Rafael Correa, ese político todavía temido por pocos, recibió duro revés en el caso del secuestro del activista Fernando Balda. Pero este no es únicamente por el llamamiento a juicio y el paso a un posible pedido de extradición para que responda ante la justicia. A raíz de ese caso se han iniciado más investigaciones que vuelven más vulnerable a Correa y su círculo político.

El secuestro. Para la Corte Nacional de Justicia el llamamiento a juicio no es apelable. Esto implica que Correa irá a la audiencia de juzgamiento cuando regrese al país, por su voluntad o por el proceso de extradición o con su captura en Bélgica por la Interpol. En el caso del exsecretario de la Senain, Pablo Romero, pudiera regresar al país por la extradición, que ya tiene luz verde en España y con eso el juicio continuará para él con su presencia en Ecuador. No obstante, la siguiente etapa continúa con los dos detenidos, los exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Diana Falcón.

La jueza Daniella Camacho, quien determinó que hay suficientes elementos de convicción de que se cometió el delito, tiene seguridad policial por las amenazas que ha recibido en contra de su integridad. Hay una denuncia.

Las presiones políticas. Luego de que se conociera que los exagentes de la Senain —ahora testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado— recibieron ofertas desde el lado de la defensa y los acólitos del expresidente Correa, se abrió una investigación. La Fiscalía averigua quiénes fueron las personas que se acercaron a los policías retirados y presionaron para que cambien sus testimonios incriminatorios en contra de Correa. Claro, todo a cambio de ayudas. Así lo aseguran los expolicías. Sin embargo, la lista de seguidores de Correa y de acólitos del Ministerio de Justicia podría ampliarse. Además, de la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena han aparecido otros nombres que habrían cumplido el mismo papel.

La investigación abierta pudiera recaer en el mismo exvicepresidente Jorge Glas, el excanciller Ricardo Patiño y la exdirectora de la Cárcel 4 de Quito. Según las averiguaciones preliminares, las visitas y acercamientos están en los libros de registro de este recinto y que se habrían usado, incluso, las oficinas del personal administrativo. La Fiscalía avanza en esta indagación.  

Los audios. Las grabaciones que realizó el exagente Chicaiza tienen sorpresas. Hay audios de conversaciones entre el expolicía y el asambleísta José Serrano que fueron expuestos de redes sociales. Estos forman parte de los documentos y audios que entregó Raúl Chicaiza a la Fiscalía General como parte de la figura de Cooperación Eficaz. Y luego de esa difusión se abrió otra indagación, pese a que los audios los tiene la misma Fiscalía. Pero… hay muchos más. En los audios según las transcripciones a las que accedió este portal, está mencionado incluso el presidente Lenín Moreno y al excanciller María Fernanda Espinoza. Sus nombres son mencionados supuestamente por la voz de José Serrano, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, y que fuera visitado por Chicaiza según su testimonio. Pero este no es el único audio. Además hay transcripciones ya realizadas por el Departamento de Criminalística de la Policía, donde estarían involucrados otros exjefes de inteligencia, exviceministros, altos mandos policiales. Y este coletazo del caso Balda ni siquiera empieza. 

Los documentos de la Cooperación Eficaz. En las 80 gigas de información entregados por Raúl Chicaiza hay maravillas. Audios y documentos que tienen que ver con un sistema de inteligencia que tenía fines políticos. Entre los escritos entregados a las autoridades judiciales hay uno que tiene que ver con otras operaciones de inteligencia y contra inteligencia. Ahí constan listas de investigaciones políticas, como a Fernando Villavicencio (caso Villa) y el jurista Pablo Guerrero (caso Ubica Tv).

Este es un documento que era considerado secreto. Fue creado en 2013.

Peculado. Fernando Balda anunció que iniciará una demanda por peculado en contra de Rafael Correa porque en el caso del secuestro se usaron recursos públicos. Este es un delito que no prescribe, por lo que pudiera convertirse en un caso más en contra de Rafael Correa que, si no regresa al país, arrastrará ese lastre por muchísimos años. La Fiscalía también inició una indagación de oficio por la misma causa. No obstante, y con la información que aportó Chicaiza, puede ampliarse otras operaciones de hostigamiento político. Como las que están detalladas en los documentos y audios de la Cooperación Eficaz.