Ya ha quedado más que claro que el espectro radioeléctrico que usan las telefónicas no es considerado por nuestra Constitución un recurso no renovable y por lo tanto sería inconstitucional darle ese tratamiento, tanto para limitar las utilidades de los trabajadores y menos para intentar cobrar regalías como ahora se pretende respecto al 7% de los ingresos considerando la participación de una compañía en el mercado.

La atropellada reforma a la Ley de Telecomunicaciones ha servido como excusa para intentar obtener recursos extra al Estado. Primero intentaron quedarse con un porcentaje importante de las utilidades de los trabajadores y ahora siguen buscando plata con una propuesta igual de absurda.

La propuesta plantea cobrar desde el 1% al 7% de los ingresos anuales de las compañías de telefonía que tengan un porcentaje importante de participación en el mercado desde el 35% en adelante. Pero lo que no nos dicen es que en nuestro país solo una empresa supera ese porcentaje estrategicamente establecido para afectar a esta única empresa. Es decir, se pretende crear una ley con dedicatoria lo que evidentemente atenta contra el principio de igualdad que es base dentro de un sistema jurídico.

Tenemos claro entonces que el cobro de regalías a empresas de telefonía celular no solo es inconstitucional, además queda demostrado que se pretende legislar con dedicatoria, pero el tema va más allá y resulta muy peligroso considerando que hoy la desesperación por plata de este gobierno los llevaría a quitarle parte de sus ingresos a las telefónicas, pero mañana -porque el déficit no se cubre tan fácil- este gobierno podría ir por el dinero de cualquier otro sector económico.

Pero este tipo de leyes son también peligrosas porque tal como está planteada la propuesta, parecería que se pretende castigar la eficiencia. Es que una empresa cuando tiene mayor participación en el mercado es porque cuenta con la preferencia de los usuarios o clientes y eso no es simple coincidencia del destino, para eso las empresas -más aún en el caso de la telefonía- deben hacer grandes inversiones y estrategias comerciales para ganar la confianza de los ciudadanos.

Otro elemento a considerar es que estas empresas telefónicas ya le pagan al Estado, además de todos los impuestos, un valor muy alto -que en el caso de la empresa que quieren afectar es bastante más alto que el resto- por concepto del contrato de concesión. Por eso, este cobro de supuestas regalías que no estaba en el contrato implica un claro incumpliendo y eso evidentemente pone en duda la seguridad jurídica de este país.

También resulta peligrosa esta reforma por el mensaje terrible que enviamos al mundo, creando leyes con dedicatoria, castigando la eficiencia e irrespetando los acuerdos que ya se han suscrito. De nada sirve que le digamos al resto del planeta que venga a invertir al Ecuador cuando en los hechos el mensaje es totalmente contrario.