El exdirector de Odebrecht en el Ecuador, José Conceiçao Santos, entregó nueve relaciones (“relatos” dicen en portugués) de los pagos de sobornos realizados en otros tantos proyectos en el Ecuador como parte del acuerdo de cooperación eficaz con el Fiscal General de ese entonces, Carlos Baca Mancheno.

En esas relaciones está el detalle de los sobornos, los cuales ascienden a alrededor de 50 millones de dólares.
Odebrecht quiere pagar al Ecuador las multas por reparación ante su mal proceder, las que le sean impuestas por la justicia, pero es el Ecuador el que no ha avanzado en ese procedimiento.
Estas tres afirmaciones recogen, casi al pie de la letra, lo que me dijo Félix Martins, director regional de Odebrecht, que tiene a su cargo cinco países, entre ellos Ecuador, en una reunión sostenida en Quito. Y las tres son noticia porque, al menos hasta ahora, se había manejado en el país la cifra de 33,5 millones de dólares en sobornos, que es la que mencionó la justicia estadounidense cuando, en diciembre de 2016 hizo público lo que llamó “el mayor caso de sobornos del mundo”.
Y también es noticia, y preocupante, que el Ecuador no haya proseguido con ímpetu las investigaciones y que no haya hecho lo posible por recuperar algo del dinero perdido en coimas, cobrando a Odebrecht la reparación.

No fui el único comunicador presente en la cita, pero se trató de una reunión muy pequeña, en la que también estuvo presente Margarida De la Riva Smith, la directora mundial de Conformidad (“compliance”, es la palabra en inglés) de Odebrecht.

En la conversación se aclaró que la nueva filtración manejada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) desde mediados de la semana anterior, y que fue obtenida por la organización periodística y de entretenimiento ecuatoriana La Posta, no es algo nuevo y que tampoco es cierto que Odebrecht o alguien haya “borrado” algo en los documentos entregados desde 2016. “Esa información solo la tenía Odebrecht y el sistema judicial del Ecuador”, dice taxativamente Martins, por lo que deduzco que, si hubo filtración, esta provino del sistema judicial del Ecuador.

Como se sabe, esa nueva filtración que La Posta, El Universo, Mil Hojas y el ICIJ han manejado ––que comprende, según sus notas de prensa, 13.000 documentos––, comprobaría que los dos más grandes proyectos de los últimos años de Quito, la Ruta Viva y el Metro, también se consiguieron a base de sobornos: escribí sobre eso una columna (“Coimas en la Ruta Viva y el Metro") en El Comercio el jueves 27 de junio, pero tras la conversación, que se dio después de publicado ese artículo de opinión, debo ampliar y precisar lo que dije.

Escribí allí lo que dicen La Posta, El Universo, Mil Hojas y el ICIJ y que es que “la nueva revelación implica que hubo más sobornos de los que Odebrecht admitió, ya que los nuevos documentos encontrados muestran evidencias de corrupción no reportada antes en megaproyectos en cinco países: Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela”. Según Martins y Smith todo está entregado a las autoridades. Y el famoso sistema informático Drousys, así como el otro llamado MyWebDay, ambos del extinto sector de Operaciones Estructuradas, donde dice La Posta que estaba oculta esta información, no han estado ocultos sino que fueron entregados en su totalidad.

Y es que tenía que ser así, aclaran. Porque la cooperación eficaz que firmó Odebrecht con Brasil, EE.UU. y Suiza, en diciembre de 2016, y que le llevó al pago de US$ 2.600 millones de multa y reparación, les obligó a entregar todo al Ministerio de Justicia brasileño y al Departamento de Justicia estadounidense. Y el acuerdo, que redujo las penas de cárcel a los directivos de la firma a cambio de que estos dijeran todo lo que sabían, se acabaría si es que se demuestra que algo se ocultó. Empezando por Marcelo Odebrecht, que tiene prisión domiciliaria y grillete electrónico, quien debería volver a prisión si algo estuviera oculto.

