A esa hora nunca llamaba por teléfono, así que contestó de inmediato. El tono de voz entre la ira y el llanto.

—¡Me botaron hermana! A mí y a otros treinta compañeros.
—Tranquila ñaña, lo primero un abogado y luego ya veremos.
—Pero hermana, ¿para qué? —replicó ella—.
—¡Mierda! Ve, por eso es que hacen lo que les da la gana porque nos quedamos callados.
—Es cierto hermana, además, escuché que el coordinador le decía a mi jefa: ¡qué fue que no les notificas por el Quipus! —Y ella contestaba— Es que nos pueden poner demandas. — Entiende, no hay plata, no hay plata, o les botas tú o les boto yo —replicaba el coordinador—.
—Desgraciados y tú que te sacabas la madre trabajando.
Más tarde, el abogado decía:
—Es totalmente ilegal, pongamos la demanda, aunque tarde años, tienen que pagar.

El testimonio de las dos hermanas se agrava cuando se conoce que de otra parte el Estado efectúa miles de contrataciones nuevas.

Datos del IESS, procesados por la Cámara de Comercio, muestran que, para diciembre de 2019, se incrementaron 18.095 nuevos afiliados en el Sector Público (con relación a mayo de 2017), es decir, salen por una puerta y entran, nuevos, por otra.

La situación muestra que no hay planificación, pero sí autoridades sin entrañas y con el corazón helado.

Contradecir la afirmación de que no existe planificación es sencillo: 
¿Cuál es el plan mensual de reducción de funcionarios públicos?
¿Los funcionarios contratados cumplen similares funciones que los despedidos?
¿Cuáles son los indicadores de evaluación en que se basan los despidos y las contrataciones? ¿Con relación a qué metas? 
¿Existe un plan de reorganización del sector público para optimización de procesos, de espacios (quedan oficinas libres, mobiliario, etc.)? ¿O los nuevos funcionarios substituyen a los despedidos sin cambios en los procesos?
¿Se tiene una tabla en la que se equiparen las competencias y experiencia de los despedidos con relación a los contratados?
¿Cuáles son las estrategias para generar empleo e incorporar a los funcionarios despedidos al mercado laboral? 

La indolencia e insensibilidad moral de los funcionarios públicos de alto rango puede explicarse por la ausencia de empatía, es decir, la imposibilidad de reconocer emocionalmente la situación de las personas que pierden su trabajo.  Sucede por la comodidad del poder que provee acceso expandido a la sociedad de consumo, protección frente a la violencia (en la cuál los mismos burócratas tienen responsabilidad por su complicidad con la corrupción) y la práctica de mentir impunemente.

Un remedio está en humanizar a los funcionarios públicos y para ello construir nuevas reglas.  A continuación, unas pocas para el debate:

Quienes ocupen un cargo público, no pueden ocupar durante los próximos 5 años ninguna otra función pública (para evitar redes de corrupción y asignaciones políticas).

Prohibición de atenderse en sistemas de salud privados (mientras dure su labor), así como sus familias en primer grado de consanguineidad (se exceptúan los adultos mayores).

En el mismo sentido, sus hijos deberán estudiar únicamente en el sector público (bachillerato o universidad).

Prohibición, en días laborables, a utilizar movilización privada; nada les impide utilizar: bicicletas, taxis o transporte público como el resto de personas. Salvo las excepciones por cargos con riesgos de seguridad.

Obligatoriedad de que asambleístas, alcaldes y gobernadores vivan en barrios correspondientes a los sectores socio económicos C+ y C (Según la encuesta del INEC), es decir, de la gente de clase media baja, popular y humilde.

Mientras, ¡al menos digan la verdad!: tenemos que pagar cupos políticos, o emplear a nuestros amigos y parientes porque no “no hay dinero” o pueden culpar al levantamiento indígena o a los políticos, pero nunca a sí mismos.

Sin humanidad, los mismos funcionarios que disfrutan del poder político o administrativo, corren riesgo de que sus familiares y seres amados también sean víctimas de la violencia, las drogas, o el tráfico de personas. Con ellos todo el resto se pudre.