El debate actual sobre drogas se basa en la cuestionable premisa de aceptar la legitimidad de las leyes antidroga, cuyo objetivo manifiesto es proteger a adultos legalmente capacitados para tomar sus propias decisiones sobre el uso de determinadas drogas.

El argumento desde el punto de vista liberal es que consumir drogas es nuestro derecho. Joel Feinberg, filósofo y jurista estadounidense, manifiesta que tenemos derecho a actuar con fines “irrazonables” en tanto seamos competentes y nuestra elección sea voluntaria. “El derecho de una persona a su autodeterminación tiene precedencia sobre su propio bien, es decir que todo individuo tiene derecho a usar drogas, y que, mientras ese uso sea voluntario, informado y no cause daño a los intereses de otros, el derecho a consumir drogas es absoluto, inclusive si conlleva la destrucción de uno mismo”.

Así, es ilegitimo que un gobierno tenga en vigencia leyes que restrinjan o prohíban el consumo de drogas, y más bien al contrario, éste únicamente debería aprobar leyes que regulen su consumo a fin de asegurar que la elección de consumir drogas sea una decisión informada, porque las leyes que prohíben el consumo violan el principio de legitimidad democrática. El Estado tiene la obligación de respetar lo que cada individuo haga con su cuerpo mientras esta conducta no perjudique a terceros, por consiguiente el poder consumir drogas constituye un derecho de cada individuo y como tal no puede ser prohibido.

Pero no sólo debemos considerar eso, los costos sistémicos de la Guerra a las Drogas recaen de forma desproporcionada sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, no únicamente es ilegitimo el prohibir el uso de drogas, es más ilegítimo aún someter al resto de la población a los efectos de una guerra librada en contra de la elección legítima de un ser humano.

Esos efectos sobre la sociedad son justamente los que le dan peso a la posibilidad de legalizar. Pese a los enormes gastos económicos y sociales que demanda la Guerra a las Drogas lo único que ésta ha logrado es que el consumo se mantenga estable y constante, y en el caso específico de Ecuador, que los índices de consumo suban, que el país se transforme en un importantísimo distribuidor de cocaína, estando en el segundo lugar a nivel latinoamericano, y en un paraíso para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, mientras que la violencia, la inseguridad y la corrupción campean en todos los ámbitos de la sociedad. Es evidente que los costos de la prohibición son más altos que sus beneficios.

El hacer ilegales las drogas crea un mercado amenazador y costoso, sin disminuir considerablemente la cantidad de las drogas consumidas. Ahora bien, la legalización no implica una generalización del levantamiento de la prohibición para el expendio de cualquier droga. Los argumentos a favor de legalizar una droga no necesariamente se aplican a otra. Cada droga tiene su problema propio de consumo, daña a sus consumidores de diferentes formas, tienen su propio sistema de abastecimiento, lo que las hace susceptibles a diferentes tipos de intervenciones y de estrategias, entonces de lo que se trata en realidad, cuando se habla de legalización es de regular el mercado.

En Ecuador, como en la mayoría de los países de la región, el sistema legal de control de drogas se construyó de acuerdo a los intereses de EE.UU. dentro del concepto de que lo existe es una guerra, por lo que aprobó una legislación muy severa. Sin embargo, en los últimos años Ecuador dio algunos pasos importantes en dirección hacia una política de reducción de daños. En 2008, la Asamblea Constituyente aprobó una amnistía para las 'mulas' de drogas que transportaran menos de 2 kilos y que hubieran pasado más de un año en la cárcel. Luego, la nueva Constitución de 2008 determinó que “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales” en relación a los consumidores, y el Art. 364 determinó que “Las adicciones son un problema de salud pública. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”.

Luego, en concordancia con esas disposiciones y a fin de racionalizar las penas, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) reemplazó lo estipulado en la severa Ley de Estupefacientes y Psicotrópicos respecto a los tipos de delitos y a las penas para las actividades relacionadas con las drogas y otras sustancias afines y determinó diferencias entre grandes, medianos y pequeños traficantes de drogas y precursores químicos, ajustando las penas en función de las actividades cumplidas dentro de los procesos de producción; entre traficantes y cultivadores, distinguiendo entre campesinos y mafias de producción; entre delitos relacionados con drogas y los que impliquen violencia; y, entre consumidores y pequeños traficantes estableciendo una tabla de cantidades máximas para el porte y tenencia para el consumo, prácticamente despenalizándolo. Además, de manera tácita (aunque poco clara), se abrió la posibilidad del autocultivo.

El pretender implementar ahora políticas de “tolerancia cero” con respecto al microtráfico de drogas, no sólo es un enorme retroceso en el tratamiento de esta problemática, que seguro incidirá negativamente en los índices de población de nuestras ya atestadas cárceles y los recursos que deberán destinarse para su aplicación; es también inconstitucional e ilegal y un atentado contra el libre albedrío y por ende, contra la democracia.