Un boletín de prensa un colectivo GLBT de Cuenca circula, con cierto entusiasmo, entre los activistas de la diversidad sexual de todo el país. En él se relata la acción de protección presentada ante la justicia del Azuay para que dos parejas homosexuales, que se sabe están conformadas por dos hombres gais y un hombre gay  y una mujer trans, contraigan matrimonio igualitario. 

El caso es idéntico al de Pamela Troya y Gabriela Correa, dos lesbianas de Quito que se abanderaron por la lucha del matrimonio igualitario. Las parejas de Cuenca pidieron turno en el Registro Civil de Cuenca para casarse, y el Registro les informó que la Constitución prohíbe de manera expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Ese aporte constitucional, que hay que agradecerle a la Iglesia católica, los sectores ultramontanos de toda  la vida y, sobre todo, a la izquierda regresiva que se encaramó en el poder con el correato desde la colina de Montecristi, fue nuevamente esgrimido en Cuenca para negar los dos matrimonios que se pretendían, auspiciados por un colectivo local llamado Sendas. 

Como el Registro negó el proceso, las dos parejas apelaron a la justicia. Pero desde que Pamela Troya y Gabriela Correa lo intentaron en los tiempos más duros y sombríos de la Revolución tenebrosa del correato, alguna agua ha corrido bajo el puente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una resolución consultiva a pedido del Gobierno de Costa Rica, sobre si esos matrimonios deben o no ser inscritos en nuestros países. En una resolución contundente, la Corte ha declarado lo evidente: no hacerlo es una violación a la igualdad de las personas y una clara discriminación hacia los homosexuales de ambos sexos. Más allá de que se pueda creer o no en el matrimonio y la monogamia como opciones, es evidente que quienes aspiren a acceder a esas instituciones deben poder hacerlo sin discriminaciones. 

La resolución 24 de la Corte Interamericana, que no es vinculante para los Estados de la región, sirvió de argumento para que un tribunal de primera instancia de Cuenca conceda la acción de protección, en un hecho que en tiempos del correato y su control absoluto de todas las instituciones de la República de acuerdo con su moral cuasi fundamentalista habría sido imposible. Enseguida, los abogados del Estado, que representan al Registro Civil y a la Procuraduría, han apelado el caso, que ahora será conocido por la Corte Provincial de Justicia del Azuay. 

Pero hay dos elementos que llaman la atención en el boletín enviado por los activistas cuencanos. En primer lugar, el hecho de que sobre todo el proceso pesa una reserva pedida por los propios demandantes. No se conocen sus identidades ni se ventiló el caso en una audiencia pública. Si en la mayor parte de Occidente el activismo del orgullo se ha caracterizado, ante todo, por dar la cara, como lo hacen de manera cotidiana activistas como Pamela Troya y Danilo Manzano, en este caso insólito, la demanda está cubierta de un velo de misterio. Es como si se pretendiera un matrimonio dentro del clóset, que, de alguna manera, deslegitima la lucha de muchos activistas en este tema.

Más extraña aún resulta la insinuación  de que un fallo favorable será una garantía automática para que las parejas del mismo sexo se puedan casar en el Ecuador. Aunque la Corte Provincial ratifique lo actuado en la primera instancia y disponga la inscripción del matrimonio de las dos anónimas parejas, esta sentencia solo tendrá efecto con relación a su caso y no en ningún otro. Su valor político, entonces, será casi anecdótico: dos parejas anónimas que logran en Cuenca que se inscriba su matrimonio, aunque el estado civil es un dato de carácter público y el secreto no se entiende. 

Mientras tanto, la acción presentada ante la Corte Constitucional, por Gabriela Correa y Pamela Troya que, de ser aceptada, sí podría ser declarada de cumplimiento nacional y válida para todos los casos, sigue sin ser tratada. Tras la resolución del caso Satya, las juezas de esa Corte, conformada por seis mujeres y tres hombres, han detenido el tratamiento de temas polémicos, mientras los equipos de investigadores del Consejo de Participación Transitorio buscan argumentos para elaborar el informe sobre su gestión. 

Si se les pregunta a los abogados, este "litigio estratégico" sí se podría considerar un pasito más hacia la igualdad de derechos en el Ecuador. Pero su reserva inexplicable y la creación de falsas expectativas en torno a esta demanda es, sin duda, un error político. 

Desde @redlgbtiazuay, aplaudimos la voluntad de las Juezas Ileana Vallejo y Ruth Alvarez, quienes el viernes 29 de junio resolvieron que el Reg. Civil de #Cuenca inscriba el matrimonio de dos parejas a quienes el Estado negó el derecho a contraer matrimonio #AmorEsAmor#LGBTI pic.twitter.com/mr8O9Y64Kg

— RED LGBTI del AZUAY (@REDLGBTIAZUAY1) 2 de julio de 2018