Según Stanley Milgram, hay dos mecanismos psicológicos de gran importancia en el comportamiento de los individuos: la obediencia y la conformidad.

La obediencia es la respuesta positiva de los individuos a la orden de una autoridad, mientras que la conformidad expresa su acuerdo con el punto de vista del grupo, aunque este vaya en contra de las evidencias percibidas por los propios sujetos. Tanto la obediencia como la conformidad pueden llevar a un individuo común y corriente a cometer actos atroces.

Milgram demostró que la personas, inmersas en una determinada estructura de autoridad, e independientemente de sus convicciones morales, son capaces de hacer sufrir a sus semejantes si reciben la orden de una persona con autoridad sobre ellas. La coartada psicológica que utilizan para justificar su actuación es el desplazamiento de su responsabilidad en los hechos a la persona que les ordenó actuar: ellos no serían responsables del acto cometido sino quien o quienes les ordenaron cometerlo.

Hace algunos días, en la ciudad de Esmeraldas, dos chicos: uno de once y otro de trece años asesinaron a un miembro de la policía de la localidad. Pero no se trata de un caso excepcional. Por el contrario, de acuerdo con información del Diario Primicias, “en lo que va de 2023, la Policía ha detenido a 497 menores de edad, por delitos como sicariato, microtráfico de drogas, robo, tenencia de armas, y asesinatos”.

¿Qué llevó a estos chicos a actuar de esa manera? Más que las condiciones generales en que viven, la sustitución de las estructuras tradicionales de autoridad por otras articuladas en torno al crimen. Son estas estructuras las que dominan en los lugares donde se reclutan a niños y adolescentes como sicarios. Y donde los padres de familia, si no están vinculados con tales estructuras, han sido despojados por ellas de la autoridad sobre los chicos.

En el debate desarrollado a propósito del crimen cometido en Esmeraldas, se ha difundido la idea de que los niños y adolescentes implicados en actos de sicariato no son responsables de estos actos sino los adultos que los reclutaron. Efectivamente, la madurez emocional y moral de un niño de once años no es la misma que la de un adolescente de trece y, en este sentido, su nivel de responsabilidad es distinto. Sin embargo, si se quiere enfrentar objetivamente el problema, hay que evitar convertirse en mediadores del desplazamiento de responsabilidad del que habla Milgram.

La autoridad, para imponerse, necesita estar en condiciones de ejercer su poder. Si los padres de familia, o quienes desempeñan ese papel, no cuentan con los recursos materiales y simbólicos necesarios para ejercerlo, no es difícil que sus hijos encuentren otras figuras a las cuales prestar obediencia. El encuentro con estas figuras se da por voluntad propia, persuasión, imitación o imposición. Pero la base del encuentro es la disolución de las anteriores estructuras de autoridad, y no solo en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito comunitario e institucional.

Los propios ecuatorianos, y, de manera señalada, los políticos y activistas sociales han desempeñado un papel activo, y del todo irresponsable, en la disolución de las estructuras de autoridad estatal, hasta el punto de, en la última consulta popular, negar al Estado la posibilidad de actuar con mayores recursos contra quienes están tratando, y con éxito, de sustituir su autoridad en algunos territorios de la república.

El ataque a las instituciones democráticas es permanente. Y ahora mismo, por enésima vez, las fuerzas antidemocráticas del país, con el correísmo y la Conaie a la cabeza, se aprestan a dar otro golpe a la estabilidad de las instituciones democráticas y al principio de autoridad democrática, al que oponen la autoridad del tumulto y la mentira.

Para ellos, las instituciones públicas y los gobernantes legalmente elegidos son enemigos de la ciudadanía (“el pueblo”, dicen ellos), a los cuales hay que destruir o someter. ¿Cómo, en estas condiciones, la autoridad pública puede imponerse en los territorios dominados por el crimen organizado, en los territorios donde prosperan las canteras de niños y adolescentes sicarios?

Las familias, en los lugares ocupados por el crimen organizado, están en crisis. Su autoridad, como la del Estado, ha sido cuestionada y sustituida por la autoridad de los criminales. Y todo esto con el apoyo de políticos y activistas sociales que quieren una institucionalidad en ruinas para edificar sobre ellas algún engendro totalitario o delincuencial como el instaurado en Ecuador por el correísmo. A los ecuatorianos, al parecer, la autoridad democrática les resulta incómoda. Prefieren el látigo del tirano o el fusil del narco a asumir sus responsabilidades.