El Ecuador enfrenta 2015 con numerosas y repetidas muestras del creciente autoritarismo y envanecimiento de su presidente, que cumple ocho años en el mando, a lo que se añade la ansiedad de una posible crisis económica por el precio del petróleo, que ha perdido en un semestre la mitad de su precio.

La caída del crudo ecuatoriano, que antes de la Navidad se puso, siguiendo la tendencia mundial, a menos de $ 50 el barril (cuando en junio estaba a $ 98 la calidad Oriente y $ 93 la Napo), es catastrófica para un gobierno acostumbrado a gastar a manos llenas sin pensar en la sostenibilidad de las finanzas públicas ni en el corto, menos en el mediano plazo. El precio supuesto del barril de petróleo para el presupuesto fiscal de 2015 es fantástico, $ 79,70, y aun con ese alto precio el propio presupuesto prevé un déficit de $ 5.369 millones. Si se escucha a técnicos solventes, esa cifra se queda corta, pues a la sobreestimación de los ingresos petroleros se junta un optimismo exagerado en los ingresos tributarios y una subestimación de los egresos en el pago de la deuda (intereses y amortizaciones), por lo que el déficit real rondaría los $ 7.000 millones.

Es verdad que hasta ahora el Gobierno de Correa ha manejado las finanzas públicas peor que un tendero: lo que hay se gasta y si no hay, se deja de gastar. Así que en el inmediato futuro lo que se verá son recortes en proyectos, porque es más difícil, dada su rigidez, disminuir el galopante gasto fijo. Esta vez la viabilidad financiera del modelo correísta está en serios problemas y ha llegado a un límite tal que tiene que endeudarse para pagar el servicio de la deuda. 

De allí que su visita a China al iniciar el año tenga un objetivo concreto: financiamiento. Pero no es tan fácil obtenerlo, dado el escaso margen de maniobra que le queda, pues la venta anticipada de petróleo está al límite y bien es sabido que China exige por el dinero que presta colaterales reales y no solo declaraciones de buena voluntad.

Pero aún más que el petróleo lo que preocupa al inicio de este 2015 es la escalada autoritaria de los últimos meses –tanto en el ámbito exterior, en el que hay un obtuso empeño por desprestigiar al país, como en el interior–. Tras alinearse con otros países autoritarios y votar en contra de la resolución de las Naciones Unidas para que se investigue al régimen ultrarrepresivo de Corea del Norte, la Cancillería ecuatoriana añadió albarda sobre aparejo al prohibir la entrada al Ecuador de un grupo multipartidista de diputados alemanes miembros de la Comisión de Medioambiente. La razón inicial tuvo todo el timbre del autoritarismo, pues se dijo que los parlamentarios se proponían reunirse con personas que iban a dar una idea equivocada de lo que sucede en el país.

¿Cómo sabía la Cancillería que los parlamentarios planeaban entrevistarse con el grupo Yasunidos si declaró que ellos no habían seguido el debido “protocolo” para solicitar el permiso al gobierno? ¿Los espió? ¿O más bien espía a Yasunidos, cuyos esfuerzos para llamar a un referendo sobre la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, mediante la recolección de cerca de 800.000 firmas, fueron boicoteados olímpicamente con fútiles pretextos por el Consejo Nacional Electoral? La paranoia gubernamental sobre los Yasunidos se confirma con la ridícula explicación de la embajada ecuatoriana en Berlín, de que los diputados querían reunirse con un grupo que “en el pasado ha distorsionado la realidad” y ha buscado causar daño político y reducir el prestigio del gobierno del Ecuador a través de la difamación.

Esa misma paranoia se hizo presente en diciembre en el affaire del bus que llevaba a ambientalistas desde México a Lima a la conferencia mundial del clima que se celebraba en esta ciudad. En cuanto el gobierno vio que también apoyaban a los Yasunidos, los acosó a lo largo de su recorrido, detuvo al bus en varias ocasiones, sometió a sus pasajeros a inspecciones humillantes y finalmente incautó el vehículo con un pretexto aduanero, a pesar de que su ingreso se había autorizado legalmente en el puesto fronterizo respectivo.

