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5 de Julio del 2019
Ideas
Lectura: 4 minutos
5 de Julio del 2019
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

Medicamentos: la misma vieja historia
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En esta carrera por el rendimiento pecuniario, la ética queda archivada en las gavetas de los gerentes de las gigantescas corporaciones farmacéuticas. Ajeno por completo a cualquier reparo axiológico, el negocio de los medicamentos a duras penas se somete a la ley.

Dos escándalos de corrupción acaban de sacudir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): los sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y la existencia de millonarios montos de medicamentos caducados en el hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Se trata de dos de las unidades de salud más grandes del país.

Nada nuevo, en realidad. Como en toda la administración pública, el enriquecimiento ilícito ha sido una práctica regular en el sector de la salud, particularmente en las adquisiciones. Si no fuera por las implicaciones dramáticamente humanas que tienen estos hechos, pasarían como una mancha más al tigre de la galopante corrupción en la que nos revolcamos desde hace una década.

El tema de la corrupción en la adquisición y provisión de medicamentos en el sector público tiene complejidades que van más allá de las consideraciones técnicas. No es suficiente con dotar al IESS –o, en su defecto, al Ministerio de Salud– de sistemas informáticos modernos, o de diseñar manuales de procedimientos rigurosos, para contrarrestar una lógica que hunde sus raíces en dinámicas estructurales. Mientras la salud sea un negocio rentable a nivel mundial, la codicia se alentará por distintos medios entre los profesionales del ramo. 

No es suficiente con dotar al IESS –o, en su defecto, al Ministerio de Salud– de sistemas informáticos modernos, o de diseñar manuales de procedimientos rigurosos, para contrarrestar una lógica que hunde sus raíces en dinámicas estructurales.

Junto con la industria del petróleo y de las armas, la industria de fármacos constituye uno de los mayores negocios del planeta (sin señalar a la industria del narcotráfico que, además de impúdica, es abiertamente ilegal). Para sostenerse en ese ranking privilegiado, necesita estimular el consumo de sus productos. Poco importan las necesidades reales de los pacientes, los derechos o la racionalidad en el uso de medicamentos. La clave está en vender cada vez más.

En esta carrera por el rendimiento pecuniario, la ética queda archivada en las gavetas de los gerentes de las gigantescas corporaciones farmacéuticas. Ajeno por completo a cualquier reparo axiológico, el negocio de los medicamentos a duras penas se somete a la ley. Estira la liga de las irregularidades hasta donde sea posible. Las estratagemas para circular en ese nebuloso campo entre los lícito y lo ilícito van desde la propaganda engañosa hasta la cooptación de autoridades, pasando por un perverso sistema de prebendas a los profesionales de la salud para que refuercen el consumo masivo de fármacos.

En tales condiciones, resulta inoficioso centrarse en los detalles. Por ejemplo, aspirar a una honradez individual que supuestamente contrarrestaría las prácticas corruptas en las instituciones públicas de salud.

El problema de fondo es que hay demasiado dinero de por medio. Por eso, justamente, la corrupción se desbordó durante el correato. Las compras innecesarias, los sobreprecios o la adquisición de medicamentos a punto de caducar han sido prácticas comunes desde que tenemos memoria. No obstante, jamás un proveedor ha sido objetado por estas actuaciones. Todo se reduce a la venalidad de un funcionario que, con toda justicia, debe ser sancionado. Pero no es el principal responsable.

 

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