A don Carlos Marx Carrasco le debe quitar el sueño el "gasto tributario". Se trata del total de recursos que el Estado deja de percibir por deducciones, exenciones y otros beneficios en impuestos para empresas y personas. En el 2011, este rubro superó los USD 3648 millones. Esos son muchos millones que el SRI deja de ingresar. El mismo SRI sacó un estudio que señala esta cuestión. Parece que no les gusta.

El concepto de "gasto tributario" fue desarrollado en EE.UU. y Alemania durante los 60, y llegó a Latinoamérica entre los 70 y 80, como parte una política fiscal que tiene entre sus principales objetivos atraer inversión y nueva tecnología, fomentar desarrollo de industrias "estratégicas", promover áreas geográficas "deprimidas", diversificar la estructura económica en países dependientes de commodities y la generación de empleo.

En Ecuador existen unas 126 de estas disposiciones que establecen beneficios ya sea para sociedades o personas naturales. De ellas, 54 corresponden al lmpuesto a la Renta, 45 al lmpuesto al Valor Agregado, y las 11 restantes a impuestos como el de los Consumos Especiales (ICE), a la contaminación y botellas plásticas no retornables.

Aunque las personas naturales también se benefician de estos incentivos, las más beneficiados son las sociedades y empresas. El 77% de los beneficios otorgados en Impuesto a la Renta está en el sector societario. Los rubros principales son la exención de dividendos y utilidades distribuidas (USD 456 millones), los ingresos que se exoneran en el Código de la Producción (USD 377 millones), el crédito tributario del ISD (USD 107 millones) y los convenios de doble tributación (USD 101 millones).  En total, son más de  USD 1583 millones en beneficios, de los cuales tres cuartas partes son en favor de grandes empresas. Esto parece no gustarle a Carlos Marx.

Y son precisamente estos beneficios los que el SRI tiene en la mira para futuras reformas tributarias. El camino ya no es nuevos impuestos ni aumento en tasas, ha dicho, sino una mejor gestión de cobro de los existentes. Pues a su juicio, los incentivos no están bien enfocados. En su libro señaló bien clara su posición:

"(...) los incentivos tributarios benefician a los contribuyentes de mayor nivel de ingreso, lo que da cuenta de que las políticas de incentivo no están enfocadas al fomento de la pequeña y mediana empresa, que constituyen fuentes importantes de empleo en el país y que son en la actualidad el centro de la economía popular y solidaria".

Dentro de este esquema, poco se debe al Código Orgánico de la Producción, el cual establece diversos beneficios con el objetivo manifiesto de fomentar la inversión nacional e internacional. La cifra de reducción tributaria bajo ese esquema no alcanzó ni los USD 100 millones. Los resultados son evidentes, en casi 3 años que lleva de vigencia la ley, apenas se han recibido unos USD 1500 millones de inversión extranjera y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) aún no despuntan.

Calcular cuánto se dejó de recaudar lleva al SRI a preguntarse: ¿qué pudiéramos haber hecho con ese dinero?, ¿y si lo recaudamos? Y, más importante aun, para las empresas es una señal de alerta que pone una interrogante interesante: ¿y si deciden que me lo empiezan a cobrar?