Las demandas de nuestros tiempos son tan amplias y variadas como permite la diversidad humana y como exigen las situaciones críticas y complejas que atravesamos.

 Muestra de ello es que la ONU, que teóricamente guía o delimita los acuerdos globales de los estados en el camino al bienestar humano, pasó de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; pasamos de objetivos predominantemente socioeconómicos a un equilibrio entre objetivos ecológicos, sociales, económicos y políticos, con mucha más integración entre ellos. La crisis debida a la presión a la que hemos sometido a los sistemas que mantienen el equilibrio vital, y a los prevalecientes indicadores de desigualdad social, amerita agendas de ese tipo: amplias e integradas. En palabras de Annie Leonard, lo bueno de tener un problema tan amplio (refiriéndose a la crisis global climática y social) es que hay muchos puntos de intervención. 

Así, nos encontramos con varios grupos sociales que, en función de diferentes necesidades, se encuentran luchando por diversas agendas. Están la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por el acceso al agua y la soberanía hídrica, la lucha por la seguridad alimentaria y la agroecología, la defensa del equilibrio de los ecosistemas, la defensa de los animales no humanos, la lucha por la educación de calidad, entre varias otras. Algunas de estas agendas, de hecho, tienen su expresión en los ODS: equidad de género (ODS 5), agua limpia (6), hambre cero (2), acción por el clima (13), vida de los ecosistemas marinos (14) y terrestres (15), y educación de calidad (4). Otras agendas, como la de la comunidad LGBTIQ+ o la relativa a los derechos culturales, rebasan la agenda internacional. Todas estas luchas son legítimas, en medida que no se contraponen y que buscan el avance en derechos y libertades para determinados grupos, y esto se traducirá en el avance de toda la sociedad humana.

Sin embargo, todas estas luchas dependen, necesariamente, de condiciones básicas sin las cuales no puede haber opinión, diálogo, negociación ni avance. Dependen de que la sociedad cuente con acuerdos básicos de convivencia social; de que se garantice la libertad de expresión; de que existan mecanismos de diálogo, debate y participación ciudadana. En suma, estas luchas requieren inscribirse en un campo democrático y de acuerdos mínimos en torno a derechos y libertades. Tan es así que la propia Agenda 2030 tiene como ODS 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”.

Pero no es solo la Agenda 2030 la que contempla como objetivo esencial la existencia de paz, justicia e institucionalidad. La experiencia nos muestra que, cuando estas condiciones mínimas no existen, el resto de luchas son relegadas o incluso están expresamente prohibidas. Imaginemos la lucha LGBTIQ+ bajo el régimen nazi o bajo el régimen soviético-ruso, la lucha feminista en el Afganistán talibán, la lucha por los derechos de los animales durante las monarquías medievales, la lucha ecologista en la China capitalista de estado, alias comunista, o, sin ir tan lejos temporal y geográficamente, las luchas feminista, LGBTIQ+, ecologista y animalista bajo los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Existen grupos luchando, por supuesto, y valientemente, pero, ¿qué tanto avance pueden tener sus agendas, cuando derechos mínimos como libertad de expresión y asociación están prohibidos legalmente o de facto? Y no solo es preocupante el sistema político imperante en esos países, donde las elecciones o no existen o son una farsa, y donde las personas que intentan levantar voces críticas son tildadas de traidoras, perseguidas, reprimidas y hasta encarceladas y torturadas; también preocupan sus vínculos con cárteles y organizaciones del narcotráfico. ¿Qué sentido tienen las luchas sociales y ecológicas cuando los países están tomados por mafias políticas cuya única lógica es la acumulación de poder político y económico y la impunidad?

No se puede obviar que, para el avance de las agendas de derechos y libertades, también es fundamental la satisfacción de ciertas necesidades básicas que tienen que ver con la subsistencia y el bienestar material; para más señas, Europa llegó a ser lo que es en términos de democracia, derechos y libertades, después de apropiarse de las riquezas de medio mundo -léase invadir y despojar-, y Estados Unidos se convirtió en la tierra soñada después de que las colonias alcanzaron cierto nivel socioeconómico -basado en la apropiación de tierras y la mano de obra esclava-. Ahora tenemos conciencia de que la satisfacción de necesidades y los derechos deben ser universales, por lo que el enriquecimiento de un grupo no se puede basar en el empobrecimiento de otro; y también hemos llegado al acuerdo, o al menos eso indica la Agenda 2030, de que necesidades básicas, garantía de derechos y democracia no solo no se contraponen, sino que son indivisibles, están interrelacionadas, y deben integrarse. Los ejemplos anteriores demuestran que esta integración funciona: Europa no habría consolidado sus sistemas de bienestar sin consolidar sus sistemas de democracia liberal y parlamentaria; Estados Unidos es lo que es, también, por su sistema federal y descentralizado.

