Ecuador se encuentra a punto de iniciar un proceso de ajuste macro que revierta los excesos de la aventura populista correista que lo dejó al borde del colapso económico. Los  mercados financieros internacionales, unas cuantas semanas atrás, se encargaron de emitir señales clarísimas de que nuestra razón deuda externa a producto no era sostenible, por cuanto el índice de riesgo país se encaminaba peligrosamente por encima de los 800 puntos base, anticipando muy serios problemas para Ecuador en la consecución de nuevas fuentes de financiamiento y la necesidad imperiosa de que el Ecuador comience a ajustarse el cinturón.

En este contexto, pretender que la actual deuda externa alcance un nivel de sostenibilidad y que se normalice la posibilidad de conseguir nuevos flujos de recursos externos, pasa necesariamente por lograr un saldo de cuenta corriente lo suficientemente superavitario que compense la diferencia entre la tasa de interés aplicable a las operaciones de nuestros créditos externos y la tasa de crecimiento del producto, multiplicado por la razón deuda externa a producto. Luego, la consecución de este saldo de cuenta corriente superavitario requiere inevitablemente impulsar un proceso de generación de ahorro interno que compense, y más, los niveles de inversión establecidos.

En esta lógica de retorno a los fundamentos de una economía sana y la consecución de un  equilibrio externo, no creo que haya mucho espacio para ajustar aún más a la baja la alicaída inversión nacional, el consumo privado o esperar un mayor dinamismo del producto, por lo que todo el peso del ajuste me parece que debería ir  por el recorte del gasto público. Considerando que el origen de todos los males de la economía ecuatoriana fue precisamente el incremento desmedido del gasto público suena muy bien que el ajuste vaya por ese lado. Lo que no suena muy bien es que el ajuste vaya por un aumento de los impuestos. Por otro lado, el de los subsidios es un tema de eficiencia económica y debe ser parte de cualquier proceso de optimización de las finanzas públicas.

En esta perspectiva, la participación del Fondo Monetario Internacional viene a facilitar el ajuste, por cuanto la reducción del riesgo país y la posibilidad de conseguir nuevos préstamos a menores tasas implica que el ajuste requerido en la cuenta corriente podría pasar de un 5% o 6% del producto a uno de 2% a 3% del PIB bajo ciertos supuestos y escenarios, lo cual implica un menor ajuste requerido en el ahorro y/o inversión y por tanto un relajamiento para los agentes económicos en esta situación de ajuste macroeconómico. 

La reticencia al ajuste fiscal siempre ha sido una constante en la economía ecuatoriana, y es que a nadie le gusta asumir los costos políticos y sociales de un ajuste macro. Sin embargo, la opción de no ajustar esperando un milagro económico, que a lo mejor nunca suceda, no es barata en tanto puede significar un largo estancamiento de la actividad económica. Al final del día debemos tener claro que “no hay recetas mágicas” y que la ansiedad por soluciones rápidas y baratas nos puede llevar al colapso económico.