¿Qué significa que un presidente de la república no pueda visitar una zona de su país a causa de la inseguridad? Pues, ni más ni menos, que el Estado perdió su soberanía sobre ese territorio. En otras palabras, que hay regiones que están por fuera de la tutela del Estado; ahí funcionan otras normas, otras autoridades, otras relaciones de poder.

Algo así ocurrió en días pasados en México. El presidente López Obrador tuvo que observar desde el aire una extensa zona de Sinaloa donde está previsto construir una carretera. Son los predios donde reina la familia del Chapo Guzmán, y donde ni el ejército ni la policía pueden desplazarse por tierra sin poner en riesgo sus vidas. Un equipo de periodistas oficialmente asignado para cubrir el evento, en el cual AMLO debía anunciar el proyecto, fue detenido por un narco-retén en plena carretera.

¿Cuánto falta para que algo parecido se instale en el Ecuador? A la luz de lo que ocurre en la provincia de Esmeraldas, muy poco. Que los comerciantes del centro de la ciudad tengan que cerrar sus negocios a las tres de la tarde por miedo a la acción de las bandas criminales implica que las leyes del Estado ecuatoriano ya no rigen ahí. Poco a poco, estos grupos ilegales irán colonizando la economía, las instituciones y el tejido social.

El control territorial es fundamental en cualquier guerra. Eso lo saben perfectamente los carteles de la droga, que llevan décadas en guerra con el Estado. Una vez que un Estado renuncia a su autoridad en un territorio específico, ha perdido la guerra, al menos en esa porción del país. Recuperar su presencia es dificilísimo, porque tiene que lidiar con estructuras ilegales enraizadas en la sociedad.

Cuando la fuerza pública –ya sea por incapacidad, omisión o complicidad– deja de ejercer sus facultades en ciertas zonas, estamos frente a una realidad dramática: la existencia de narco-territorios liberados de toda institucionalidad. No son Estados paralelos, como sucede durante un conflicto político-militar, cuando las fuerzas insurgentes instalan un gobierno alternativo. Son territorios de violencia y arbitrariedad, sin dios ni ley, carentes de toda racionalidad, donde solo opera la brutal imposición del capo de turno.

La situación no difiere de lo que vivió América Latina hace varios siglos. Conquistadores, colonizadores y encomenderos imponían sus abusos por encima de las leyes reales. El rey, al igual que los gobiernos centrales de hoy, estaba demasiado lejos como para intervenir. Y cuando intentaba poner orden a través de sus delegados, por lo general se topaba con una feroz resistencia de los poderes locales. Más de un virrey perdió la cabeza en esas disputas.

El dilema no ha variado: represión o cambio. Incrementar los insumos militares para librar una guerra perdida, tal como lo exigen algunas autoridades verdaderamente delirantes, es un desperdicio. Afrontar las causas que provocan fenómenos como el narcotráfico, en cambio, sería la alternativa más coherente, aunque parece estar por fuera de las preocupaciones de las élites y de la clase política.