La protesta popular pudo más y finalmente el presidente colombiano, Iván Duque, pidió públicamente al Congreso de la República el retiro del proyecto eufemísticamente llamado como ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, esto con el objetivo, a decir del Primer Mandatario, de elaborar una nueva propuesta que resulte del diálogo con el país. Como vemos, de cierto modo, se vuelve a repetir lo sucedido en Ecuador en el mes de octubre de 2019, cuando el régimen de Moreno debió recular y derogar, en ese momento, el Decreto que elevaba el precio de los combustibles, argumentando en esa ocasión también la necesidad –finalmente incumplida- de instalar mesas de diálogo a fin de generar un proyecto consensuado el cual nunca surgió y, más bien, se acudió a un sistema de bandas que derivó en el incremento sostenido en los precios de combustibles en el Ecuador, los cuales se han revisado siempre al alza en los últimos meses.

Lo cierto es que, en el caso de Colombia, la presión social fue determinante para bloquear la intención del gobierno de emprender en una reforma tributaria que pretendía conseguir recursos para el fisco ampliando la base de contribuyentes al querer incorporar en el cobro del impuesto a la renta a personas que ganen mensualmente desde el equivalente a USD 663, así como gravar el IVA a productos de consumo básico, entre los que destacan agua, luz, gas y otros bienes como los electrónicos.

En definitiva, lo que pretendía el gobierno de Iván Duque fue cargar el mayor peso de la crisis en los hombros de las clases más pobres de ese país al ampliar la base de contribuyentes, así como colocar la mirada recaudatoria en impuestos regresivos como el IVA. Esto desde el punto de vista técnico y social resultaba claramente inviable y hasta inmoral.

Desde la perspectiva técnica, en un escenario de contracción de la economía y de su demanda agregada, lo que se debe alentar es la reducción de impuestos a fin de estimular el consumo de las familias, así como la reducción de las tasas de interés como una forma de incentivar las inversiones por parte de las empresas, a esto se suma el mantener un nivel de gasto del gobierno consistente en sectores esenciales como salud, educación, bienestar social, infraestructura, entre otros. A esto se agrega el apoyo que debe tener al sector externo para inyectar nuevos dólares al sistema, vía exportaciones.

Por otro lado, desde la arista social, los colombianos no iban a aceptar un nuevo paquetazo y menos en medio de una pandemia que cuestiona a su propio gobierno por la falta de políticas encaminadas a atender a los más necesitados, así como la insuficiente inmunización de la población debido a un lento proceso de vacunación. Es decir, el proyecto de ley se convirtió en esa chispa que encendió la ira del pueblo quien hoy llora a sus muertos, desaparecidos y heridos, sobre los cuales deberá responder el oficialismo por el exceso de violencia de la fuerza pública y las violaciones a los derechos humanos.

A propósito, en ese espejo de Colombia el presidente electo Guillermo Lasso debería mirarse, en aquello de valorar la importancia de la democracia participativa, más aún cuando está a pocas semanas de asumir el reto histórico de conducir una nave del estado, casi dada al garete, en la que no le queda la mesa puesta, así como tampoco disponibilidad de vacunas, según lo advierte desde ya la autoridad entrante.

@giovannicarrion