Muchas voces se han expresado en el país sobre a la Ley de Redistribución de la Riqueza, conocida popularmente como la ley de herencias, y el Impuesto a la Ganancia Extraordinaria en la Transferencia de Bienes Inmuebles o Impuesto a la Plusvalía. La primera, tramitada como ley urgente, y la segunda como parte de Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Este último proyecto ha recibido críticas de diversos sectores en la medida en que su aplicación supondría una lógica de control del gobierno central a los gobiernos seccionales, regida en mucho por el principio de la desconfianza.

En el ámbito específico de la plusvalía, sorprende que los argumentos con que se justifica cobrar las ganancias “extraordinarias” que alcanzan ciertos terrenos tengan un origen anecdótico: Cuando construí la sede de la UNASUR y la universidad “Yachay”, los propietarios de esos terrenos los vendieron carísimos, y eso no puede pasar, pues hay ganancias ilegítimas. Algunas preguntas al respecto: ¿qué tan necesarios son para el país las estrepitosas UNASUR y Yachay y, claro, por qué no se hicieron estudios planificados y racionales, que le ahorren dinero al Estado, o sea a los contribuyentes? ¿Cabe legislar a partir de casos particulares? ¿No se deberían crear consensos para asuntos tan sensibles como impuestos?

Tal vez para quienes más comprometedora ha sido la coyuntura es para los más radicales de izquierda alejados del gobierno, pues se sabe que uno de los principales puntos del Manifiesto Comunista, allá por mediados del siglo XIX, era la abolición del derecho a la herencia, con lo que se podría concluir que habría adhesión de los sectores más radicales a toda ley que penalice legados en dinero o propiedades.

Si no es cierto que se quiere sancionar al heredero, es inobjetable que, por lo menos, el discurso oficial evidencia un ataque a las nociones de herencia y fortuna, detrás del cual se oculta no poco de revancha, prejuicio, ideas anticuadas y flagrantes contradicciones, para no hablar de cinismo o hipocresía. Como se recordará, Rafael Correa, siendo presidente del Ecuador –con las prerrogativas aunque solo fueren formales que tal cargo otorga- le ganó al Banco Pichincha un  juicio por seiscientos mil dólares, con lo que pudo comprar un departamento por aproximadamente la mitad del valor de ese monto en Bélgica. Según informan notas de prensa del año 2011, el presidente transfirió a una cuenta –en Bélgica- trescientos mil dólares, lo que resulta un poco extraño si se piensa que el presidente ha cuestionado a “los ricos” que sacan sus capitales al exterior.

En aquellos años, cuando tuvo como abogados para su causa ante el Banco Pichincha a Galo Chiriboga, actual Fiscal General, y a Alexis Mera, tras apelaciones de la institución bancaria, la cifra final de indemnización por daño moral, quedó en los mentados ¡seiscientos mil dólares! Según una nota del periódico digital “La República”, “En mayo del 2007 en el enlace sabatino en el que expulsó al periodista Emilio Palacio, Correa había dicho que “a mí no me interesa la plata (dinero), si quieren puedo donar esa plata, aunque mi principal deber es darle seguridad económica a mi familia”.

Del mismo modo en que el presidente pregunta a sus oyentes, siempre que tiene la oportunidad, si alguno de ellos es heredero, cabe que les pregunte si alguno de ellos tendría la oportunidad de hacerse de más de medio millón de dólares por ganarle a un monstruo financiero un juicio por daño moral. Muchos deben decirse, con razón, que su principal deber es darle seguridad económica a su familia, pero no es muy posible hacerse, de un día para el otro, de una fortuna tal.  Recientes voces críticas cuentan que Bélgica es uno de los países europeos que menos impuesto a las herencias cobra. Así pues, no faltan evidencias de cuán importante ha sido para el Presidente la edificación de un sólido patrimonio personal –y familiar-, obtenido, si bien es cierto no por herencia ni por años de gestionar una empresa, sino por un golpe de  la justicia.

Por otro lado, como se sabe, toda valoración es relativa. Para un multimillonario, tal vez medio millón no sea nada. El sueldo de un banquero local y el de un rector extranjero universitario tal vez sean equiparables o quizás no. Como se ve, de todos modos, la riqueza monetaria personal sí es un valor que muchos, desde su particular lugar en el mundo, protegen y quieren preservar.
En abstracto, se debería pensar en que la ley que reforma la hasta hoy existente referida a herencias no tendría que ser injusta –aun ni con grupos minoritarios- ni tener un carácter confiscatorio –aun si solo el 2% de toda la población ecuatoriana se ve afectada- Los argumentos para sustentar sus beneficios no tendrían, de nuevo, que partir de casos particulares, como “familia tipo de tres hijos”, sino en principios generales, porque en el Ecuador no todos los propietarios están casados ni mantienen sociedad conyugal ni tienen tres hijos. ¿No debería ser la meta que, en efecto, todos sean propietarios y tengan bienes que legar? Leyes de esta índole no tendrían que ser de carácter urgente, sino el resultado de un debate social plural y diverso.

Hoy por hoy, hemos sido conducidos a un enfrentamiento horrible entre pelucones y pueblo; entre pobres y ricos, entre defensores del status quo y conservadores, pero ya  hemos visto que, en mucho, se trata de una falsa lucha, porque unos y otros defienden intereses cuya legitimidad debería ser objetivamente analizada. Años de fracasos en los países de regímenes comunistas o pretendidamente comunistas muestran que frente a la idea del Estado como dueño de todo, rey y señor, juez y árbitro, es mejor, más digno y equitativo, que el Estado se preocupe por construir un reino de bienestar y derechos a un conglomerado de ciudadanos libres y propietarios.