El 5 junio de 2018, 19 países de la Organización de Estados Americanos votaron una resolución que desconoció las elecciones del 20 de mayo de este mismo año que atribuyó el poder presidencial a Nicolás Maduro en Venezuela. Se acusa al presidente bolivariano de haber celebrado los comicios sin oposición, sin veedores internacionales ni transparencia y violando los derechos humanos. La delegación venezolana protestó anunciando el retiro de la organización. Sin embargo, la medida tuvo la impugnación de la Asamblea Nacional de Venezuela y de la Corte Suprema, de tal manera que quedó en suspenso, porque un tratado no puede ser rescindido violando los procesos de suscripción. 

Los países que votaron forman parte del Grupo de Lima, una instancia multilateral que apareció tras la declaración homónima, el 8 de agosto de 2017, para condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela, desconocer a su órgano constituyente, reconocer a la Asamblea Nacional como a otras instituciones y para buscar una salida la crisis humanitaria que vive ese país. La declaración fue suscrita por todos los países sudamericanos, salvo Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Uruguay; por todos los países centroamericanos, salvo Nicaragua; y por México y Canadá en Norteamérica, salvo los Estados Unidos. El grupo está compuesto por 14 países, a los que se sumó República Dominicana, aliado tradicional de Venezuela, y otros tres países caribeños, las Bahamas, Jamaica y Barbados, además de los Estados Unidos que impulsaron la resolución. El grupo consiguió un voto más de los necesarios y se aprobó la medida de rechazo.

Seis países de este grupo, cinco sudamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú) y un país norteamericano (Canadá), oficializaron una petición dirigida a la Corte Penal Internacional para que investigue la comisión de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014 por el gobierno de Nicolás Maduro. La petición se fundamenta en los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un tercero por un grupo internacional de juristas a solicitud del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

La petición, considerada jurídicamente como una remisión, es única en su especie porque se trata de la primera vez en la Historia de la Corte Penal de la Haya desde 1998 que uno o varios Estados Parte remiten directamente a la Fiscal Jefe de la Corte la apertura de una investigación. Antes, en febrero de este mismo año, la Fiscal Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar que, según el Estatuto de Roma, debía procesarse ante la Cámara de Asuntos Preliminares, órgano que calificaría la continuidad de la investigación penal. Pero ahora, por esta iniciativa internacional, la Fiscal deberá arrancar directamente con la acción penal, ahorrando tiempo al proceso.

La remisión multiestatal recogió los informes sobre la situación de Venezuela que revelan las 8292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015, los más de 12 mil opositores arbitrariamente detenidos desde las elecciones presidenciales de 2013 y los más de 1300 presos políticos, los 289 víctimas de tortura por manifestar su oposición al gobierno, los 2 mil casos de personas heridas durante las protestas iniciadas el 1 de abril de 2017. A esto se añade la militarización de la sociedad y la intimidación terrorista.

Pero la Corte Penal Internacional no está exonerada de desconfianzas. No parece una coincidencia que estas iniciativas esperaran a la salida de Silvia Fernández de Gurmendi, ex presidenta del órgano y antigua funcionaria del kirchnerismo, que en enero de este año recibió en visita oficial al ex convicto Mikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela. Felizmente, el nigeriano Chile Eboe-Osuji se posesionó como presidente juez del órgano el 11 de marzo de 2018.

Pero Estados Unidos, el promotor de la resolución en contra del régimen de Maduro, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. E inclusive su Ley de Protección de Militares Estadounidenses expedida en el 2002, durante el gobierno de George Bush, literalmente prohíbe la intervención militar en países suscriptores del Tratado de Roma que es el instrumento que da vida jurídica la Corte de la Haya. Esto quiere decir que Estados Unidos no intervendrá militarmente Venezuela como dicen los bolivarianos.

El único órgano con capacidad de restablecer la paz en Venezuela es la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, conformado por 5 naciones con veto y 10 miembros no permanentes elegidos cada dos años es el órgano internacional que puede decidir una intervención, con el voto de nueve de sus miembros. Pero en caso de que una de las naciones permanentes negara la solicitud, por ejemplo Rusia, el veto detendría cualquier acción de naturaleza militar, con lo cual la acción armada es más difícil de lo que se cree. 

Con esta, sería apenas la tercera vez que la Corte abre un expediente en contra de un mandatario. Ya lo hizo con Uhuru Kenyatta y su suplente William Ruto que durante su campaña política de 2007 por la presidencia de Kenia provocaron disturbios calificados como violencia electoral. Los cargos fueron confirmados en el 2012, pero aun así Kenyatta ganó la presidencia en el 2013. Lo mismo sucedió en 2010, cuando Jean-Pierre Bemba, vicepresidente del Congo fue sentenciado por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.

Maduro va al banquillo de los acusados, pero con más suerte que desgracia. Nos dueles Venezuela.

@ghidalgoandrade