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19 de Septiembre del 2018
Ideas
Lectura: 3 minutos
19 de Septiembre del 2018
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

Los nuevos saqueadores
La corrupción durante el correato tiene algunas particularidades. Fue compleja; es decir, construyó un laberinto de normas y procedimientos que impidieron la fiscalización. Hoy se empieza a revelar un esquema de delincuencia organizada desde el Estado que combinó sistemáticamente decisiones políticas, jurídicas y económicas para apropiarse de los fondos públicos.

Es justa la aspiración ciudadana por la higiene política. Es decir, por el desmontaje del entramado de corrupción que nos dejó el correato. Sin embargo, esa aspiración no es sencilla. La demolición institucional que se practicó durante una década no puede repararse de la noche a la mañana, porque fue concebida precisamente para que perdure.

En tales condiciones, la misión del Consejo de Participación transitorio se vuelve complicadísima. Porque a la trama de la corrupción toca añadir una cultura política inescrupulosa avalada por la sociedad. Únicamente así puede explicarse el sistema de “diezmos” al trabajo que no solo opera en la Asamblea Nacional, sino en muchas instituciones públicas. Y no de ahora, sino desde siempre. Las “comisiones por cargos” han sido práctica conocida en el país (y eso sin mencionar otras formas más perversas, como el acoso sexual).

Tal vez una diferencia con el pasado sea que durante la primera era de Alianza PAIS esos mecanismos fueron oficializados y sacramentados desde el gobierno. El atropello a la ética pública se volvió moneda corriente. Por eso no sorprende que una parlamentaria andina correísta, que todavía no se da cuenta de que los tiempos cambiaron, haya pretendido imponer una cláusula de confidencialidad a una subordinada para que guarde silencio sobre ciertos asuntos. 

Pero la corrupción durante el correato tiene algunas particularidades. Fue compleja; es decir, construyó un laberinto de normas y procedimientos que impidieron la fiscalización. Hoy se empieza a revelar un esquema de delincuencia organizada desde el Estado que combinó sistemáticamente decisiones políticas, jurídicas y económicas para apropiarse de los fondos públicos.

También fue burda. Los nuevos saqueadores no tenían ni la finura ni la destreza de las viejas élites políticas. Dejaron rastros. Se dejaron filmar como principiantes. Por eso hoy tenemos tras las rejas a altos funcionarios del anterior gobierno, incluido un exvicepresidente. Y por eso tienen orden de prisión, o están siendo investigados, otros jerarcas del correísmo, incluido su máximo jefe.

Y, por último, fue una práctica transnacional. Contó con la connivencia de otros gobiernos y de grandes empresas. Con la muletilla del progresismo y del antimperialismo, varios gobernantes de la región hicieron unos negociados de los que aún no tenemos noticia ni noción. La red de corrupción montada por la empresa Odebrecht en América Latina es escalofriante.

Hoy, el papel que cumple el Consejo de Participación transitorio es tan importante como insuficiente. Lo demuestran las dificultades que ha tenido para sanear el sistema judicial. Es imposible crear por arte de magia funcionarios probos, impolutos e independientes que reemplacen a los jueces y fiscales de bolsillo de la era correísta.

La pelota, entonces, está en la cancha de la sociedad civil y de sus posibilidades de controlar a la administración pública como un acto permanente. Para ello se necesitan organizaciones sociales sólidas y autónomas. Algo que los nuevos saqueadores pretendieron destruir.

[PANAL DE IDEAS]

Iván Flores Poveda
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Fernando López Milán
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