¡Lo digo de frente y sin tapujos porque el país merece un baño de verdad, para dejar de lado todo tipo de cinismo! ¡Sí, cinismo! Las condiciones étnicas y de género se han convertido en una suerte de muletilla mediática con la cual se hilvanan desde el poder toda clase de verborreas discursivas que —a manera de cortina de humo— intentan soslayar la ineficiencia en el manejo de la gestión pública. 

¿Acaso el ser mujer e indígena es condición sine qua non para que exista transparencia, pulcritud y responsabilidad en la administración de la cosa pública? Si esto fuera así, un segmento de la sociedad: las mujeres y los hombres blanco-mestizos estaríamos –me incluyo- condenados a la discriminación. Seríamos estigmatizados por “ineficientes”, ya que nuestra etnia y género así lo determinarían. ¡Qué estupidez!

¿Cuestionar esta realidad nos convierte en machistas o racistas? La crítica al feminismo oligárquico con ademanes folklóricos y barrocos plantea la problematización de una realidad que salta a la vista: la fetichización de un prototipo particular de mujer indígena como portadora única de virtudes y valores en detrimento de otras mujeres, que no son indígenas pero forman parte de diversas etnias, y de los hombres blanco-mestizos. ¡Eso también es racismo, violencia y autoritarismo!

Esta ligereza con la que se apela a la revictimización no es gratuita, responde a una línea político electoral que desde octubre del 2019 se hace presente con mayor énfasis para romantizar la imagen de los y las indígenas con el fin mayor de liberar a su organización política de cualquier tipo de asociación con el correísmo, el vandalismo —o lo que es peor— el senderismo y el maoísmo. ¡Sí! El mismo que denunció Salvador Quishpe en octubre y que impidió que la violencia se detenga con mayor celeridad para el diálogo con el Gobierno. El mismo del asesor fantasma que cobró sin asistir a trabajar a la “Casa de la Democracia” y del que la opinión pública se ha olvidado.

¡Las mujeres, al igual que los hombres, también se equivocan! Las mujeres —“sumisas” o no, indígenas o no— han tenido desaciertos: la exculpación a la delincuencia organizada en “Arroz Verde”, la cortapisa a los derechos de participación de Yasunidos, la agenciosa presencia de un acólito del cura Tuárez en el seno de la democracia y su tráfico de influencias, son algunos de los casos.

No expreso esto con satisfacción —como podría argüir el feminismo oligárquico travestido de rojo o multicolor—. Al contrario, lo hago con dolor y hasta cierto punto con vergüenza ajena, porque esos errores –sumados a los desaciertos de otras instancias del Estado– han hecho que la transición a la democracia caiga en lo más profundo del despeñadero. Los síntomas se visibilizan por si solos: los cálculos electorales pesan más que el deseo de reconciliación que requiere la nación, al menos si se pretende recuperar la confianza ciudadana. Se intentan asumir nuevos retos de cara al 2021, pero con la óptica de los asesores del pasado, los de la década perdida, los censuradores a sueldo. ¿Es o no contradictorio esto?

Las instituciones democráticas deben ser orientadas por hombres y mujeres que, más allá de sus banderas político-ideológicas, sean demócratas que inspiren confianza en la ciudadanía. No por agitadores o agitadoras, ni activistas de callejón que apelan a su condición de género y étnica para re-victimizarse con el único afán de sostenerse en el poder defendiendo lo indefendible y garantizando los espacios de poder a sus aliados, aunque esto implique una posible laceración a la voluntad de los ecuatorianos.