Al paso que vamos, tendremos que elegir en las urnas a los jueces antes que a los asambleístas… o que al primer mandatario. Porque, en la práctica, resulta que un juez de tercer nivel tiene más poder que cualquier función del Estado. No de otra forma se explica que Jorge Glas haya disfrutado de dos meses de libertad o que la Asamblea Nacional lleve tres meses congelada.

Echar mano de la administración de justicia para dirimir los conflictos políticos adolece de dos errores de fondo. Primero, suponer que las leyes son intrínsecamente justas; segundo, confiar ciegamente en las supuestas probidad, imparcialidad y honestidad de los jueces. La historia demuestra precisamente lo contrario.

Así como las asambleas constituyentes han sido el antídoto más eficaz para evitar las guerras civiles o las revoluciones, la judicialización de la política ha sido el conjuro más eficiente contra el fantasma golpista. Los golpes de Estado son un acto de fuerza; ergo, definen un hecho político, inclusive yéndose en contra de las leyes. Los recursos judiciales, en cambio, se van en contra de la política, porque no reflejan los conflictos de poder concretos que existen en el seno de la sociedad. No obstante, han servido, al menos hasta ahora, para evitar las salidas extremas e inconstitucionales al entrampamiento político.

En el fondo, no es más que una estrategia de la clase política para colocarle una pátina de legalidad a las irregularidades que comete en forma sistemática. La solución judicial de un enredo político proyecta en la ciudadanía una imagen de legalidad; al mismo tiempo, protege a futuro a los responsables de cometer abusos o atropellos. Siempre habrá el argumento de que se actuó apegado a la ley. De esa forma, una clase política completamente desprestigiada pretende, vanamente, recuperar la legitimidad perdida en el ejercicio de sus funciones.

La decisión de meterle mano a la justicia –a la que fueron tan adictos presidentes como León Febres Cordero y Rafael Correa– tiene en realidad un propósito ulterior: que la justicia meta mano en la política. Es decir, que los grandes conflictos de la sociedad se resuelvan en los reducidos feudos judiciales.

Es lo que durante diez años de correato ocurrió con el movimiento indígena, y lo que podría ocurrir a futuro. El encarcelamiento de los ocho jóvenes del Movimiento Guevarista podría apuntar en esa dirección: el hecho refleja una coincidencia demasiado obvia con el llamado a movilizaciones de la CONAIE y con el clima de insatisfacción social que empieza a desplegarse por todo el país.