Nosotros, familiares de los 8 detenidos el 19 de mayo de 2022, ellos y ellas miembros del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad pedimos a los jueces les otorguen el habeas corpus para que puedan defenderse en libertad y su vida sea garantizada en el contexto de la grave crisis carcelaria que atraviesa el sistema penitenciario del país.

Nuestros familiares detenidos -Gabriela Gallardo Sandoval, Ernesto Flores Sierra, Alexis Moscoso, Nelly Yacelga Ortega, Juan Carlos Bustamante Rueda, Carlos Carguachi Capito y Silverio Cocha -han dedicado su trabajo político dentro del Movimiento Guevarista,  organización social pública, dedicada a la educación popular, a la atención psicológica para sectores empobrecidos, a la asistencia alimentaria a sectores en movilidad humana de refugio, a la organización de equipos de futbol para niños de escasos recursos, a la formación de bibliotecas populares para sectores empobrecidos y a la asistencia inmediata en casos de desastres como fue el terremoto de Manabí en 2016, la emergencia sanitaria del 2020 y el desastre de La Comuna en 2022.  

Su detención es injusta, pues no se ha presentado pruebas que muestren el delito del cual se les acusa. Las corporaciones mediáticas del país los condenaron públicamente sin haber pasado el juicio y violando su derecho a presunción de inocencia, se ha condenado también a las familias a la exposición pública.

Esta prisión preventiva, que hizo caso omiso de la recomendación de la Corte Constitucional de evitarla, en razón de la grave crisis carcelaria, está destruyendo la vida familiar, profesional y afectiva de nuestros familiares detenidos, así como la salud emocional, física, social y económica de nuestras familias.  Hay una niña y un niño que han sido injustamente separados de su madre Nelly Yacelga, en el primer caso y de su madre Gabriela Gallardo y de su padre Edison Campoverde, en el segundo. 

Hay una madre, la de Juan Carlos Bustamante, que quedó sin recursos de supervivencia, ya que era su hijo el que sostenía la reproducción económica de su familia. Hay una abuela-madre de 81 años que está sola porque vivía con Ernesto Flores y era él quien cuidaba de ella. Los abuelos de Alexis Moscoso también quedaron desamparados cuando se llevaron a su nieto. Las familias indígenas de Carlos y Silverio han sido rotas por la detención de sus padres.  

Pedimos a los jueces otorgar el habeas corpus a nuestros 8 familiares para que puedan en libertad mostrar que no son culpables de lo que se les acusa. Ellos y ellas no huirán a ningún lado porque son inocentes y tiene su vida, su familia, sus afectos, su trabajo en este país.

País al cual han aportado con su labor político-social para que sea una sociedad más equitativa, más justa y vivible para las generaciones actuales y las futuras. Ellos y ellas no son terroristas, no son delincuentes, no son criminales, son hombres y mujeres que han optado por la solidaridad y el compromiso social por un mejor porvenir para los y las ecuatorianas.

Esperamos que la justicia sea justa y recupere la confianza de la sociedad que tanto necesita de ella.

Vivimos una agudización de los niveles de pobreza que ha agravado todos los problemas sociales derivados de este proceso. Deterioro y falta de educación, salud, vivienda, trabajo que expulsa a miles de jóvenes a la marginalidad y de allí a la delincuencia, que llenan las cárceles de este país de víctimas de un Estado fallido y una sociedad que se vuelve indiferente ante el destino de las personas a las que abandona y confina en los centros carcelarios que no son centros de rehabilitación social, sino bodegas de seres humanos que esperan la muerte en una de las tantas masacres carcelarias que desangran a este país.