Entre las grandes infamias del correato, la Ley de comunicación ocupa un lugar de privilegio. Esa ley perversamente diseñada para coartar la libertad de los ciudadanos: libertad para informarse y libertad para informar. Ley cuyo texto fuera mañosamente modificado por una asambleísta, luego de su aprobación por la Asamblea. Aquella asambleísta que, bien premiada, ahora goza de vacaciones como embajadora plenipotenciaria. Esa ley de la infamia que hizo de la comunicación un servicio público y que armó la superintendencia de comunicación que se convertiría en el juez de cuentas de la libertad de pensamiento y en la sancionadora a discreción de periodistas, escritores y medios de comunicación.

¡Qué inmensa injusticia ha cometido el país al sancionar, descalificar y alejar de la Secom a su primer y único director que se especializó en perseguir a rajatabla la libertad de expresión! Él que convirtió a esta perversa ley en una suerte de panóptico para vigilar y castigar a la gran culpable de todos los males de la humanidad y de nuestro país: la libertad de expresión.

Vigilar y castigar. No leer ni entender ni analizar nada fuera del discurso oficial. El director de la Secom se transformó en un auténtico alcaide perennemente ubicado en la torrecilla principal del panóptico con la sacrosanta misión de detectar oportuna y sagazmente todo supuesto desvío ideológico que sus colegas periodistas, comunicadores y escribidores expresaban en los medios de comunicación, en todos, menos en los oficiales. Estos estuvieron destinados a confirmar la regla de la prepotencia que correspondió a Correa, el gran dueño y señor de la verdad.

Vigilar y castigar: tareas absolutamente perversas y primordiales soportes del pasado régimen que obligó a repetir literalmente la verdad oficial. Vigilar y castigar a todos los medios que se atrevieron a denunciar la edición manipulada de la ley de comunicación.

Pero no es suficiente que Ochoa abandone la Secom. Es indispensable hacer todo lo posible y en todos los niveles jurídicos para que el gobierno de Moreno acepte, de una vez por todas, la ilegitimidad e inconstitucionalidad de una ley de comunicación propositivamente destinada a coartar la libertad de expresión y a poner bozal a los medios. Los tiranos del mundo saben que para apropiarse de un Estado y para subyugar a los ciudadanos, lo primero que hay que hacer es encarcelar a la libertad de expresión. Porque saben que no existe mejor antídoto contra las tiranías que una prensa libre.

La mayoría de aquella Asamblea correísta suspicazmente escamoteó y hasta pretendió ignorar la infamia, ilegitimidad e ilegalidad de la ley de comunicación. Esa mayoría que gozante y triunfante se unía a los aplausos con los que se celebraba el pérfido ceremonial oficiado por Correa y en el que, entre maldiciones y rictus de ira demoníaca, se rompían periódicos, se denigraba a medios y a comunicadores sociales, se exigía la incautación de emisoras de radio o canales de televisión, se disponía el encarcelamiento de los escribidores libres. Incluso se llegó a manipular las licencias de funcionamientos de algunas emisoras de radio frontalmente dedicadas a analizar sin tapujos la realidad del correato.

¿Muerto el perro desaparecida la rabia? De ninguna manera. Para bien del país, es indispensable que se derogue la ley de comunicación. O, por lo menos, que sea íntegramente revisada para que deje de ser un perverso instrumento del poder destinado a suprimir la presencia de las diferencias.

 ¿Por qué la actual Asamblea no enjuició oportunamente a Ochoa? ¿Por qué se lo dejó actuar como dueño y señor de la verdad? ¿Por qué fue necesario que apareciesen otros escándalos administrativos y económicos para tomar en serio este mal incrustado en el alma misma de la nacionalidad? Sencillamente, porque aun perdura la prepotencia del correato. “Con lo que se acaba de hacer conmigo, queda demostrado que en Ecuador ya no existe un Estado de derecho”. El indispensable cinismo que necesita esta clase de mártires.

El país sigue insistiendo en un retorno franco y definitivo a los espacios de la verdad, la legitimidad y la justicia. Que frontalmente se ataque a ese espíritu dictatorial que sembró el correato en todos los espacios de poder público. Ardua tarea que no puede ser ejecutada con cuentagotas.