Las medidas contra el bus de los ambientalistas y contra los diputados alemanes tienen el tufo de las peores dictaduras que impiden el contacto de su sociedad civil con los extranjeros. Quedan pocas de ellas en el mundo (una de ellas Corea del Norte, precisamente), porque ese aislamiento podía funcionar antes de la revolución de las comunicaciones, pero no hoy día (que lo diga Cuba).

Esas medidas anacrónicas de dictadura totalitaria que, sin asomo de vergüenza, adopta el gobierno de Correa no pueden disimularse, aunque luego el gobierno haya derivado a una explicación de soberanía agredida e indignada. Es que la paranoia les hace ir de mal en peor. No bastó la prohibición de ingreso al país a los diputados alemanes, sino que el Canciller Patiño, acumulando afrentas, declaró suspendida la cooperación ambientalista alemana con el Ecuador, anunció la devolución de 7 millones de euros que se había recibido, la renuncia a los 36 millones de euros comprometidos para el Parque Nacional Yasuní y añadió que el Ecuador podía donar otros 7 millones para que los parlamentarios alemanes se capaciten en democracia y soberanía. Y en la siguiente sabatina, Correa añadió sus fingidas risitas sarcásticas a esta explicación.

Es infantil creer que con este tipo de medidas aumenta el prestigio del Ecuador como país soberano. Al contrario, en el concierto internacional se lo ve como un país que se maneja por rabietas, con una conducción folclórica y caprichosa, sin conciencia clara de sus prioridades. Basta recordar la expulsión de la embajadora Heather Hodges por la revelación de un cable de Wikileaks sobre un comentario suyo acerca de un jefe de la policía. O el asilo a Julian Assange, no por solidaridad con sus revelaciones de los Wikileaks pues por menos estaría preso en el Ecuador, sino por este capricho de aparecer muy soberano y desafiar al Reino Unido y a EEUU. O la cancelación del tratado de protección de inversiones con Francia la víspera de la llegada de la misión de potenciales inversionistas franceses. O la falta de investigación y condena a los responsables del envío de droga a Italia por valija diplomática. O el préstamo de fondos públicos a un aventurero argentino, que presentó como garantía un bien público. O las burlas y amenazas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la campaña (felizmente fallida) para desmantelarlo.  

Pero 2014 no habría de acabar sin una medida más, que abochorna e indigna: el ultimátum a la Conaie para que desaloje el edificio entregado por el Estado en comodato hace 23 años. La medida es, lo dijo Nina Pacari, la ruptura del pacto social entre el Estado ecuatoriano y los pueblos y nacionalidades indígenas. En efecto, entregado en 1991 por el Ministerio de Bienestar Social, durante el gobierno de Rodrigo Borja, el edificio de tres plantas en la calle Granados se ha convertido en símbolo de la lucha de los indígenas, tras los acuerdos logrados luego del primer levantamiento indígena nacional de 1990. Lo más rastrero de la medida es el pretexto que se buscó: que el MIES lo requiere para destinarlo a la rehabilitación de jóvenes drogadictos, cuando se ha visto a cada paso el derroche en edificaciones y, en esos precisos días, se inauguraba el esperpento arquitectónico de la sede de Unasur, a cuya construcción el generoso Estado ecuatoriano destinó alegremente $ 43,5 millones y lo bautizó con el nombre de un presidente fallecido que pasará a la historia por el incremento fabuloso e inexplicable de su fortuna personal.

La explicación de Correa en la sabatina previa a la Navidad, revela mejor que nada la verdadera razón del despojo a la Conaie. Según él, la organización indígena “destrozó” el comodato, porque en el convenio se impedía realizar en el edificio labores políticas. Eso, dijo, estaba “prohibidísimo”. La “prueba” es que allí se reunieron hace meses con la Junta Cívica de Guayaquil. El asunto es transparente: lo que Correa quiere es prohibir la actividad de las organizaciones sociales, cuando su esencia es justamente interactuar con el poder, desde la sociedad civil, para alcanzar los fines comunes de sus agremiados.

Con todo esto, y más (como sus frases discriminatorias contra mujeres o periodistas y caricaturistas críticos), su octavo aniversario encuentra a Correa en un momento cumbre de envanecimiento y autoritarismo, que corroe las entrañas democráticas del país, aunque haya todavía un gran segmento de la población que no caiga en cuenta de que el espacio de las libertades es cada vez más reducido.