¿Será posible sostener que las posiciones tanto del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como del Consejo Nacional Electoral (CNE) son estrictamente jurídicos, y que la controversia puede ser absuelta por el Corte Constitucional?

Cabe pensar que se trata, o bien de un conflicto de puntos de vista jurídicos distintos, en cuyo caso procede la consulta a la Corte Constitucional, o bien de un conflicto de intereses provenientes de grupos sociales y políticos ya embarcados en la contienda político-electoral. No se entiende, sin embargo, que estas diferencias no puedan arreglarse por la vía del diálogo y no de la confrontación.

Partamos de algunos antecedentes. La Contraloría formuló observaciones al CNE por no haber exigido a determinadas organizaciones políticas el cumplimiento de algunos requisitos para su calificación e inscripción en el registro electoral. El tema no llegó a mayores y fue posible superarlo. 

En rigor, los partidos políticos calificados como tales por el CNE no lo son de acuerdo a parámetros conceptuales establecidos por el análisis académico. El cumplimiento formal de los requisitos establecidos en la ley los habilita para participar en un proceso electoral.  Sin embargo, no necesariamente les autoriza para ejercer la representación política prevista en un régimen democrático. Para esto se requeriría que ellos cuenten con padrones electorales de los afiliados, que éstos intervengan no solo en campañas electorales, que existan instancias de capacitación con una existencia real a nivel nacional,  con directivas no nominales, que realicen congresos, asambleas y acciones públicas de impacto político.  Por ello ni siquiera la nominación de los candidatos en las llamadas primarias garantiza la existencia en su seno de democracia interna.

Los cambios de las candidaturas inicialmente inscritas revelan la inobservancia no solo de los procedimientos administrativos sino la precariedad organizativa de agrupaciones conformadas al apuro, sin una identidad ideológica y programática clara ni una trayectoria de servicio al país.  Son estas candidaturas las que están poniendo en riesgo la realización de las elecciones previstas para el 7 de febrero del 2021. Pero son los organismos electorales los que no supieron ni pudieron evitar la desigualdad de condiciones en el proceso de inscripción.  El debate en el que se han enfrascado, si bien se fundamenta en aspectos tecno-jurídicos, a la luz de otros ángulos de análisis, poco tiene que ver con la democracia o con la política.

El giro que está tomando este diferendo pone en riesgo un derecho democrático que no puede ser violentado por una rivalidad de dos grupos de funcionarios no electos por la población. Los ciudadanos no podemos estar a merced de problemas llamados intermedios, esto es, de problemas que importan a los grupos que se disputan el poder, o a sus eventuales seguidores. Hechos como éste causan la apatía ciudadana que se refleja en las encuestas.

El país está viviendo una crisis múltiple que demanda una visión menos aferrada a dogmas jurídicos en los que se sustenta una racionalidad abstracta. La función electoral no puede estar por encima de las demás funciones del Estado, ni de espaldas a la sociedad. Las elecciones no son un mundo aparte de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales. No solo los candidatos sino los organismos administrativos a cargo del proceso electoral están al servicio del pueblo. No pueden lesionar los legítimos derechos de los ciudadanos, convirtiéndose en un filtro preelectoral.

El que uno u otro postulante goce de la simpatía de tales o cuales jueces, de tales o cuales consejeros no puede suplantar la voluntad popular expresada en las urnas. Da la impresión de que estos dos organismos se están convirtiendo en colegios electorales en los que se estarían dirimiendo antes de tiempo la suerte de las candidaturas. Nadie les ha otorgado esa facultad.

La democracia se sustenta en una adecuada articulación entre diversas esferas: la técnica, la política y la administrativa. Ninguna de ellas tiene el monopolio de la gestión estatal. Los problemas de los gobiernos en una democracia derivan precisamente de esa deficiente articulación, de la conformación de cotos cerrados e inexpugnables.  Una especie de feudos que operan sin respetar el orden estatal nacional.

Un gobierno no funciona por fragmentos. El proceso social es un amplio campo en el que se interrelacionan muchos espacios. La atomización de la burocracia dificulta la articulación del conjunto. Un gran desafío de la política es superar esa visión fragmentaria e imprimir a la acción de gobierno un sentido integrador.

Por eso se necesitan verdaderos partidos políticos capaces de entender la complejidad del gobierno. Los organismos electorales están asumiendo en los hechos una acción política orientada a favorecer con sus decisiones a unas u otras candidaturas. Ello les inhabilita para ser jueces imparciales de un proceso que no es exclusivamente jurídico ni administrativo, pues alude a las vidas de todos los ecuatorianos y por tanto se convierte en un problema social.