Se necesita algo más que retórica para luchar en serio contra la corrupción. Aunque no mucho. Porque así como existe un entramado estatal de difícil desmontaje, que probablemente requiere de profundas reformas constitucionales para transparentarlo, hay medidas simples e inmediatas que provocarían efectos concretos. Por ejemplo, anular la decisión de declarar reservados los documentos contables de COOPERA, la cooperativa de ahorros azuaya que provocó una de las más sonadas estafas de la era correísta. Para hacerlo, Lenín Moreno no necesita más que una pisca de voluntad. El caso COOPERA es paradigmático, porque estuvo estrechamente ligado a actividades y funcionarios del gobierno correísta y de Alianza País.

Algo similar podría ocurrir con la lista de Odebrecht. Al margen de la decisión de la Fiscalía brasileña de mantener en reserva los nombres de los involucrados, el gobierno ecuatoriano tiene toda la potestad y justificación para exigir su divulgación. A fin de cuentas, se trata de un caso de sobornos que comprometen fondos públicos. Es decir, de un delito contra el patrimonio nacional.

Es cierto que muchos casos de corrupción están sometidos al típico enredo jurídico y burocrático de nuestra legislación. No sería lícito exigirle a Moreno que atropelle la Constitución y las leyes para desenmarañarlos. Pero sí podemos demandar una hoja de ruta para desmontar el esquema de impunidad que nos heredó Correa. Empezando por el mal llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

A partir de eso podría pensarse en una reestructuración profunda de las instancias estatales encargadas de velar por la transparencia en la administración pública. De manera particular, la Contraloría y la Fiscalía. Porque tal como están diseñadas y conformadas, estas instancias no tienen más propósito que el soterramiento de los actos de corrupción del correísmo. ¿Puede alguien en sus cabales pensar que funcionarios que durante una década han medrado del régimen van a convertirse en sus principales verdugos?

Dos explicaciones pueden ensayarse para el intento del gobierno de crear un frente para combatir la corrupción: ingenuidad o una perversa intención. En todo caso, cualesquiera de las dos explicaciones nos conducen al mismo callejón sin salida: la total inutilidad de la iniciativa. Ya la Comisión Cívica Anticorrupción puso la debida distancia con la invitación del Presidente de la República.

Mal inicio para una responsabilidad que exige mucho más que buenas intenciones. Peor aún luego de las promesas expresadas en el discurso de posesión. Lenín Moreno no puede generar dudas ni suspicacias al respecto, pues durante diez años fue parte de correísmo. Si no genera hechos concretos, como divulgar la lista de Odebrecht, su imagen puede quedar envuelta en los sutiles velos de la complicidad.