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27 de Enero del 2015
Ideas
Lectura: 7 minutos
27 de Enero del 2015
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

Ocho años no es poco tiempo
Las realidades politiqueras evocadas hace ocho años, no muestran muchos cambios ni en las formas de actuar en la política, ni en el fortalecimiento de la constitucionalidad. Prevalece el cortoplacismo, no se lograron crear antídotos contra la prevalencia de los intereses mezquinos, que a la larga no permanecen, ni amplificaron su visión para optar por los juegos de suma positiva que beneficien a todos.

Hace ocho años llegó al gobierno la autodenominada Revolución ciudadana. Buena parte del electorado aceptaba tal calificativo y percibía que el correísmo, todavía no desplegado plenamente, lo representaba en tal condición cívica. 

Consideraba que articulaba las demandas sociales identificadas por la población como importantes para sí y requeridas al menos por una década. Suponía que tal régimen recogía aquellas exigencias evidenciadas durante los procesos de derrocamiento presidencial de 1997, 2000 y 2005, y  que se concretaban, entre otras, en democracia participativa, rendición de cuentas social, reconocimiento de los derechos individuales y colectivos –de todos, incluidos los civiles y políticos-, transparencia, justicia social. También, por supuesto, de la institucionalización de las prácticas políticas para que favorecieran la vigencia de esas reivindicaciones y no reprodujeran las que habían sido consuetudinarias en la historia política ecuatoriana, como las conducentes a la fragmentación y a la polarización. Nutridas por miradas cortas y ciertos grados de mezquindad, que incapacitaban a los partidos políticos a ceder parte de sus pretensiones en favor de los intereses emplazados en las mayorías.

En 1997 la ciudadanía y los colectivos sociales advirtieron la necesidad de que los congresos fiscalizaran efectivamente a los gobernantes y funcionarios. Con ese convencimiento fueron a la Legislatura a exigirle que pidiera cuentas de su gestión al presidente Bucaram, y  produjera cambios que, claro, implicaban una suerte de autodepuración de la clase política. Difícil lograrlo pero, en su momento, aquello fue considerado posible por los interpelantes.

En 2000 la protesta fue para rechazar las estrategias gubernamentales que sintonizaban más con ciertos grupos de poder y de presión que con el soberano: el pueblo. Los ciudadanos discutían, entre otras preocupaciones, sobre las inversiones en las campañas electorales, que llevaban a una limitación de la acción de los dignatarios elegidos, pues les comprometían con sus patrocinadores.

Los hechos del 2005 tuvieron la impronta de que las demandas se alejaron de lo estrictamente económico, quizá porque había habido ya una reducción de la pobreza crítica y habían mejorado las condiciones de vida de amplios sectores nacionales. Tal vez por ello se centraron en el ámbito político-institucional. Los reclamantes, autodenominados forajidos, pretendían que se acabaran los amarres, no alianzas, entre el Ejecutivo y el Parlamento y que no hubiera repartijas a su favor en las instancias de administración de la justicia y de la fiscalización. Aspiraban a que la gente de a pie tuviera más protagonismo en tales responsabilidades, y que los gobernantes elegidos por los mandantes crearan canales de contacto, en donde les dieran cuentas de sus ejecutorias y les escucharan. No shows, ni ferias pomposa, cargados de monólogos y ofensas.

Quienes sucedieron a esos dignatarios defenestrados en 2005 se comprometieron a convocar una asamblea constituyente para que institucionalizara la democracia conforme había sido la exhortación de los últimos 10 años.

Esas esperanzas populares se plasmaron parcialmente en el siguiente régimen, con la Constituyente de Montecristi. En parte, digo, porque en aras del pragmatismo hubo antecedentes y resultados ajenos a los principios que habían enarbolado los ecuatorianos. Tal actitud  derivó en una inobservancia de aquellos anhelos.

La historia, no solo la nuestra, suele dar cuenta de la importancia de los momentos fundacionales y del nacimiento de las instituciones. La Constituyente de Montecristi adoleció de ciertas fallas de origen que erosionaron los empeños manifestados. El resultado, una caricatura de institucionalización de la participación ciudadana, de la democracia participativa, de la rendición de cuentas y de la fiscalización. En cambio, se concretó la posibilidad de reconcentrar el poder en un Ejecutivo fuerte, como se había preconizado cuando apenas se exigía el retorno al régimen de derecho, en la segunda mitad de la década de 1970.

Supongo que las cesiones de algunos de los constituyentes que luego fueron dejados a un costado o defeccionaron del oficialismo, debieron hacerse. Probablemente, o no podían negarse, o consideraron que no mermarían demasiado los ideales prometidos al pueblo. O estimaron de buena fe que era suficiente aquel diseño institucional. La realidad reveló que por debajo de aquella configuración quedaron intactas las prácticas políticas esclerotizadas, las culturas cívicas vigentes y los modelos mentales instalados desde hacía decenios.

Quizá un error de aquel momento fue buscar lo superlativo y no los cambios graduales; denostar de las reformas, siempre parciales, pero que cuando son significativas equivalen a plantar semillas de innovación que maduran en diversos tiempos.

El caso es que las realidades politiqueras evocadas hace ocho años, no muestran muchos cambios ni en las formas de actuar en la política, ni en el fortalecimiento de la constitucionalidad. Prevalece el cortoplacismo, no se lograron crear antídotos contra la prevalencia de los intereses mezquinos, que a la larga no permanecen, ni amplificaron su visión para optar por los juegos de suma positiva que beneficien a todos.  Al contrario, la pequeñez de miras se ha expandido y al cabo de ocho años las instituciones de la democracia pesan menos. Los caudillismos, los personalismos, los clientelismos, la discrecionalidad y la arbitrariedad siguen siendo las instituciones y prácticas constantes, no solo en los espacios de gobierno sino en los de las oposiciones.

Ello suscita una gran frustración en muchos ecuatorianos, Seguramente no en todos, pero si en quienes consideran las obras como carreteras, puentes u otras construcciones como una obligación de todo gobierno, por lo que no merecen enaltecimiento. El hacerlas, que es solo cumplir con el deber de gobernar, no sustituye las demandas intangibles pero quizá indispensables, como aquellas vinculadas con la institucionalidad democrática. Además, si los ecuatorianos contáramos con instituciones más consolidadas, las obras materiales serían mejores y más fáciles de ejecutar. Esto, porque el político es un terreno que favorece a lo social y a lo económico y dialoga con lo cultural. No en vano las primeras luchas por los derechos humanos fueron por la vigencia de los derechos civiles y políticos. Luego vinieron las desarrolladas para ampliar tales derechos a lo social, lo cultural, lo económico y lo colectivo.

[PANAL DE IDEAS]

Alfredo Espinosa Rodríguez
Mariana Neira
Fernando López Milán
Rodrigo Tenorio Ambrossi
María Amelia Espinosa Cordero
Aldo Lorenzzi Bolaños
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