El fantasma de la muerte cruzada podría pasearse por los pasillos de la Asamblea Nacional. Aunque ni siquiera se llame así, la disolución anticipada de los poderes representativos podría convertirse en un escollo para el gobierno del presidente Moreno sino termina de compactar la mayoría legislativa que eligió a César Litardo como presidente del órgano y de imponer la autoridad de la coalición en las tres comisiones que faltan por designar presidentes. Sin liderazgo en la presidencia asamblearia ni autoridad en el bloque mayoritario podría emerger una nueva coalición de bloques que intente desestabilizar al órgano legislativo y, con el tiempo, al régimen del presidente Moreno.

Los partidos de la oposición buscarán fiscalizar al gobierno, minar su agenda de reformas legislativas y debilitar al bloque de la mayoría. Esto último se logra con deserciones entre las filas de los oficialistas en el actual periodo ordinario de sesiones que realmente dura un año. El siguiente estará destinado a la campaña política de las presidenciales y legislativas de 2021. Algunos buscarán la reelección y a todos les queda bien mostrarse como diligentes fiscalizadores. Está claro que los gobiernistas no tendrán esa suerte, salvo que dejen de serlo.

Esta última contingencia engrosaría las filas de la oposición, incrementarían su influencia e invertirían la relación de fuerzas con tales posibilidades que lo más ortodoxo del aliancismo no escatimaría en presionar con su burocracia de alto nivel por una disolución anticipada de los poderes representativos bajo el pretexto de una supuesta falta de liderazgo institucional. Tienen el poder en Pichincha, en donde se instala la ciudad sede del poder nacional. ¿A quién beneficia esto?

Los números de las encuestadoras no acompañan al régimen, aumentan las protestas en su contra y su gobernabilidad legislativa se les escapa de las manos. Ningún partido oficialista o coaligado soportaría un proceso electoral anticipado, mientras los opositores gozarían de enormes fortalezas.

La votación para censurar a la exministra María Fernanda Espinosa es un termómetro. Tras un esmerado cabildeo, Espinosa se salvó por cinco votos, lo que es poco frente a los 86 conseguidos. Sin embargo, Espinosa se presentó el día que ella quiso y por video llamada. Sabía que saldría bien librada, que no habría los votos y hasta tuvo tiempo de insinuarse como presidenciable, con un prometedor futuro político. También se victimizó. ¿A quién favoreció todos estos esfuerzos?

A esto se añade el contexto internacional. En Perú se discute la posibilidad constitucional que asiste al presidente Martín Vizcarra de disolver al Congreso peruano por negarse en segunda vez consecutiva al voto de confianza solicitado por el Ejecutivo para expedir un paquete de reformas en materia anticorrupción. Para algunos se trataría de un intento de golpe de Estado, para otros de concentración autoritaria del poder, pero para pocos la posibilidad de sacudirse de una mayoría populista y conservadora afín al expresidente Alberto Fujimori y convocar a nuevas elecciones que se celebrarían en cuatro meses. Durante ese periodo, Vizcarra gobernaría a sus anchas.

En Ecuador, si se produce una disolución anticipada de los poderes representativos, ambos, ejecutivo y legislativos, cesarían en sus funciones, pero el presidente Moreno se quedaría en el sillón presidencial mientras se convocan y celebran las elecciones y hasta que se proclamen los resultados. Serían, por lo menos, algunos meses de holgura. ¿Moreno también se desharía de una mayoría populista y conservadora como Vizcarra en el Perú?

Lo que se sabe es que se desbarataría a los conspiradores que lo quieren fuera del poder como a los conservadores de la oposición que quieren fiscalizarlo, pero ¿a qué costo? Al costo de dejar inconclusa la cruzada contra sus antiguos copartidarios, el riesgo que retomen el poder y la posibilidad de perder el control en la transición presidencial.

@ghidalgoandrade