Pensar la lucha contra la corrupción como una política pública de Estado no debería generar urticaria, ni ser motivo de reproche por parte de algunos sectores de la sociedad civil que por diferencias o animadversiones ideológicas y políticas con el actual Gobierno pretenden deslegitimar –de entrada– cualquier intento de autodepuración en el Estado. Cuando lo verdaderamente reprochable es que los gobiernos anteriores naturalizaron la inobservancia, la desidia y la complicidad frente a este tema, a tal punto de que la lucha contra la corrupción se convirtió en una herramienta de uso selectivo, en unos casos y, en otros, no pasó de las declaraciones políticas a los hechos prácticos. ¿Cómo entender entonces a estas voces críticas? Si lo que se busca es una política pública de Estado y no de Gobierno, que trascienda las venganzas y los egos, se requiere de una multiplicidad de actores de la institucionalidad pública, así como de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. Es decir, se necesita de una iniciativa a gran escala, diversa en su composición y libre de sesgos.

Por años la ausencia de una política pública eficiente en la lucha contra la corrupción fue el traje a la medida de la delincuencia organizada y la impunidad. Ante este panorama, la participación activa de grupos y organizaciones de la sociedad civil cobró legitimidad, ya que centraron su trabajo en la investigación y puesta en escena de denuncias sobre los hechos de corrupción suscitados al interior de las instituciones estatales. De esta manera, varios de los activistas de la sociedad civil –en su mayoría hombres y mujeres de amplia trayectoria política y social– se reafirmaron como voces exclusivas y autorizadas en este ámbito.

¿Por qué no sumar esfuerzos a la propuesta gubernamental para evitar la lucha en solitario contra la corrupción? ¿A quiénes beneficia la ausencia de una política pública sobre esta materia? ¿Será acaso que los críticos a los lineamientos de la política pública anticorrupción expuesta por el régimen en las postrimerías del 2021, miran en este documento y en su posible ejecución la potencial pérdida de su protagonismo político y mediático? Recriminar a este Gobierno por hacer su trabajo es incongruente, al menos si se considera que la lucha contra la corrupción es y debería ser el espacio propicio para el encuentro, la agregación y la convergencia de voluntades con sentido de nación. Más aún cuando los lineamientos expuestos presentados por el Ejecutivo son eso, lineamientos. No están escritos en piedra.

Sospechas sobre la eficiencia de esta política pública pueden existir. Dudar no es malo, más aún luego de una década de autoritarismo y concentración abusiva del poder; pero los tiempos –al menos hasta el momento y pese a los errores– se muestran diferentes. También es cierto que en varias instituciones del Estado los cabecillas de la corrupción son sus autoridades y mandos medios. La historia institucional del país da cuenta de ello. Por eso, en lugar de esgrimir reparos para que el Gobierno y el Estado cumplan con sus obligaciones lo que sí debemos preguntarnos es: ¿Cómo neutralizar la corrupción desde las entrañas del Estado? ¿Qué papel debería jugar la sociedad civil en ello? ¿Cómo garantizar mecanismos de protección a quienes denuncien la corrupción para que las víctimas no se conviertan en victimarios? ¿En qué medida es posible recuperar el dinero robado al Estado producto de la corrupción y la delincuencia organizada? ¿Cuáles deberían ser los cambios constitucionales y legales para que los lineamientos de la política pública anticorrupción se lleguen a ejecutar durante este mismo gobierno y no perezcan o se desdibujen en los siguientes?

La lucha contra la corrupción no es una patente exclusiva de particulares o privados, por más loables que sean sus intenciones por adecentar la república.

El Estado está en la obligación de aunar esfuerzos en el establecimiento de una política nacional anticorrupción, mediante consensos y con la participación activa de la sociedad civil; incluso en la elaboración de un cúmulo de estrategias viables que permitan su operatividad. Solo así se podrán prevenir y evitar futuros atracos a la nación.