Se equivocan quienes creen que los colgados de los puentes constituyen un mensaje de advertencia o de desafío del narcotráfico al Estado ecuatoriano. Para esto ya fueron suficientes las masacres carcelarias, un territorio que, en teoría, pertenece a la potestad de las autoridades; o los cientos de toneladas de droga capturados cada año, señal inequívoca de que, por proporción de lo que sí llega a su destino, se están pasando por el forro los controles policiales y militares.

Los colgados de los puentes son un mensaje directo a la sociedad. Transmiten la idea de la incapacidad del Estado para proteger a la población, o de la inutilidad de las políticas policiales para controlar el espacio público. Son, para decirlo en el lenguaje de los videojuegos, el siguiente nivel del sicariato.

La ofensiva del narcotráfico se desenvuelve en dos carriles simultáneos: una disputa política con el poder formal y una neutralización del espacio público. Condenar a la población al encierro es un paso previo para el control territorial. En muchos pueblos y barrios de México, o de ciertos países centroamericanos, la gente se encierra en sus casas a partir de las seis de la tarde. Durante toda la noche abandona calles y plazas a merced de las pandillas locales. De lugar de convivencia social, el espacio público se convierte en zona de guerra entre las bandas criminales y la fuerza pública.

En Guayaquil ya se perciben síntomas de este fenómeno. En las zonas más calientes de la ciudad, la gente no solo se está replegando progresivamente a sus viviendas, sino que deposita sus esperanzas en unos aparatos represivos insuficientes. Ninguna guerra se gana sin el apoyo de los civiles. Eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de colegio militar. Y también lo saben los narcotraficantes.

¿Por qué, entonces, los gobiernos de América Latina siguen empeñados en una estrategia condenada de antemano al fracaso? A menos que el objetivo sea preservar a las élites en una campana de cristal y dejar que todo lo demás se transforme en un infierno, no hay mayor coherencia en las políticas aplicadas. ¿O es que la militarización de las ciudades implica un jugoso negocio para alguien?

En un libro póstumo (Retrotopía, Editorial Planeta, 2017), Zymunt Bauman, uno de los teóricos más brillantes de la posmodernidad, sostiene que lo que más indignación provoca en los sectores excluidos no es la carencia en sí, sino la percepción de que mientras sus condiciones de vida empeoran hay otros que se benefician ampliamente. Es esa comparación la que alimenta la insatisfacción con un sistema social que no cumple con sus ofrecimientos. La constatación de que estas desigualdades se profundizan en favor de una escandalosa minoría de millonarios termina generando reacciones violentas, inclusive en países (por ejemplo, Europa) donde las brechas económicas no son tan obscenas como en nuestro subcontinente.

Si la riqueza y la renta de un pequeño sector privilegiado evoluciona en sentido inverso al bienestar de las mayorías, entonces se está abonando a la ira colectiva. La pobreza y la marginalidad son la principal cantera del narcotráfico.