Desde el punto de vista técnico las salidas que tiene el país son conocidas, sin embargo entre los actores políticos no hay la voluntad para alcanzar acuerdos en torno a esas posibles alternativas. Ello ya no concierne a la técnica, sino a la política. La dificultad para tender puentes entre la política y la técnica motivó la creación de una instancia de planificación en 1954. Como instancia de diálogo y negociación entre distintas fuerzas sociales.  

Se trató de un ente altamente especializado que aportó asesoría técnica para la toma de decisiones. Dado que los gobernantes tienen un tiempo limitado para la toma de decisiones, contar con un cuerpo especializado en temas económicos y sociales, les ayudaba a pensar, en forma oportuna, medidas fundamentadas en el conocimiento experto.

La llamada clase política, sin embargo, fue reacia a la planificación, y adicta a la improvisación. El corto plazo se antepuso al más largo plazo. Ello produjo una discontinuidad de la acción de los gobiernos. Cada uno empezaba de cero, desaprovechando la labor de su predecesor.

Por razones ideológicas, la planificación quedó relegada en el período democrático. Se la asoció a la planificación estatista que imperaba en el socialismo real. Se habló, entonces, de la crisis de la planificación.  En el gobierno de Rafael Correa se resucitó a la planificación, con la creación de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES). No hubo, sin embargo, un balance entre las funciones técnica y política. Preponderó la visión política del gobernante, lo que se tradujo, en la discrecionalidad en la ejecución de los proyectos que adolecieron de muchas fallas técnica y económicas.   Los técnicos no gozaron de suficiente autonomía como para proveer de asesoría para el diseño y ejecución de tales proyectos. Ello propició el cometimiento de actos de corrupción y de un mal manejo de los recursos públicos.

Ahora que nos acercamos a un nuevo evento electoral para renovar los cuadros directivos del  estado, sentimos la necesidad de contar con una instancia técnica que formule propuestas bien fundamentadas que le sirvan al nuevo gobierno para hacer frente a la crisis monumental que enfrenta el Ecuador.

La campaña electoral alienta la formulación de ofrecimientos difíciles de cumplir. Ello genera un divorcio entre las expectativas ciudadanas y el ejercicio práctico de gobierno. Lo cual afecta la credibilidad de la democracia.    

Dado que no son posibles los acuerdos a nivel interno entre los actores políticos que se disputan el acceso al poder democrático, es necesario formular objetivos compatibles con la realidad y con la difíciles circunstancias que vive el país.  Los compromisos asumidos por este gobierno en la renegociación de la deuda  y que rebasan los períodos de algunos gobiernos, exigen acuerdos básicos más allá de las posiciones ideológicas más duras.   

Tales acuerdos pueden no ser de simpatía del electorado. De ahí que sea fundamental que los partidos de derecha, centro e izquierda, asuman con responsabilidad sus propuestas de campaña, poniendo por delante los intereses del país. Cabe que coadyuven a la creación de un clima favorable al logro de un gran acuerdo nacional, de manera que el próximo gobierno, cualquiera que este fuere, goce de suficiente credibilidad y apoyo para enrumbar al país  por la senda menos azarosa y que afiance la democracia.

Quizá quepa  reflexionar sobre la necesidad de recrear un organismo nacional  de planificación que pueda definir los grandes objetivos nacionales y actuar como interlocutor válido entre las instancias técnica y política. 

La agenda del estado incorpora ahora nuevas reivindicaciones como la igualdad de género, los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad. Hace falta, entonces, una visión  integral del desarrollo. Éste no se circunscribe al crecimiento económico.

La planificación no debe ser exclusivamente estatal, ni tampoco oponerse al mercado. El mercado, como lo ha mostrado China, no puede ni debe subestimarse ni anularse. La preponderancia del estado sobre el mercado, fue otra razón para la declinación y crisis de la planificación. Esta no puede ser centralizada,  sino convertida en una herramienta al servicio de los distintos actores sociales y políticos. Ello redundará en la mayor y mejor capacidad del estado para afrontar problemas de gran envergadura, ahorrándole la atención sobre problemas menores que pueden ser asumidos por los organismos y gobiernos locales. Las propias juntas parroquiales deberían convertirse en eficaces órganos de gobierno.

La reingeniería del gobierno es una tarea pendiente que no puede ni debe ser soslayada por los aspirantes al poder. Ello permitirá elevar el nivel del debate político entre las distintas fuerzas políticas y su compromiso frente a las tareas definidas a nivel macro, meso y micro. Sacar al debate político-electoral del plano puramente ideológico y coyuntural es el gran desafío para los partidos de izquierda y de derecha.