En Venezuela, desde 1999, es decir desde la llegada al poder del Tcrnl. Hugo Chávez, cientos de militares fueron incorporados a la administración pública, muchos de ellos a puestos claves. Desde entonces asumieron funciones en los ministerios, jefaturas de empresas, gobernaciones, alcaldías, cargos diplomáticos, Asamblea Nacional, etc.

Ante la creciente pérdida de las bases sociales que sostenían el chavismo, Nicolás Maduro optó por militarizar el estado para garantizarse al menos el apoyo del Ejército frente al creciente descontento por la crisis económica, política, moral e institucional que vive el país.

El sociólogo Eduardo Guzmán Pérez señala que “Maduro es un instrumento del brazo armado del Estado, fundamentalmente del Ejército. Este mecanismo viene desde cuando el dictador José Vicente Gómez tenía la prevalencia de la fuerza y a Chávez le tocó esa herencia perversa. Aquí se maneja la tesis del gendarme necesario, según la cual un militar es quien debe gobernar el país. Este compromiso del sector militar en la conducción del Estado lo hace partícipe de la corrupción; el gobierno está militarizado y esta es la única forma de que se mantenga la revolución”.

En días anteriores el presidente de Venezuela, anunció  que devolverán a los cuarteles los militares que estaban en la administración pública. “Sólo quedarán los estrictamente necesarios para cargos específicos, por su trabajo, disciplina y capacidad para cumplir órdenes”.

En nuestro país, la participación de militares activos en la administración pública ha sido esporádica; Abdalá Bucaram les entregó a los militares el control de las Aduanas con la promesa de moralizarlas; sin embargo, esto fracasó, por la corrupción vinculada a las altas esferas del gobierno. El mando militar solicitó a Bucaram retirar la fuerza militar ya que se corría el riesgo de contaminarse o aparecer como encubridora.

El coronel Lucio Gutiérrez también encargó a las FF.AA. el control de las Aduanas. Militares en servicio activo y pasivo ocuparon cargos públicos, lo cual propició celos en las filas castrenses; a esto se sumaron varios escándalos que afectaron a la buena imagen institucional.

Pese a que la Ley de Personal de FF.AA., en su artículo 196 señala: “Es prohibido para los militares en servicio activo desempeñar cargos, empleos o funciones públicas ajenas a su actividad profesional militar”, no obstante este impedimento legal, el presidente Correa decidió utilizar a los militares, concretamente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para que se ocupara de la obra vial del país y a la Marina para que administrara Petroecuador. La Marina, al haberse hecho cargo de esa responsabilidad, a la larga no terminó bien librada; fueron dos años de gestión después de los cuales el gobierno decidió dar término a su presencia en el manejo petrolero, sin que se haya logrado mayores resultados.

En conclusión, es necesario mantener a los militares en actividades propias de su profesión porque, al distraerlos en otras actividades, se corre el riesgo de desnaturalizar su profesión, y pueden terminar politizándose, corrompiéndose y alineándose en el proyecto político del gobierno de turno.