Varios casos de altos funcionarios del gobierno nacional y de gobiernos locales, que se pasean con grilletes en sus oficinas o que están detenidos, merecen un análisis profundo para entender por qué los empleados públicos de alto, mediano y bajo rango se han involucrado en corrupción en los últimos años y cómo corregir ese problema.

Cómo corrompen a un funcionario público

No es un problema de ahora, dicen María y Gladys.

Por los años 80, María era subjefe de un departamento de relaciones externas en una institución que controlaba a las empresas de la república. Un día el presidente de la república dictó un decreto prohibiendo los gastos supérfluos, pero poco le importó a la jefa de la institución que hizo una gran fiesta para que un ‘grupo ciudadano’ la eligiera ‘mujer del año’. Como el jefe del departamento pasaba permanentemente con permiso por enfermedad, a María le tocaba poner el visto bueno para el pago de las facturas de la fiesta. Ella, novata en las lides de la administración pública, pero buena lectora, recordó el decreto presidencial y se negó a firmar las facturas por gastos supérfluos y empezó una batalla entre su negativa a firmar y la orden de la jefa de que las firmara. Por Gladys, María supo que un auditor de la Contraloría tenía una oficina en la institución y acudió a él para contarle la presión que vivía. El auditor le dijo que, efectivamente, no debía autorizar ese pago porque era ilegal.

La jefa convocó a María a su despacho para exigirle personalmente que autorizara esos pagos porque ‘era un acto de lealtad con la Institución’. María le dijo que no lo haría porque era ilegal. Entonces, el jefe de personal comenzó a acosarla (bulling laboral): la marginaron de trabajos importantes, todo lo que hacía no valía, le contaban hasta los segundos de sus atrasos al ingreso, le negaron el parqueadero, etc. María aguantó tres meses y le preguntó al auditor qué debía hacer. Él dijo: “Firmar la autorización de pago de las facturas, aguantar hasta cuando cambien a la autoridad o renunciar”. María prefirió renunciar porque tenía quien la sostuviera económicamente.

Después supo que su ex jefa, tan audaz, coimó a una empresa internacional que hizo llegar una queja al presidente de la república que, como no era corrupto, la destituyó. Debieron pasar años para que se dieran cuenta de que ella era una funcionaria corrupta, mientras una empleada honesta, sin nadie que la defendiera, se vio obligada a renunciar en meses.

Desde entonces María ha escuchado de varios empleados públicos que firman contratos ilegales que los jefes les ponen adelante y cuando existe un reclamo de la justicia —como lo estamos viendo en varios casos— estos jefes dicen: “No sé, yo no lo hice, yo no autoricé”. Y el peso de la ley cae sobre quien firma.

El empleado público comete ilícitos consciente o inconscientemente para mantenerse en el cargo, para tener un salario, para hacerse rico. Pero al hacerlo, automáticamente se mete en una red de corrupción que le exige autorizar más y más ilegalidades.

En 14 años se "democratizó" la corrupción

Antes se creía que las coimas las pedían y recibían solo los empleados públicos de mandos inferiores. (Los de arriba eran una ‘argolla’ que solo hacían ‘negocios’ y muy grandes). Pero en los últimos 14 años se ve que la corrupción se ‘democratizó’. Va desde la cima hasta la sima. Son los jefes (desde el presidente y vicepresidente de la república) los que organizan la red de la corrupción con personas de su absoluta confianza en puntos clave (departamentos financieros, jurídicos, técnicos).

En los puestos clave están los ‘burócratas’ (sinónimo de empleados públicos) entrenados para las malas artes y que tienen un perfil de ‘pipón’; o sea, ingresó a trabajar en el Estado (si es que trabaja) no por méritos profesionales sino por palanqueos y por ser afines a la ideología del presidente de la república. Su fin es hacer dinero, el país le importa un comino.

La mayoría de los empleados públicos es gente honesta que consiguió el empleo por recomendaciones profesionales (creo que ya no existen los concursos de merecimientos) y se mantienen al margen de actos corruptos.

Al nuevo gobierno le toca la dura tarea de detectar a los corruptos y hacer un proceso de limpieza. Se les podría ubicar por su currículo, sus vínculos laborales, personales, cuentas bancarias y bienes.

Premiar a buenos empleados y reclutar a los becarios

A los buenos empleados públicos el Estado debe premiarles y, sobre todo, protegerles creando un mecanismo que facilite la denuncia reservada de casos de corrupción en sus oficinas.

En este proceso de limpieza de la burocracia podrían participar, de manera coordinada con el gobierno, los gremios que protegen a los empleados públicos.

Además, la Contraloría debería realizar una capacitación permanente de los empleados públicos sobre lo que es legal e ilegal dentro de la administración púbica y las sanciones que impone la legislación a quienes incurren en corrupción.

El nuevo gobierno también debería hacer una campaña intensa de ubicación en cargos públicos de los miles de becarios que están en la desocupación o subempleados. Por esta circunstancia, muchos están emigrando. ¡Qué desperdicio de dinero! El Estado educando a ecuatorianos para que vayan a servir a otros países.

La limpieza y regulación de la burocracia es urgente crear confianza en la gente que reclama honestidad.

@MarianaNeiraL