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15 de Septiembre del 2014
Ideas
Lectura: 8 minutos
15 de Septiembre del 2014
Natalia Sierra

Catedrática de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Quito 

Matemática elemental: el Gobierno y la legitimidad de la protesta social
La sociedad civil, convertida en masa consumidora obviamente acrítica, asiste cada cierto tiempo a las urnas como quien se dirige al centro comercial para adquirir su producto político entre varias ofertas de marcas electorales, sin ningún criterio político y menos aún crítico.

Es un hecho lamentablemente que en la sociedad actual, dominada por la lógica mercantil, el sistema político, sitiado por el mercado electoral, ha reducido la participación política a un vulgar marketing publicitario.

Hace mucho tiempo que la democracia representativa dejó de ser un espacio de participación democrática de la sociedad, con todas las limitaciones que tiene éste, para convertirse en un mercado donde se ofertan todo tipo de marcas electorales, tal como se ofrece cualquier mercancía de consumo masivo. La elección por proyectos políticos, que de alguna manera expresaban diferentes opciones de gobierno, ha sido remplazada por un clientelismo político  donde se “compran” productos electorales, que como toda “buena” marca mercantil ofrecen sin pudor la “felicidad” total. 

El debate político de la sociedad, hoy, no es más que una ruidosa competencia mercantil asentada en el cálculo monetario de cuánto cada personaje político o cada organización política ha invertido en la campaña electoral. De esta forma, la democracia electoral no es más que un producto a ser consumido por la voracidad de la masa de votantes, masa consumidora, que no conoce otra forma de “participación” en la vida política.

La sociedad civil, convertida en masa consumidora obviamente acrítica, asiste cada cierto tiempo a las urnas como quien se dirige al centro comercial para adquirir su producto político entre varias ofertas de marcas electorales, sin ningún criterio político y menos aún crítico.  En este mercado electoral, los ciudadanos son apenas cifras, muchas veces alteradas para crear un impacto mediático en  toda la sociedad y conquistar de esta forma más nichos (target) de votantes, con lo cual se busca asegurar el triunfo y recuperar y acrecentar la inversión hecha en la campaña. La competencia electoral, como no puede ser de otra manera, exige igual o mayor violencia que la competencia empresarial, pues lo que se juega en la “cancha democrática” no solo es ganancia y acumulación  económica, sino política e ideológica.  Vale la pena apuntar que en este mercado electoral uno de los grandes ganadores, que muy pocas veces, sino ninguna, pierden son las agencias de publicidad política y las grandes encuestadoras, quienes cobran cifras descomunales  para posicionar la marca política a venderse y garantizar su triunfo, es decir llegar a las distintas instancias estatales. En resumidas cuentas, la democracia electoral mercantil es el gran negocio de los tiempos políticos actuales, razón ésta por la cual cada vez más hay “emprendedores” que  quieren tener su propia empresa electoral, convertirse en candidatos, fundar partidos, hacer negocios.  

Así, también, es un hecho penoso, consecuencia y generador del primero, que los Gobiernos gobiernen en atención a encuestas y resultados estadísticos que miden el apoyo popular como se mide el ranking de cualquier empresa, con el fin de contar su nivel de venta y, obviamente, de ganancia. El pueblo otrora soberano ha sido reducido a una masa de consumidores de ofertas clientelares cada vez más absurdas y  obscenas. Las políticas públicas se deciden según cuanto éstas suben o bajan la popularidad del Gobierno y principalmente del producto estrella el líder, ya no en función de proyectos políticos o demanda concretas de las poblaciones. En subordinación a esta lógica de la ganancia, asistimos al imperio de la econometría estadística que miden la tendencia en la masa de votantes y a partir de los resultados obtenidos se orienta el destino de la sociedad, por sobre y, muchas veces, en contra de los acuerdos pactados legítimamente por los distintos actores sociales.  La garantía de los derechos ciudadanos depende de si su ejercicio  sube o baja, según digan las encuestas, el  apoyo al régimen y su futura reelección. A propósito de cuentas todo es susceptible de ser vendido y comprado, todo puede ser convertido en valor mercantil.   

El movimiento en el Gobierno, experto como es en marketing y publicidad política, no por nada ha ganado tantas competencias electorales, ha llevado su mercadotecnia política a niveles sorprendentes, solo vistos en el “milagro ecuatoriano”. Ante la decisión soberana  de la sociedad de ejercer su participación política real por fuera de la feria electoral -organizándose de forma autónoma para manifestar en el espacio público sus opiniones, su criterio, su inconformidad, sus legítimas demandas-, el Gobierno responde con argumentos basados en la matemática más elemental, propia del cálculo mercantil de la suma (ganancia) resta (pérdida). “Si el miércoles ellos son 3000 nosotros seremos 30.000 en la Plaza Grande”.  La lógica de conquistar mercados electorales, es decir votos, se traduce, ya como gobierno,  en cuantos seres humanos convertidos en números se pone en las contra marchas. Al parecer el empobrecimiento del pensamiento humano, por efecto de la dictadura de la razón mercantil, no conoce límites.

Solo el positivismo económico más cínico puede tener el atrevimiento de reducir la complejidad política de una sociedad, tan heterogénea como la ecuatoriana, a un asunto de cantidades, de números que se suman o se restan. La dimensión política del ser humano es quizás su dimensión más compleja y complicada, pues en ella se debate nuestro destino como sociedad, el mismo que no se resuelve sumando votos, ni sumando individualidades atomizadas para aumentar la masa acrítica subordinada a un poder cosificado.           

La sociedad políticamente organizada debatiendo, discutiendo, decidiendo  su destino común de manera permanente y de forma autónoma y soberana es la base de la democracia real y radical que tanto “defienden” los gobiernos “progresistas” en América Latina. El poder político del pueblo no empieza y menos termina en la democracia representativa - menos en las condiciones actuales de la misma-. Tampoco el poder  político de la sociedad  y su legitimidad se mide por la cantidad de individuos que asisten a una marcha, peor aún a una contra marcha. La legitimidad de la expresión política de una sociedad está dada por la justicia  de su demanda, que en este caso específico es su derecho a ejercer su poder político de manera directa, para construir un destino común más justo.    

La política como atributo humano, más aún en el contexto de esta empobrecida democracia cercada además por un ejercicio gubernamental de corte autoritario, exige su actualización en su forma de acontecimiento político real y radical, exige la presencia del ser político ejerciendo su atributo en el espacio de lo común. La participación política directa no es una elección, obviamente menos mercantil, es una obligación ética que se nos impone como comunidad. Así, no importa en absoluto si somos 3000 o 30000, lo fundamental es que a pesar de la colonización del mercado electoral y de sus cálculos econométricos aún no hemos sido convertidos en masa, aún tenemos capacidad de pensar, de razonar, más allá de la suma y la sustracción.

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