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3 de Septiembre del 2013
Ideas
Lectura: 8 minutos
3 de Septiembre del 2013
Luis Verdesoto Custode
Cientista político, catedrático en varias universidades de Ecuador y Bolivia. 
No acepto que el Estado observe cómo construyo mi opinión
A gritos y a sangre aprendimos que “no todo lo público es estatal” y que la sociedad es fundamentalmente autonomía (el socialismo y la democracia son autogobierno de la sociedad). Y que la sociedad puede asentarse, operar, regular y conducir segmentos de la actividad pública.

El “sano juicio” y el cuidado personal me aconsejan, luego de la vigencia de la Ley de Comunicación, no acercarme a los medios o emitir opinión pública alguna, pues me expongo a la obligación de auto-inculparme, a perder el derecho a la intimidad y tener que revelar las informaciones que me proporcionan los amigos, pues ya se doblegó al derecho primordial a la reserva de la fuente.

Pero, qué le voy a hacer. Fui educado en la más profunda tradición republicana y libertaria, siendo mi obligación ciudadana más básica, ejercer mis derechos universales y constitucionales, aun a despecho de las amenazas. Vienen a mi mente años de lucha por la democratización de América Latina. Y me apabulla la pregunta de por qué en Ecuador la democracia es un valor tenue, moneda de cambio por el bienestar y el consumo, noción confundida con el desarrollo. Me rebelo a aceptar como respuesta, que los ecuatorianos no tenemos memoria de un autoritarismo “en serio”, con sangre, muertos, exilios.

La primera lección que en la región nos dejó la lucha contra el autoritarismo del Estado y contra la vocación totalitaria de un segmento trasnochado de la izquierda, luego de recuperado el estado de derecho y alejada la inminencia dictatorial, fue evitar una confusión. A gritos y a sangre aprendimos que “no todo lo público es estatal” y que la sociedad es fundamentalmente autonomía (el socialismo y la democracia son autogobierno de la sociedad). Y que la sociedad puede asentarse, operar, regular y conducir segmentos de la actividad pública, para denominarlos de algún modo. Así, el Estado no tiene jurisdicción para regularlo todo (eso que se llama totalitarismo), pues la autonomía de la sociedad es el principal bien del hacer político. La autonomía de la sociedad va desde ámbitos visibles como la comunicación hasta intangibles como las relaciones íntimas. Dicho rápidamente, yo no quiero ni acepto que el Estado observe como construyo mi opinión, ni que pretenda introducírseme en mi cama.

Ecuador parece vivir ahora antiguos dilemas de América Latina, ligados al viejo Estado burocrático-autoritario, pero renovados en la aparente modernidad que vivimos (la que ha engordado a los cuerpos de las clases pero ha congelado sus cabezas). En el capitalismo emergente, los medios de comunicación (“el periódico”) fue entendido como un “organizador colectivo”, esto es, como el instrumento del partido (ese que sabía hacia donde debe ir la sociedad) para llegar con la voz de mando hacia las colectividades (por lo cual muchas veces fue clandestino). Pero la modernización vino acompañada de un crecimiento demográfico, que obligaba a abandonar la política “conspirativa” y, en el caso de la izquierda, a asumir la naturaleza mediática de la política. La política mediática no sólo reavivó las capacidades comunicacionales de los populismos, como lo demuestra nuestra coyuntura de inestabilidad entre 1996 y 2006, sino posteriormente también al populismo de izquierda.

De ese modo, el escenario de la política pasó de la conspiración y/o la concentración de masas en plazas hacia la comunicación. La instrumentalización de los medios se convirtió en el objetivo prioritario. Levantó a todas las estructuras autoritarias, presentes o dormidas, como vertientes políticas de signo distinto pero estructura idéntica. Mi recuerdo se inunda de las manipulaciones de Montesinos, que despedazó a la política peruana manoseando los medios y cuyos tentáculos alcanzaron hasta la política ecuatoriana. La semilla de Fujimori no se esterilizó, fructifica transgénicamente.

La comunicación como un ámbito público, esto es responsable, pero no-estatal, ha quedado en la memoria de países de la región que lucharon denodadamente contra el autoritarismo, en los cuales es inaceptable una legislación de comunicación y peor aun como la ecuatoriana. Pero más allá, la “calidad” de la opinión no es una tarea que corresponda al Estado. Tampoco llenar de supuestos (realmente escarmentar) el acceso ciudadano a los medios.

¿Quién define el interés público? La sociedad civil a través de la sociedad política, que encarga al Estado formas precisas de garantía. Si no se entiende a la naturaleza profunda de la democracia, entonces surge un Estado que pretensiosamente cree que puede establecer todas las materias de interés público. Competencia por la cual se erige en sancionador de los medios.

La forma más burda de entender la democracia es reducirla a la propiedad. El marxismo primario creyó que todo podía entenderlo desde quien se apropia del excedente económico y la tosca representación de la superestructura como un reflejo. Así se pudo entender rápidamente y sin complicaciones la comunicación. Hace cuatro décadas acolitaba, como su asistente, en mañanas frías y húmedas de esperanza y activismo sindical, llenas de ilusiones púberes y libres, a un gran profesor, que introdujo temas renovados en la sociología de la comunicación. Con Pepe Laso tratábamos de evitar, hasta donde podíamos, lecturas elementales del Pato Donald, las que parecen haber renacido en las regulaciones de comunicación del Ecuador, otra vez atropellado, como entonces, por la bonanza económica.

Legitimada en la economía política –quienes son los dueños de los medios, quien importa el papel, cuál es la relación de propiedad del capital– la autoridad pública, léase el Estado, pretende poner límite a la creación de opinión de las personas y de las instituciones. No sólo se arroga la vigilancia de la creación de opinión (un “gran hermano”) sino que limita su difusión (dispone el castigo).

La libertad de expresión no es la manida afirmación: “la reclaman quienes la ejercen cuando critican al gobierno en un medio”. Esta muletilla se parece al argumento de algunos militantes del partido comunista ecuatoriano, cuando hace décadas nos interpelaban, a quienes desde la izquierda no comulgábamos con su tesis de que había que completar el ciclo de formación de la “burguesía nacional” y del capitalismo (cualquier parecido no es una coincidencia). En un debate, recuerdo, casi jocosamente, que se me retó a demostrar que si existía mi amigo Lucho Gómez Izquierdo, no podía negar la existencia de la burguesía nacional. La elementalidad y el carácter acientífico del argumento se parecen tanto….

La libertad de expresión no consiste en la posibilidad de acceder o no a la propiedad de un medio de comunicación. El acceso universal (y no sólo la propiedad) debe ser estimulado (no todos queremos o debemos ser propietarios de un medio). La libertad de expresión es la garantía de que una opinión libremente generada no sea sujeto de retaliación social o política al ser emitida. Garantía que debe regir para todos los ecuatorianos. Y de ese modo, se verifique la libertad como flujo transparente, no manipulado, de opiniones, que generan deliberación en la democracia.

[PANAL DE IDEAS]

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