A su vez, la cooperación eficaz que Odebrecht firmó en mayo de 2017 con la Fiscalía General del Estado del Ecuador fue el inicio de las tratativas con la justicia ecuatoriana. “Desde entonces la compañía ha venido colaborando de manera continua y eficaz con las distintas líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, y hoy ratificamos nuestra decisión de continuar haciéndolo”, dice un comunicado de la empresa, que hoy se llama OEC Odebrecht Ingeniería & Construcción. En otro, más específico sobre las revelaciones del ICIJ, dicen que “es importante resaltar también que hay una parte relevante de información entregada por la empresa a la justicia, en diversos países, que aún no es conocida en razón de la confidencialidad de los procesos”.

Más detalles ni los directivos internacionales ni los nacionales pueden dar. “No podemos manifestarnos ante los medios de comunicación respecto del acuerdo ni sobre la materia de cooperación” porque “son de carácter confidencial, como se encuentra establecido en el Código Integral Penal, así como también por la responsabilidad de no comprometer el trabajo de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado”, dice el comunicado.

A los directivos les interesa destacar que, en los últimos tres años, Odebrecht pidió disculpas por su mal proceder y asumió un nuevo compromiso para una actuación ética, íntegra y transparente. En línea con ello ha reforzado sus Sistemas de Conformidad y Gobernanza, ha puesto en ejecución nuevas directrices y políticas, cuenta con auditores y asesores independientes y con un Consejo de Administración con participación de miembros independientes, como empresa de capital abierto. También tienen un Consejo Global con personalidades de reputación impecable, profesores de universidades como Singapur, Harvard o Stanford, miembros del consejo de Transparencia Internacional o del Pacto Global de la ONU para ayudarles en esta nueva etapa de la empresa. Ha firmado acuerdos de cooperación con Ecuador, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú, entre otros.

¿Qué pensar, entonces? Que asombra la lentitud del avance de las investigaciones en el Ecuador. Basta ver que el acuerdo de Odebrecht con Panamá, suscrito meses después del ecuatoriano, ya ha llevado a que la empresa brasileña pague US$ 220 millones en multas. O que en el Perú los fiscales no se han detenido, que varios presidentes están enjuiciados por las coimas que recibieron de Odebrecht y que la imputación llevó hasta el suicidio a Alan García. En el Ecuador, por supuesto, Odebrecht no ha pagado nada de reparación y seis procesos están aún, por lo que se cree, en la etapa de indagaciones. ¿No muestra todo esto que el problema ya no reside en Odebrecht sino en el sistema judicial ecuatoriano?
También lleva a pensar en otra cosa: al sistema le interesa que la atención siga en Odebrecht. Por ejemplo, digo yo, ¿no es que en el caso Arroz Verde aparecieron muchas otras empresas, locales y extranjeras, como contribuyentes ilegales a la campaña de Alianza País en 2017? ¿Y qué pasa con ellas? ¿Ha llamado la fiscalía a que comparezcan? ¿Les han investigado? ¿Ha revisado sus libros o sus computadoras? (A estas alturas probablemente no sirve de nada que los revisen, pues ya han pasado casi dos meses desde la denuncia periodística y ya habrán arreglado convenientemente las contabilidades).

Y, pensando más allá de Arroz Verde y de Odebrecht, ¿cómo consiguieron sus contratos las otras firmas, nacionales y extranjeras (entre ellas, las brasileñas, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa, etc.), durante el Gobierno anterior cuando estaba implantado un sistema de corrupción generalizado y sistemático?

Y, cuarta y última pregunta, ¿por qué no ha reabierto aún la Fiscalía el caso del Metro de Quito, archivado el año pasado por la fiscal Thania Moreno? ¿No les parece que la pregunta de la fiscal Moreno al fiscal Baca de que si en la delación de José C. Santos se decía algo del Metro y la respuesta de este de que no se decía nada es infantil? ¿Cómo puede una fiscal depender de averiguar si alguien dijo algo a alguien? ¿Por qué dejarse de preguntas inoficiosas e investigar directamente en el sistema Drousys?