVC en los 80, o cuando se sigue un juicio a dos oficiales del Ejército que participaron en el 30S porque supuestamente mataron al policía Froilán Jiménez. Por ello, los uniformados tienen recelo de intervenir, porque después enfrentarán solos una situación jurídica. Con los medios tecnológicos que todos tenemos a la mano, muchos aspectos quedan grabados y si a esto unimos las disposiciones de un Gobierno que ordena que no quiere derramamiento de sangre, entonces los enviamos atados de manos a cumplir con su misión y caer en las redadas de los revoltosos, como todos hemos podido observar.

Esta situación repercute en las tropas cuando el personal en servicio activo, a pesar de lo riesgoso de su profesión, tiene en su seguridad social dos sistemas de cotización: uno de transición y otro en base a la ley de octubre del 2016 (Ley Patiño) en donde se desconoce las características de la profesión militar y policial que deben tener un régimen especial y más bien se las igualó a las demás profesiones con el régimen del IESS.

La capacidad operativa

La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se vino muy a menos después de la firma de la Paz con el Perú en octubre de 1998. Tuvieron que pasar 10 años para que el Gobierno en funciones (Correa) —y solo después del ataque de las Fuerzas Militares de Colombia al campamento de Raúl Reyes en Angostura— se tome conciencia de la necesidad de que el Estado disponga de unas Fuerzas Armadas equipadas. Se empezó con un plan de recuperación de la capacidad operativa con un horizonte temporal al 2021,  lo cual lamentablemente se suspendió casi abruptamente en el 2012. Al momento y sin ambages podemos decir que las FF.AA. no están debidamente equipadas para la defensa interna, al no tener el equipamiento. Tampoco el entrenamiento es el adecuado: no decimos que salgan a disparar al pueblo, pero tienen que ser disuasivas, creíblemente disuasivas para enfrentar esta amenaza hibrida, que es definida como la “acción coordinada y sincronizada, que ataca deliberadamente las vulnerabilidades sistémicas de los Estados democráticos y sus instituciones, a través de una amplia gama de medios (políticos, económicos, militares, civiles y de información)”.

Se complementa este escenario negativo con que la inteligencia militar y policial estan concentradas y manejadas por la ex Senain, donde aun están reductos del correísmo que no alertaron y se hicieron de la vista gorda sobre lo que se venía, según fuentes confiables: existen aproximadamente 70 elementos del régimen anterior que siguen trabajando en esta institución. El presidente Moreno delegó al Ministerio de Defensa la responsabilidad de reorganizar y manejar al llamado Centro de Inteligencia Estratégica. Es hora de hacerlo y lo mas rápido posible porque, reitero, la amenaza no ha desaparecido, se vio que tiene muchas capacidades con planificación, asesoramiento y apoyo extranjero.

Después de superada la crisis queda flotando en el ambiente la pregunta de si las FF.AA. actuaron bien o mal. Muchos dirán que bien,  otros que no, pero lo cierto es que el gobierno en su momento no tuvo unas Fuerzas Armadas disuasivas, sino, al contrario, limitadas en su accionar.

Después de esta breve visión sobre cómo hacer los correctivos que correspondan, no podemos dejar de reconocer la actuación, el trabajo y sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en esta difícil situación, con todas las limitaciones descritas. Se necesita estar y haber pasado en los diferentes niveles de mando para entenderlos y felicitarlos y decirles que la Patria para seguir existiendo siempre necesitara el esfuerzo y heroísmo: hoy les tocó a ustedes.

A manera de recomendación

El Comando Conjunto debe realizar un seminario para analizar la actuación de las FFAA. en esta movilización, sus capacidades, limitaciones, aspectos a ser mejorados, doctrina, operaciones psicológicas, comunicación social, apoyo al desarrollo, especial atención al área del subsistema de inteligencia militar. De este evento académico saldrán las siguientes solicitudes que son imponderables.

Para las unidades de la Policía lo propio. Formulo además las siguientes recomendaciones: 

1. Solicitar al Gobierno y a la Asamblea Nacional dar a las FFAA. y Policía  los mecanismos legales que proporcionen la seguridad jurídica a la fuerza pública para que cumpla su misión.

2. La Fiscalía se debe desembarazar de lo actuado políticamente por los anteriores fiscales generales, cerrando los casos de persecución contra policías y militares que actuaron contra el movimiento subversivo AVC, o los que son perseguidos con pruebas forjadas por el 30S.

3. Que se mejore la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para hacer frente a las amenazas que atentan a la seguridad del Estado.

Si hoy seguimos tolerando que los violentos impongan el caos, la barbarie y logren sus protervos intereses y objetivos, habremos permitido la destrucción de nuestro Ecuador.