A la desinformación no solo se la combate con acuerdos o declaraciones, sino también con el uso de la memoria y sobre todo con voluntad política. Por ello, es oportuno recordar que hace un año, exactamente en agosto de 2020, el entonces consejero electoral Luis Verdesoto presentó en rueda de prensa lo que para muchos era una propuesta que marcaría un hito en la formulación de políticas públicas electorales en el país y la región: el Reglamento de campañas electorales a través de medios digitales, el mismo que hermanó los principios internacionales y nacionales establecidos sobre los derechos humanos, la libertad de conciencia, expresión, información y pensamiento aplicados a Internet.

Esta propuesta de Reglamento, se enriqueció con los aportes de expertos nacionales e internacionales en materias de: comunicación política, elecciones y digitalidad. Uno de sus propósitos era normar las prácticas de los usuarios digitales –candidatos, organizaciones políticas y ciudadanos– que utilizan las redes sociales y los medios digitales para evitar que la divulgación de rumores, las noticias falsas, campañas de odio y la violencia política sean las que elijan autoridades por sobre la voluntad de los sufragantes.

Sin embargo, la propuesta de Reglamento para campañas electorales a través de medios digitales nunca vio la luz. La persona que circunstancialmente lleva la regencia del órgano electoral, no puso a consideración y debate de los colegas de Verdesoto su tratamiento. De esta manera, la conducción del Estado electoral reafirmó su lógica híper-presidencialista al dar la espalda a las problemáticas que años atrás, en países como Estados Unidos (2016) con Cambridge Analytica y Facebook; y Brasil (2018) con WhatsApp, crearon conmoción, pues hubo indicios de manipulación a la voluntad de los electores.

En efecto, el Estado electoral ecuatoriano eliminó de las elecciones generales de 2021 a la democracia digital y con ella, a los derechos humanos de cuarta generación o derechos digitales. Lo insólito es que todo esto ocurrió cuando cerca de 14 millones de ciudadanos tenían acceso a Internet a enero de 2020 (un mes antes de las elecciones de primera vuelta) y a esa misma fecha 13 millones eran usuarios de una o varias redes sociales.

¿Cómo entender que antes de las elecciones de 2021 las problemáticas de la democracia digital y la política 2.0 no estuvieran en la agenda de algunas autoridades y ahora sí? ¿Acaso el momento electoral que atravesó el país no era el indicado para asumir con eficiencia este reto, más aún cuando uno de los candidatos heredó el troll center del correato para impulsar su campaña electoral? ¿O la inobservancia tenía relación con el proponente de la norma?

Pero no es todo. Hay temas que generan preocupación y que todavía no se esclarecen. El Reglamento que propuso la Consejería de Luis Verdesoto intentó elevar a política pública los acuerdos entre el Estado electoral y las operadoras de redes sociales más usadas en el país –previo informe del Ministerio de Telecomunicaciones – para que, a través de una fiscalización electoral eficiente, se pueda contrastar lo reportado por los candidatos y organizaciones políticas en sus cuentas de campaña en redes sociales versus el reporte de las propias operadoras de estos servicios.

Este punto, que sí se encuentra consagrado en una normativa –hasta julio de este año– no se ejecutó. ¿Cómo saber entonces si lo reportado por candidatos y organizaciones políticas se ajusta a la realidad? ¿Hubo donantes que pautaron en redes sociales por candidatos, partidos o movimientos en las elecciones de 2021? ¿Si es así fueron reales o ficticios? ¿Si existieron estos donantes con qué montos aportaron a las campañas de los candidatos y durante qué tiempo? Aquí otra pregunta incómoda. ¿Cómo saber si a través de las redes sociales se blanqueó dinero para las campañas electorales?

Por otra parte, los acuerdos con la sociedad civil para viabilizar –con apoyo del Estado electoral– la verificación de noticias falsas tampoco se concretaron como pretendía el Reglamento propuesto por la Consejería de Verdesoto. Lo cual, no fue impedimento para que medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y universidades unan esfuerzos en la iniciativa Ecuador Verifica, cuyo trabajo se centró en el combate a la desinformación y a la verificación de los discursos de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Todo lo expuesto en el presente artículo da cuenta de que el olvido es un germen que incuba la desinformación y las noticias falsas, aunque estas, con el paso del tiempo pretendan publicitarse dentro y fuera del país como “verdades” y “logros” para la democracia. Para ello, la memoria siempre será un buen antídoto.

El Ecuador perdió una oportunidad valiosa de contar con una política pública electoral en materia de digitalidad en las elecciones de 2021. ¿Será que la historia se reedita en las elecciones seccionales del 2023?