Otro de los temas que son controversiales al hablar de las migraciones es la inversión económica (o como algunos llaman “el gasto”) que el Estado realiza en los migrantes y refugiados que se encuentran el país. Posiblemente hemos escuchado (principalmente por parte de funcionarios del Estado) frases como: “el país gasta mucho en los extranjeros” u otras frases como “el Estado no puede asumir los costos de la población extranjera”. A continuación, quiero hacer algunos aportes para desvirtuar estas ideas; que lo único que provocan es mantener los discursos de xenofobia, intolerancia y discriminación.

Lo primero es aclarar que las personas inmigrantes (cualquiera sea su condición de regularidad) y refugiadas, aportan recursos económicos al estado que los recibe. Esta es una realidad que se repite en todo el mundo y  Ecuador no es una excepción. Aportan de diversas formas, como se detallan a continuación.

En el caso de aquellas personas que logran regularizar su condición migratoria, pagan un valor al Estado. Los costos de las visas en nuestro país – que son las más altas de la región – ingresan al erario nacional, sin que se sepa el destino de uso de estos fondos.

Si tomamos en cuenta la cantidad de recursos que recibe el Estado ecuatoriano por este concepto, y asumimos que son reales las cifras de visados emitidos por el país desde el año 2017; podemos notar que los inmigrantes habrían pagado no menos de 45 millones de dólares (de los cuales 25 millones son de población proveniente de Venezuela).

Para llegar a esta cifra que parecería exagerada simplemente debemos multiplicar el número de personas que han recibido visas en el Ecuador y multiplicarla por el costo de cada visa. La más económica con un valor de 250 dólares por persona. Claro, la cifra pudiera ser exacta si el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiese entregado las cifras detalladas por pedido de varias organizaciones ecuatorianas que lo han solicitado. Pero, al parecer, no les interesa que se conozca de manera transparente este dato, que por si solo desvirtúa el mito del “gasto en extranjeros”.

A esto debemos sumar algunos valores adicionales. El Ministerio del Interior, por requerimiento de la Misión Scalabriniana, entregó información sobre algunos temas relativos a migración. Uno de sus datos relevantes es que desde el año 2017 a mayo del presente año había recibido alrededor de 1.5 millones de dólares por concepto de pago en “especies valoradas”; es decir por el pago de 5 dólares que se le exige a cada extranjero para que le emitan un certificado de movimiento migratorio.

Más grave, es que la información de este Ministerio, señala que el Ecuador entre los meses de abril y mayo del presente año (no entendemos porque no se remitió información de otros periodos) el Ecuador recibió más de 250.000 dólares por concepto de cobro de multas a migrantes. ¿A dónde van estos fondos? Pues no lo sabemos.

Como se puede apreciar, sólo en valores monetarios directos (y aún faltando mucha más información) la población extranjera ha cancelado alrededor de 50 millones de dólares al Estado ecuatoriano en menos de un año.

El aporte de la población extranjera no termina aquí, pues los ingresos al fisco no han sido valorados. No solo implica tomar en cuenta los impuestos directos que pagan de manera obligatoria cuando abren el RUC para iniciar un emprendimiento productivo por sus propios medios. También significa reconocer los pagos que cualquier persona (incluso las que están en condiciones de irregularidad) generan por concepto de compra de bienes y servicios. Es claro, que cada persona cuando va a una tienda, un mercado, una papelería, un bazar o cualquier otro establecimiento y compra algún bien para su consumo está pagando impuestos de manera indirecta, y estos llegan a ser cobrados por el Estado, sea al intermediario o al productor mayorista.

A estos argumentos se debe mencionar otro no menos importante: el dinamismo a las economías locales, con el cual la población migrante y refugiada aporta económicamente en las ciudades donde viven. Y es que todas las personas (incluyendo las que por cualquier causa aún no pueden regularizar su condición migratoria) requieren entrar al mercado local por razones obvias de subsistencia y de necesidades concretas.

Ahora bien, si analizamos lo que supuestamente reciben las poblaciones extranjeras, podemos apreciar que el valor económico directo es menor al de sus aportaciones. En la gran mayoría de casos hay temas que no podrían ser desatendidos por el Estado, independientemente que hubiese más o menos personas en el Ecuador. Algunos ejemplos: en una unidad de salud no se puede prescindir de un número mínimo de personal, lo mismo sucede en educación con el tema de docentes; un municipio no puede asfaltar pedazos de calle, obviando unas casas de la misma cuadra; una prefectura no puede arreglar solo ciertos tramos de caminos vecinales; y así podríamos seguir dando ejemplos.

Es preocupante que debamos dar argumentos del aporte económico que hace la población extranjera; más aún cuando la migración debería ser un derecho; y por ende el migrante y refugiado debe ser considerado un sujeto pleno de derechos. Preocupa tener que dar estos argumentos en un país que por Constitución promulga el derecho a la libre movilidad, los principios de ciudadanía universal y el enfoque de integración regional.

Indigna que se tenga que decir esto en un país de emigrantes y que por ende debemos estar lo ampliamente sensibilizados sobre este tema, ya que en varias ocasiones de nuestra vida como país; pedimos para nuestros compatriotas lo que ahora se niega a llegan vienen al Ecuador.

Hay que desvirtuar todos los mitos que se dan en temas migratorios, porque es importante que recuperemos la visión de una sociedad sensible a las necesidades y los derechos de las personas. Y que ante todo asuma como sociedad la riqueza de la diversidad y la diferencia.