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7 de Septiembre del 2020
Ideas
Lectura: 6 minutos
7 de Septiembre del 2020
Carlos Rivera

Economista, catedrático de la Universidad de Cuenca. 

Lidiando con los dos peores shocks de la historia
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En lo político, vivimos aquejados por una pandemia mucho más grave que la Covid-19, y es el hecho de que las opiniones populistas encuentran mucha cabida en la población y llegan a dominar la agenda; mientras las propuestas de un buen marco institucional se encuentran sometidas a feroces y audaces ataques.

La Covid-19 y la revolución ciudadana son dos shocks que han golpeado macroeconómicamente a Ecuador de la peor forma posible. El primero con un costo brutalmente evidente, que podría ser fácilmente del orden de los USD 20 a 30  mil millones. El segundo, si bien silente, podría ser mucho más dañino que la propia pandemia, en términos de la afección al crecimiento permanente, a través de las  muy malas políticas económicas tomadas en estos últimos 14 años, exceptuando los intentos de corrección en los últimos meses.

Lo peor de todo es que estos dos shocks confluyeron en el 2020. El resultado es que la corrección de los déficits fiscales y endeudamiento público, generados en tiempos de boom, no de recesión, como parte de la mala herencia de la revolución ciudadana, se la tiene que discutir en medio de una crisis de la magnitud de la Covid-19. Esto representa todo un reto de política económica, que ha generado un apasionante debate entre los economistas, en la que la cuestión no es la necesidad del ajuste que no está en discusión, sino el momento y la modalidad del mismo. Hay mucha teoría y evidencia empírica que guía esta discusión. Particularmente sugiero revisar las lecciones que nos deja el gobierno de Macri en Argentina: no hay mucho tiempo para arreglar la situación fiscal y no basta la señal de seriedad del gobernante para crear un gran boom de inversión y capitales.

En esta materia se han generado dilemas de política económica sobre los cuales los economistas no han alcanzado consenso. Un ejemplo es la propuesta de un impuesto al patrimonio de los ricos. En principio parecería que ésta tiene sentido, por cuanto en un shock realmente excepcional, no toda la cuenta deberían pagar las generaciones futuras, siendo necesario generar transferencias intrageneracionales que traten de minimizar las distorsiones en las decisiones de los agentes económicos. Sin embargo, el problema es el ambiente donde estamos y los antecedentes de donde venimos. Si esta decisión se tomara con un sistema tributario óptimo o muy cercano al óptimo, creo que sería una buena medida. Pero bajo un sistema tributario tan distorsionado y con un mercado de capitales mundial ávido de encontrar buenas pistas de aterrizaje en el mediano y largo plazo, esta medida ciertamente no suena tan correcta, por las malas señales que se emiten para la entrada de nuevos capitales. Si con un impuesto netamente a los ricos estamos así, imagínense como están los economistas en otros temas de por sí más polémicos.

vivimos aquejados por una pandemia mucho más grave que la Covid-19, y es el hecho de que las opiniones populistas encuentran mucha cabida en la población y llegan a dominar la agenda; mientras las propuestas de un buen marco institucional se encuentran sometidas a feroces y audaces ataques

Por otro lado, debemos tener presente que la implementación de la política económica es un proceso de optimización y que toda optimización está sujeta a restricciones y hay algunas que aprietan más que otras. En Ecuador, la política, la pobreza y la desigualdad son las restricciones a tomar en cuenta al momento de implantar paquetes de ajustes y/o reformas estructurales. 

En relación a la política, hay que considerar que vivimos aquejados por una pandemia mucho más grave que la Covid-19, y es el hecho de que las opiniones populistas encuentran mucha cabida en la población y llegan a dominar la agenda; mientras las propuestas de un buen marco institucional se encuentran sometidas a feroces y audaces ataques. La solución es de largo plazo y pasa por una mejor educación y unas cuantas reformas electorales. Respecto a la pobreza, deben implementarse programas de asistencia social debidamente evaluados y diseñados con mecanismos que aseguren la búsqueda de la salida y no la permanencia en la pobreza, junto a la creación de fideicomisos que aseguren que cualquier recaudación adicional de ingresos —como puede ser la tan satanizada corrección de subsidios o la reducción de ciertos rubros del gasto público— llegue a los segmentos más pobres, lo cual daría hasta viabilidad política y social a ciertas medidas que con ello, sonarían bastante menos impopulares. 

En lo que se refiere a la desigualdad, necesitamos  soluciones de mercado que no dañen el crecimiento potencial de largo plazo. Una de ellas es aprovechar la gestación de un mercado de valores vigoroso que debe ser una prioridad dentro de las estrategias de política, darle más incentivos a la clase media para ser más capitalista y beneficiarse de ello, con fuertes incentivos al ahorro y hasta acceso, con algún mecanismo de protección, subsidiado a los altos retornos de activos riesgosos. En esta línea, también debe enterrarse definitivamente aquel mito de que la desigualdad se la debe atacar a través de los impuestos. La buena teoría económica es contundente al respecto. Los impuestos deben diseñarse exclusivamente para propiciar el crecimiento económico, mientras el gasto público (salud, educación, asistencia social) es el que juega el rol protagónico en materia de equidad y redistribución de ingresos.

Toda una agenda a la cual le quedó demasiado corto el tiempo para este gobierno y que deberá ser abordada ya por el siguiente.

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Lidiando con los dos peores shocks de la historia
 
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