Más allá de la transparencia y agilidad en la transmisión y publicación de los resultados electorales y el reconocimiento nacional e internacional a los mismos, el desarrollo de las elecciones generales de 2021 ratifica la necesidad de realizarun nuevo proceso de reforma al Código de la Democracia, de cara al país y con la participación activa de la academia, los partidos y movimientos políticos, y la sociedad civil. 

Quizá la primera reforma electoral urgente tenga que ver con racionalizar la figura de la participación política, ya que la presencia de un alto número de candidatos (2.247) y organizaciones (282) no es argumento suficiente para considerar a una contienda electoral como “más democrática y participativa”. Esta figura pedestre trajo consigo el histórico mal de la dispersión que en el siglo pasado propició el colapso del sistema de partidos ecuatoriano. 

La experiencia electoral del país da cuenta de que no es suficiente con que los partidos y movimientos expongan al ente rector de las elecciones su régimen orgánico, estatutos y declaración de principios ideológicos y políticos, porque estos tienden a ser réplicas maquilladas o reiteraciones cansinas de los postulados propuestos por los partidos políticos con mayor trayectoria nacional. La presentación de firmas tampoco es prueba suficiente para demostrar que cada ciudadano –de mutuo propio– decidió apoyar a un determinado partido o movimiento políticos.

¿Cuántos ciudadanos se han enterado que son afiliados a una organización política sin estar de acuerdo con ello? ¿Qué hay detrás de las firmas de respaldo que presentan estas organizaciones para avalar su legitimidad? ¿Están plenamente capacitados en grafología quienes verifican estos registros? La figura de un posible mercado negro de firmas en la política no es descabellada, por ende, los controles no se deben remitir únicamente a constatar o no su validez, sino a evidenciar que la voluntad de los ciudadanos es en realidad la que consta en los documentos presentados por las organizaciones políticas.

Conviene entonces incorporar en la ley nuevas barreras para evitar que la corrupción gane espacio en lo electoral y que los aventureros de la política “pesquen a río revuelto” a expensas de la voluntad ciudadana. 

Otro tema importante tiene que ver con delimitar el ámbitode participación de las organizaciones políticas. Los movimientos provinciales deberían competir exclusivamente en las elecciones seccionales, pues sus intereses, propuestas y presencia se ciñen a demandas e instancias específicas de cada localidad. En todo caso, si la intención es que los movimientos provinciales participen en las elecciones nacionales, la ley debería promover como única salvedad sufusión. Es decir, la unión de varias organizaciones de distintas provincias y regiones que darían vida a una nueva estructura partidaria. 

Las elecciones presidenciales y de asambleístas son de carácter nacional, en tal virtud la participación en este tipo de contiendas debe ceñirse a los partidos y movimientos con presencia en todo el país y en las circunscripciones del exterior. 

Aunque el método de asignación de escaños cambió de D’hondt a Webster en la última reforma al Código de la Democracia, la sola existencia de circunscripciones electorales en las provincias que eligen entre ocho y doce representantes distorsiona y boicotea el principio constitucional de la proporcionalidad. Aquí una digresión, con el funcionamiento endeble del método Webster los grandes perdedores son las minorías políticas. Para evitar este atropello, se debe impulsar el retorno a la provincia como unidad territorial. No faltarán voces que sostengan que las circunscripciones acercan más al candidato con sus electores. Sin embargo, la realidad muestra que detrás de esta premisa existe una dosis de “novelería” y populismo, pero también de divisionismo territorial al interior de algunas provincias.

Lejos de la “embriaguez” y el estrepitoso ascenso de la autoestima que produjo la felicitación de las distintas misiones de observación internacional, la lectura histórica de la organización de las elecciones 2021 deja múltiples enseñanzas para la elaboración de nuevas reformas al Código de la Democracia y la aprobación de reglamentos acordes a las exigencias de una política altamente digitalizada, frágil ante el dinero ilícito y saturada de candidatos y organizaciones políticas que aparecen en la escena pública con indecorosa facilidad.