El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Corrupción. Corrupción de la que se habla mucho desde el Estado y la sociedad civil, y que nos invita a reflexionar sobre la incoherencia e hipocresía de quienes dicen ser transparentes y despilfarran sin pudor alguno los recursos de todos los ecuatorianos en vanidades y actos propagandísticos, o en los ya conocidos contratos direccionados y con sobre precios, cuya puesta en escena se pone históricamente de manifiesto en tiempos de emergencia, más aún en temas sanitarios, sin que esto excluya otros más en donde existe dinero de por medio para hacer compras relámpago a gran escala.

Los problemas del sistema de justicia no se quedan atrás, la mayoría desconfía de los jueces y sus sentencias, mientras la judicialización de la política —un hecho nada nuevo en el país— se afianza en liderazgos cuya única orientación clara es la pugna de poderes entre funciones del Estado. Aquí la inestabilidad, los escenarios de ingobernabilidad y las afectaciones a los ciudadanos, quedan relegados frente al afán desmedido de poder de las élites gobernantes.

Y qué decir de los partidos y movimientos políticos que postulan —sin pudor y bajo conocimiento de causa— a deshonestos como opción electoral y de gobierno, sin que exista ningún impedimento. Clientelismo, compra de votos, tráfico de influencias y la presencia del dinero ilícito tampoco son la excepción.

Pero la corrupción también permea con la gestión de trámites y la demanda de servicios públicos de calidad, principalmente los de salud y educación, que causan reclamos permanentes. O cuando los ciudadanos requieren información del Estado y sus instituciones, y en lugar de recibirla obtienen como respuesta el silencio.

Esto abona a que se promuevan y reproduzcan viejos y remozados patrones culturales de impunidad al amparo de una falsa transparencia que pretende lavar la imagen de cualquiera. El resultado de esto es el debilitamiento —y hasta cierto punto la descomposición— de la estructura de un Estado y una democracia cooptadas por prácticas corruptas, que a lo largo de los años y sin importar lo variopinto de los regímenes de turno, han privilegiado los intereses de pequeños grupos políticos y económicos del país, así como de grandes grupos transnacionales. El Caso Odebrecht es el mejor ejemplo.

Con suma razón la Organización de las Naciones Unidas sostiene que “la corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho”.

Por ello, para combatir este mal, se requiere de una sociedad civil y de una ciudadanía independientes, libres de toda ligazón umbilical con el Ejecutivo, porque este —lastimosamente— no podrá desmontar los incentivos delincuenciales que en muchos casos operan desde sus entrañas o con su anuencia, por más buenas intenciones que tengan algunos de sus funcionarios, pues la mayoría de los ecuatorianos todavía tiene presente que, por donde quiera que se vea o se ponga el dedo, de las instituciones del país drena pus.

Cambiar esta realidad requiere tiempo y un arduo trabajo en valores al que todos debemos sumarnos.