La semana pasada apareció en este mismo espacio de opinión un artículo de Cristina Burneo Salazar. Allí analizaba la nueva propuesta para revisar la medida de apremio personal por incumplimiento del pago de pensiones alimentarias.  A pesar de la aspereza y la desproporción de ciertas opiniones en contra, no se puede obviar un debate fundamental respecto de los derechos de las mujeres y los menores de edad.

El argumento de que la prisión por pensiones alimentarias ahonda la pobreza de los involucrados es falaz.  Ni siquiera está respaldado por una investigación seria y fundamentada. Personalmente me consta que, en las cárceles del país, los casos de internos que no tenían posibilidades reales de cumplir con sus obligaciones (el célebre “impuesto al banano”, en jerga carcelaria) eran ínfimos.

Durante años observé que la gran mayoría de detenidos no pagaban las pensiones porque no querían. No porque no pudieran. Tan era así que resolvían las demandas en cuestión de días. En el fondo, el incumplimiento respondía a un patrón fundamentalmente cultural –no económico–, donde la presión del entorno cumplía su cometido: obviar el pago era una forma de ratificar la masculinidad. Y cuando de por medio existía otra familia, era una justificación para la irresponsabilidad. ¡Cómo le vas a dar plata a la otra man, no seas cojudo!

La argumentación del Presidente de la República para flexibilizar las medidas de apremio es tramposa, porque busca romper la cuerda por el lado más delgado; es decir, por los derechos de las mujeres y sus hijos. Encubre el fracaso del proyecto político de Alianza País; disimula la incompetencia del correísmo en la solución de la pobreza atribuyéndola a factores ajenos (¿qué tiene que ver la irresponsabilidad paterna con problemas estructurales?); descarga el problema sobre los más débiles. En resumen, quiere tapar la caca de gato con caca de perro.

Suavizar las medidas de apremio consolida una visión completamente patriarcal de las relaciones de poder.

Es el “mashismo” reconcentrado, la nueva doctrina de la paternidad irresponsable. La medida de apremio personal impide que la mujer afectada, que de angas o de mangas no obtiene la pensión, al menos reivindique su dignidad y sienta que sus derechos están amparados por la ley.

No es cierto que dicha medida criminalice la pobreza. En los casos en que un hombre no tiene posibilidades de generar ingresos deberían buscarse alternativas puntuales. La generalización, en cambio, encubre a muchos hombres que buscan un atajo para desentenderse de sus obligaciones. Además de machos, malos pagadores.

Si a la cultura de informalidad que impregna nuestra sociedad le añadimos el machismo rampante, se obtiene una mezcla explosiva. Con diez años de autoritarismo y abuso del poder del correísmo, obviar las leyes se ha convertido en virtud. Si olímpicamente te pasas un semáforo en rojo, manoseas las leyes, alteras las reglas de juego, ¿por qué vas a cumplir con tus hijos?

Lo más curioso de esta ofensiva conservadora es que los argumentos se reducen al tema económico: poner en duda la capacidad administrativa de las madres que reciben una pensión, imponer condiciones, interceder en las decisiones autónomas de las mujeres. ¿Que destinan el dinero a gasto suntuario? ¿Y no lo hacen también los machos proveedores?  Se está confundiendo el principio con la finalidad. La obligación prioritaria e ineludible del padre es pagar una pensión; lo que se haga con ese dinero es tema de otra discusión, harina de otro costal. ¿O vamos a imponer un patriarcado a control remoto?

La pregunta de rigor es por qué estos adalides del “mashismo” nunca pelean por la custodia de sus hijos, sino por la tabla de pensiones. Nada se habla de los afectos ni de los cuidados. Como lo más fácil es pasar la plata, entonces hay que buscar las condiciones más cómodas. ¿Qué piensan hacer con una madre que les proporciona amor y cuidados a sus hijos, aunque sea desordenada con el uso del dinero? ¿Le van a pedir recibos de todos los gastos?

Todo se reduce a una defensa patrimonial de hombres con ingresos medios y altos. Pura complicidad “mashista”.