El escrache es un término para el cual no existe un significado adecuado en el Diccionario de la RAE, pero que se lo usa coloquialmente en Argentina, Uruguay y España para describir una acción realizada por los ciudadanos contra funcionarios públicos consistente en dar difusión, ante los domicilios particulares de éstos o en cualquier lugar público donde se los identifique, del rechazo que su gestión pública ha producido.

De acuerdo a Carlos Pisoni, de  la agrupación de derechos humanos argentina H.I.J.O.S., la palabra empezó a ser usada políticamente en 1995 en Argentina cuando en diciembre de 1996 decidieron escrachar a un médico de la tenebrosa ESMA que había sido absuelto por los indultos otorgados por Carlos Menem. Sería el primero de una larga lista. Seguro que nunca pensaron que ese tipo de acciones terminarían llegando a Ecuador.

Así, lo que le sucedió a Alexis Mera el viernes pasado podría constituirse en el primer escrache en la historia del país (que yo recuerde al menos). Según las versiones que circulan en las redes sociales, Mera acudió a uno de los restaurantes más exclusivos de Quito y fue silbado y abucheado por la gente, tanto cuando entró al local como cuando salió. Luego surgieron versiones de que se había escrachado a la Secretaria Nacional de Gestión Política Viviana Bonilla en una lujosa chocolatería de Guayaquil y a la asambleísta Marcela Aguiñaga en otro restaurante.

Un video que circula en redes sociales da cuenta del escrache del que fue víctima el Consul de Ecuador en Miami cuando cenaba en un restaurante de esa ciudad. Lo que más molesta a la gente, al parecer, es que funcionarios de un régimen que se dice socialista y que maneja un discurso de “redistribuir la riqueza”, haga acto de presencia en sitios lujosos que, si vivieran como predican, no visitarían.

El último escrache del que hasta el momento se ha tenido noticia es el que le propinaron los médicos de Pichincha durante una sesión de su Asamblea al viceministro de Salud, David Acurio cuando lo expulsaron de la sala mientras lo abucheaban. El motivo está vez fue la aprobación de un decreto ejecutivo sin haberlo discutido previamente con los galenos.

Ante estas muestras de descontento popular no ha faltado gente que las ha criticado, no únicamente por venir de donde vienen (supuestos opositores), sino porque aparentemente constituyen una falta de respeto a los funcionarios públicos, una vejación, un modo de coerción y además, una forma de alimentar la confrontación. Difiero. El escrache es un medio válido, legal y legítimo para manifestar nuestra crítica a la actuación de los funcionarios públicos. Veamos.

El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, nace del derecho fundamental de expresión, y está reconocido en el numeral 13 del Art. 66 de la Constitución; consagrado en el Art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y regulado en el Art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es también recogido en el Art. 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este derecho no es más que el ejercicio colectivo de la libertad de expresión a través de una asociación transitoria de personas con el fin de exteriorizar el malestar causado por la actuación de quienes administran la cosa pública.

Cabe recordar aquí que la libertad de expresión tiene una doble dimensión: por una parte es un derecho de cada persona, subjetivo e individual, pero también es un derecho de toda la sociedad, ya que garantiza la institución de la opinión pública, requisito fundamental para la existencia de la democracia. Por esta razón es objeto de protección preferente o prevalente sobre los demás derechos personales, como la honra, que es únicamente personal y con más razón si se trata de funcionarios públicos, porque, como recoge la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. “en una sociedad democrática el debate sobre los asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y francamente abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y algunas veces desagradables para el gobierno y sus funcionarios” ya que encarnan el interés público y por eso, la protección a su honor y a su vida privada es más limitada, siendo sujetos, por necesidad y exigencia legítima de la sociedad y la democracia, a un mayor escrutinio público.

Por eso la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”, vinculante para el Ecuador como signatario del Pacto de San José, estipula en el numeral 11 que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.” Así, el derecho a la honra de los funcionarios públicos goza de una protección limitada frente al derecho a la libertad de expresión, garantía básica de la democracia.

Además, no existe el derecho humano a no ser ofendido. De esta forma, el escrache no constituye más que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho a asociarse, reunirse y manifestarse, ejercida en contra de funcionarios públicos que se considera no han cumplido con su deber, como forma de reivindicación totalmente legítima y, por consiguiente, no puede limitarse ni prohibirse o peor aún, criminalizarse, y deberá estar sujeto, como todo ejercicio de libertad de expresión, únicamente a la responsabilidad ulterior, en caso de que se justificare judicialmente.

En democracia, quienes ejercen el poder deben estar conscientes que este ejercicio incluye la obligación de soportar las críticas, mordaces, irónicas o aún ofensivas, de quienes son sus mandantes, porque es a ellos a quienes deben rendir cuentas. Pensar lo contrario es atentar contra los derechos humanos fundamentales.