Por otra parte, es cierto que muchos de los avances de la civilización en términos de derechos y satisfacción de necesidades han ocurrido en contraposición a los poderes centralizados, políticos y económicos (dialéctica), a veces incluso recurriendo a la violencia. Pero también, la experiencia nos muestra que, cuando se intenta satisfacer las necesidades básicas de toda la población a través de la toma del poder político y la estatización de la economía, se termina inevitablemente en regímenes absolutistas de terror. “No se come de democracia”, “es fácil hablar de división de poderes después de haber comido”, dicen quienes ponen en entredicho a la democracia. Bueno, no hay ningún caso de sistemas antidemocráticos donde se haya superado el hambre; el régimen de Stalin, de hecho, provocó el Holodomor, la hambruna que causó más o menos 7 millones de muertes. Más cerca, basta con preguntar a las y los inmigrantes cubanos o venezolanos por qué abandonaron su país. Reiteremos: democracia, derechos humanos y satisfacción de necesidades básicas van de la mano.

Aterricemos en Ecuador. Hace apenas cinco meses evitamos volver a un gobierno manifiestamente autoritario, comprobadamente delincuencial y airadamente promotor del odio y la división (pero... a qué costo). Y no podemos decir que lo evitamos indefinidamente; al contrario, el grupo en cuestión sigue buscando la forma de volver al poder, de cualquier forma, con la lógica mencionada de poder e impunidad, e incluso tomándose las luchas sociales sin memoria ni vergüenza. Por eso, lastimosamente, no es fácil retomar sin más las agendas de nuestros tiempos (ecología, derechos de las mujeres, diversidades, derechos de los animales no humanos...). No se trata de postergarlas o relativizarlas; se trata simplemente de, a la par que se defiende y se lucha por esas agendas, garantizar condiciones que permitan seguir luchando por ellas; se trata de estrategia; se trata de revisar la historia de represión a la comunidad LGBTIQ+ en Cuba, de observar si en Nicaragua se puede avanzar en el derecho a decidir, de preguntarse si en Venezuela las personas se preocupan por los ecosistemas o por el avance en derechos más allá de sus necesidades urgentes de alimentación y abastecimiento.

La mafia política sigue presente en Ecuador, desde adentro o desde afuera, cuenta con recursos económicos para la desestabilización, sigue teniendo vínculos con grupos delincuenciales, sigue infiltrada en varias de las organizaciones sociales, y aprovechará cualquier oportunidad que aparezca para volver al poder y a la impunidad. No es dable, por tanto, que las luchas de nuestros tiempos contribuyan a fortalecer la lógica desestabilizadora y de búsqueda de poder e impunidad; más bien, deberían defender la cancha democrática, al menos por estrategia. Es legítimo, urgente y necesario seguir luchando por los derechos mencionados, por la igualdad y la justicia ecológica y social. Y es también fundamental que esa agenda vaya de la mano con la defensa y la preocupación por la democracia, la libertad, la estabilidad política y la paz social.

Nota 1: tal vez hoy la división no es tanto entre correísmo y anticorreísmo, sino entre quienes creemos que el correísmo todavía representa un peligro para la democracia y quienes consideran que es un problema superado. La fractura social hace que el primer grupo tilde al otro de “correísta tapiñado”, y el segundo al primero de “lassie”. En lugar de caer en ese rezago de odio, podríamos hacernos las siguientes preguntas: ¿qué tanto el correísmo es una mafia política?, ¿qué tan peligroso sería que regresen al poder? ¿qué tan probable es su regreso?, ¿qué tan infiltrado está el correísmo en la CONAIE y otras organizaciones sociales como el FUT y las FEUEs?, ¿cómo peleamos por el avance en derechos y libertades, la igualdad y la justicia social, sin hacerle el juego a intereses que no representan, ni de cerca, la democracia, la paz y la libertad?

Nota 2: al momento de escribir esta columna, existe incertidumbre sobre si el presidente Lasso firmará o no la Carta de Madrid promovida por el partido conservador de ultraderecha VOX. Aunque la Carta pretende ser un manifiesto democrático y contrario a las dictaduras de izquierda y grupos afines del continente y la península ibérica, VOX es manifiestamente contrario a varias convenciones de derechos humanos que tienen que ver con las luchas actuales (inmigración, género, diversidad sexual e incluso niñez). Si el gobierno de Lasso alinea su agenda y sus acciones a este discurso, dará igual que sea un gobierno democrático; simplemente se irá directo contra varias de las luchas de nuestros tiempos. Ojalá el presidente recuerde que llegó ahí también por la convicción de varias personas que militamos en todas esas luchas y, por supuesto, en la lucha por la democracia.